La medida busca recaudar y controlar, no mejorar la seguridad.
España destaca otra vez como el laboratorio favorito del gobalismo que experimentan con restricciones, imposiciones y nuevos mecanismos de control. La baliza V-16 obligatoria se convierte en el nuevo símbolo de ese modelo que pasa por caja, espía y, además, pretende vender modernidad mientras castiga al ciudadano. Nuestro país será el único de Europa que obliga a comprar este dispositivo luminoso, conectado y geolocalizado, que sustituye al clásico triángulo de emergencia.
Ningún otro Estado de la Unión Europea ha impuesto semejante obligación. Mientras en el resto del continente el conductor mantiene la libertad de elegir, aquí el Gobierno convierte una simple herramienta de señalización en un negocio colosal y un paso más en el avance del control tecnológico sobre la población. La baliza V-16 obligatoria no busca proteger. Busca recaudar y controlar.
Un negocio millonario disfrazado de seguridad
La implantación generalizada de la baliza V-16 obligatoria, prevista para 2026, dejará más de 300 millones de euros en manos del Estado, según estimaciones del propio sector. La cifra no sorprende. Este dispositivo no solo se impone, sino que debe conectarse por geolocalización a la DGT. Esa conexión dispara el precio frente a las versiones no conectadas que existen en otros países europeos.
El discurso oficial habla de modernidad. La realidad señala lo de siempre: una medida rentable para quienes diseñan la norma, la fiscalizan o la respaldan. Las asociaciones de consumidores ya han denunciado que no existe un estudio serio que pruebe que la baliza conectada mejora la seguridad frente a los dispositivos que no incluyen geolocalización. Ni uno. Todo se sostiene en argumentarios políticos y campañas de propaganda.
Aquí la modernidad no la paga el Estado. La paga el conductor.
Un nuevo paso hacia la geolocalización masiva
La baliza V-16 obligatoria no es inocente. No es casualidad que se imponga la versión conectada cuando existen modelos más económicos que cumplen perfectamente su función. El dispositivo transmite la ubicación exacta del vehículo a la DGT. Lo hace de manera inmediata, constante y centralizada.
Esto introduce la geolocalización como algo normal en el ciudadano medio. Es una ventana de Overton perfecta: una excusa de seguridad para introducir un mecanismo que se quedará y crecerá. Hoy se aplica a una baliza. Mañana puede aplicarse a cualquier accesorio o sistema del vehículo. Pasado mañana, a toda la movilidad nacional.
Quien controla la movilidad, controla la vida diaria.
El precedente reciente: mascarillas ilegales, comisiones y la cultura del timo
El ciudadano lleva años enfrentándose a normas arbitrarias y cargadas de intereses ocultos. Y todavía resuenan los ecos del caso de los contratos de mascarillas.
España ya ha visto cómo algunos se enriquecen con medidas que se presentan como emergencias, urgencias o modernizaciones. La baliza V-16 obligatoria encaja en ese patrón. La narrativa cambia. La mecánica se repite. Porque aquí no hay protección. Hay negocio. Hay obediencia forzada. Y hay pruebas para medir cuánta gente traga. Una estrategia perfecta para quienes exploran hasta dónde pueden llegar con la población.
La presión psicológica del Gobierno
La baliza V-16 obligatoria se apoya en una cultura del miedo. El conductor teme la sanción, teme quedarse atrás, teme incumplir normas que cambian cada pocos meses y que se redactan desde despachos ajenos a la realidad.
Todo funciona como un test social. Sacan un cebo y observan a ver qué porcentaje de población traga. Quieren medir docilidad y preparación para nuevas etapas de control. Por eso es importante resistir.
Quien compra hoy envía un mensaje claro: tengo miedo y cumplo que me manden. El propio ciudadano se convierte en cómplice involuntario del sistema que lo vigila y lo exprime. Resistir funciona, retrasa e incomoda. Resistir recuerda al poder que no manda sobre súbditos, sino sobre ciudadanos.
La falsa modernidad
El Gobierno presenta la baliza V-16 obligatoria como un avance tecnológico. Nada más lejos. La tecnología solo mejora la vida cuando se adopta libremente y cuando no se utiliza para recaudar ni vigilar.
Aquí no hay modernidad. Hay dependencia, obligación… y negocio. Y hay un paso más en el sometimiento progresivo de la población, convertido en cliente cautivo del Estado.
España se ha convertido en el único país del continente que fuerza esta compra. Eso, por sí mismo, ya delata la operación.
La libertad se defiende en los detalles. La resistencia empieza en lo pequeño. Y cada ciudadano decidirá si se somete o se mantiene firme. La modernidad no pasa por tragarse cada timo estatal. Pasa por proteger la libertad.
