Las violaciones cometidas por transexuales se disparan un 792% tras la ley trans de Irene Montero. En solo cinco años, los casos pasaron de 25 en 2019 a 198 en 2024, según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Este incremento refleja una deriva social alarmante. Detrás de los números hay víctimas, hay engaño y hay una ley ideológica y sectaria que ha destruido la verdad biológica y la justicia penal.
El precio del sectarismo ideológico
El origen de este caos se encuentra en la ley trans de Irene Montero, aprobada en marzo de 2023, que permite el cambio de sexo registral sin control médico ni judicial. Esta norma abrió una puerta a la confusión jurídica y moral.
Es tal la aberración de esta ley que, incluso, muchos colectivos feministas y juristas no dudan: acusan directamente a Irene Montero y al Gobierno de Pedro Sánchez de crear el terreno perfecto para la manipulación legal y el fraude estadístico.
El dato más inquietante es la concentración territorial. 176 de los 198 casos —el 88,8%— se registran en Cataluña, la comunidad que más rápido aplicó las leyes trans autonómicas.
Para Feministas de Cataluña, esta realidad demuestra el efecto distorsionador que provoca la ley trans de Irene Montero en el ámbito penal y en las estadísticas oficiales.
Una verdad que el poder intenta ocultar
La presidenta de Feministas de Cataluña, Silvia Carrasco, no ha podido ser más clara: “Ninguno de estos delincuentes sexuales es una mujer. Resulta insultante y hay que derogar la ley trans”.
Su denuncia señala lo evidente: el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska sigue registrando el sexo legal de los agresores, no su sexo biológico. Así, los hombres que cambian su identidad legal se contabilizan como “mujeres”.
El resultado es un engaño institucionalizado que pretende imponer la mentira ideológica sobre los hechos biológicos. Según Carrasco: “En 2023 hubo 174 violaciones con penetración cometidas por mujeres, cuando en realidad eran hombres. Ahora el dato es aún más delirante”.
Esta distorsión no solo destruye la fiabilidad de las estadísticas. También deshonra a las verdaderas mujeres que sufren violencia y que quedan invisibilizadas bajo una ideología que las borra del lenguaje, de la ley y de la sociedad
La ideología de género como arma de manipulación
El Ministerio del Interior ha admitido que entre 2023 y 2024 se produjeron 10.670 cambios de sexo registral, de los cuales 7.000 correspondieron a hombres que pasaron a figurar como mujeres.
Este cambio masivo, impulsado por la ley trans de Irene Montero, tiene consecuencias devastadoras. Permite que violadores condenados sean registrados oficialmente como “mujeres”. En términos jurídicos, esto distorsiona de manera sistemática las estadísticas criminales y falsifica la realidad.
La ley trans ha convertido la identidad en un simple trámite burocrático. No hay evaluación médica ni control judicial. Basta una declaración de voluntad para cambiar de sexo legal y alterar el sistema penitenciario y judicial.
Así, delincuentes sexuales aprovechan esta brecha para suavizar su condena o incluso ingresar en cárceles femeninas, con el consiguiente riesgo para las internas.
La defensa de la verdad y de la mujer real
Las asociaciones feministas y los juristas independientes reclaman derogar la ley trans. No piden odio, sino verdad. No buscan enfrentamiento, sino justicia real basada en la biología y el sentido común.
La ley trans de Irene Montero ha demostrado que la ideología mata la verdad. Lo hace en las escuelas, en los juzgados y en las conciencias.
La ley trans de Irene Montero no representa progreso, sino engaño y manipulación. Ha provocado un aumento del 792% en violaciones cometidas por transexuales, ha distorsionado las estadísticas y ha puesto en riesgo la seguridad de las mujeres reales.
