Otro paso más en la dictadura de Sánchez: Óscar López presenta un proyecto de ley para perseguir los delitos de odio ¡sin pasar por los tribunales!

El Gobierno de Sánchez pretende censurar redes, medios y opiniones incómodas con un registro controlado desde Moncloa.

Un Consejo de Ministros con aroma a dictadura

El martes 29 de julio, último Consejo de Ministros antes de vacaciones, el Gobierno anunció una nueva ofensiva contra la libertad. Óscar López compareció con tono triunfalista para anunciar un proyecto de ley que crea un registro de medios digitales.

La excusa es la habitual: “luchar contra los bulos”. En otras palabras, perseguir al discrepante, criminalizar la opinión libre y otorgar al Estado la autoridad de decidir quién es periodista y quién no, qué medio es legal y cuál no lo es.

Este proyecto, en apariencia técnico, tiene profundas implicaciones totalitarias. Supone que será el Gobierno quien decida qué información es veraz, qué medio es válido y qué periodista tiene derecho a informar. La libertad de prensa queda supeditada al criterio ideológico del Ejecutivo.

El nuevo tribunal de la verdad: censura sin jueces

Lo más alarmante no es el registro en sí. Lo peor llega con la segunda parte del proyecto. Óscar López dejó caer —casi como al descuido— que el mismo texto legal servirá para “luchar contra los discursos de odio” en redes sociales.

Es decir, el Gobierno se arroga el poder de juzgar qué se puede decir y qué no. Y lo hará al margen del sistema judicial. No habrá jueces. No habrá garantías. Habrá una “autoridad” ajena a los tribunales pero con “la misma sensibilidad” del Gobierno.

Esto significa censura política directa, ejecutada desde un organismo gubernamental disfrazado de neutralidad. Se actuará rápido —dicen— porque “los jueces son lentos”. ¿Y qué proponen? Que una oficina oficial de censura decida quién incurre en delito de odio y aplique castigos sin necesidad de proceso judicial.

Así es como comienzan las dictaduras. Así se consolidan los regímenes comunistas: eliminando la libertad de expresión bajo la bandera de lo “políticamente correcto”.

El discurso de odio: arma del socialismo para callar al disidente

Llevamos tiempo denunciando que el llamado “delito de odio” es una construcción jurídica diseñada para castigar opiniones contrarias al dogma izquierdista y globalista. Lo que se presenta como protección de colectivos vulnerables, se ha convertido en un instrumento de represión ideológica.

La izquierda ha convertido el “odio” en un concepto elástico. Lo define como le conviene. Así, discrepar del aborto es odiar a la mujer. Criticar la ideología de género es odiar al colectivo LGTBI. Defender la unidad de España es odiar a las minorías territoriales.

Ahora, con el proyecto de ley de Óscar López sobre delitos de odio, se da un paso más: ya no se necesitará ni siquiera pasar por los tribunales. Bastará una denuncia, una publicación mal vista o un tuit irónico para que esa nueva autoridad te etiquete como “odiador”.

De la “desinformación” al delito: el paso final hacia el totalitarismo

Lo que comenzó como lucha contra las “fake news” ha derivado en un modelo de censura preventiva. La excusa del bulo, del discurso de odio, del peligro social… son pretextos repetidos en todos los regímenes totalitarios.

La diferencia es que ya no se oculta. El proyecto de ley lo dice claramente: “actuar con rapidez”, “evitar los retrasos judiciales”, “crear un registro de medios”, “intervenir ante discursos en redes”. Todo esto recuerda más a la Rusia soviética que a una democracia occidental.

Proyecto de ley de Óscar López sobre delitos de odio: ¿y ahora qué?

Debemos llamar a las cosas por su nombre. Este proyecto no es una ley de protección. Es una ley de persecución. No busca justicia. Busca control ideológico. No protege a las minorías. Silencia a las mayorías.

El proyecto de ley de Óscar López sobre delitos de odio es el síntoma más claro de un poder que ya no respeta los límites del Estado de Derecho. Controlarán lo que se dice, lo que se publica, lo que se opina, y lo harán sin jueces y sin garantías.

Este es el último aviso. No es una exageración. Es la realidad de un país que desciende al totalitarismo bajo la máscara de la corrección política.