Las ONG feministas, transactivistas e indigenistas reciben millones de fondos de la UE sin auditorías ni supervisión.
Durante la última década, mientras millones de europeos soportaban la inflación, el estancamiento económico, la presión migratoria y los recortes en servicios esenciales, la Unión Europea ha destinado casi mil millones de euros a financiar organizaciones ideológicas en Hispanoamérica.
Con el pretexto de promover la «sociedad civil», Bruselas ha canalizado fondos a ONG que impulsan agendas ultrafeministas, indigenistas, transactivistas y racistas, a menudo en abierta interferencia contra gobiernos elegidos democráticamente. No se trata de cooperación para el desarrollo, ayuda humanitaria ni acuerdos comerciales beneficiosos. Es el patrocinio de la agenda progresista más radical del otro lado del Atlántico.
Jorge González-Gallarza es el coordinador senior para asuntos hispanoamericanos en la Oficina de Madrid para la Iberosfera del Centro de Derechos Fundamentales, que acaba de publicar un informe contundente titulado » La marea rosa de la ayuda de la UE: cómo los fondos de Bruselas despiertan a las ONG latinoamericanas que se hacen pasar por ‘sociedad civil ‘». El documento proporciona datos precisos que muestran cómo se ha consolidado una red clientelar de ONG ideológicas mediante financiación pública europea para extender su influencia cultural, mediática y política en América Latina.
El periodista Javier Villamor le entrevista para The European Conservative. Por su interés reproducimos dicha entrevista
– Empecemos por lo básico. ¿Cómo surgió la idea de investigar esta financiación?
Es el resultado de más de un año de trabajo, rastreando y verificando datos. Todo comenzó en torno a las elecciones europeas del año pasado. Casualmente, coincidió con el desmantelamiento de USAID bajo la administración Trump, lo que impulsó a muchas ONG a buscar nuevas fuentes de financiación… y las encontraron en Bruselas. Esto hizo saltar las alarmas: ONG que antes vivían de Washington ahora llamaban a la Comisión Europea. Y no hablamos de entidades neutrales, sino de grupos activistas que promueven ideologías profundamente progresistas con el pretexto de fortalecer la sociedad civil.
– Estamos hablando de casi mil millones de euros en una década.
Exactamente. El informe identifica casi mil millones de euros en subsidios de la UE a ONG en América Latina durante los últimos 10 años, una parte significativa de los cuales se destinó a organizaciones progresistas: feminismo radical, indigenismo, transactivismo, racismo, entre otras. Muchas de estas ONG no sobrevivirían sin el dinero europeo. Lo que se ha creado —a costa del contribuyente— es un ecosistema activista artificial.
– ¿Qué impacto concreto ha tenido esto en la región?
Estas ONG legitiman agendas políticas que posteriormente adoptan líderes radicales. Han influido en campañas electorales, impulsado movimientos de izquierda autoritarios y, en muchos casos, socavado gobiernos elegidos democráticamente. Conceptos como «heteronormatividad» o «transfobia estructural», totalmente ajenos a la cultura iberoamericana, se han introducido con financiación de la UE. Incluso existen vínculos institucionales entre ONG latinoamericanas y fuerzas de izquierda europeas como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla.
– ¿Qué hay de la transparencia? ¿Dónde está la supervisión del uso de estos fondos?
Es prácticamente inexistente. Si bien la Comisión Europea cuenta con un portal de transparencia financiera, los datos son limitados. Sabemos cuánto se destina, a qué ONG y para qué proyecto, pero no hay control sobre la implementación ni los resultados. No hay auditorías públicas ni un seguimiento riguroso, y a menudo, el logotipo de la UE ni siquiera aparece en las actividades que financia.
– ¿Puedes darnos un par de ejemplos concretos?
Por supuesto. Uno de ellos es el proyecto «Horizonte de Libertades» en Uruguay, que costó más de un millón de euros e incluyó conferencias de activistas como Angela Davis, quien llamó abiertamente a «desmantelar el capitalismo» para acabar con el racismo. Otro caso es el de las ONG de medios de comunicación en Paraguay o Perú, que, con el pretexto de combatir la desinformación, publican informes que estigmatizan a periodistas conservadores con fotos y etiquetas como «facho» , un término despectivo para «fascista». Es la exportación de la censura al estilo europeo.
– ¿No constituye esto una interferencia política?
Absolutamente. En muchos casos, estas ONG actúan como instrumentos de presión política . Un claro ejemplo es Paraguay, donde se financiaron ONG para hacer campaña contra el gobierno por oponerse a la educación sexual ideologizada. Incluso financiaron una campaña contra un proyecto de ley que buscaba transparencia en la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONG, una auténtica paradoja.
– ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay esperanza de revertir esta tendencia?
Sí, hay señales alentadoras. Tras el escándalo LIFE y otras investigaciones, sectores del Parlamento Europeo, incluidos los miembros del Partido Popular Europeo, exigen auditorías, límites y mayor transparencia. El Tribunal de Cuentas Europeo ya ha señalado la falta de supervisión. En el ámbito político, también estamos viendo cambios: la nueva Comisaria de Asociaciones Internacionales tiene un enfoque mucho menos radical que su predecesor finlandés. El próximo ciclo presupuestario podría ser una oportunidad para frenar esta deriva.
