Publicaba la cuenta oficial del Ministerio del Interior, el pasado 27 de enero, el siguiente tweet:
«Mi reconocimiento y agradecimiento a @salvadorilla, por su coraje y trabajo incansable frente al COVID y por su talante dialogante y sereno. Son cualidades que le hacen idóneo para liderar el cambio que necesita Catalunya. Un fuerte abrazo. F. Grande-Marlaska.«
A los pocos minutos miles de internautas se le echaban al cuello por utilizar un perfil oficial con fines electorales y el Ministerio no le quedaba otro remedio que dar marcha atrás y pedir disculpas por su “error material”, disculpa que no tardaría mucho en hacerse Trending Topic (TT) nacional, por su falta absoluta de sinceridad y credibilidad.
Para quienes no controlen mucho sobre la materia, esto de utilizar las instituciones del Estado con fines electorales, a parte de ser un invento de regímenes totalitarios tales como el nazismo o el comunismo, es un modus operandi bastante recurrente dentro del PSOE. Y a los hechos me remito. Hace apenas un año, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Educación, Isabel Celaá, resultaban sancionados por la Junta Electoral Central (con una multa más simbólica que otra cosa). El primero por utilizar la Moncloa – y su espacio web – para una entrevista preelectoral, y la segunda por lanzar mensajes electorales empleando instituciones oficiales en vísperas de los comicios del 10 de noviembre (aun habiendo sido advertida con anterioridad). La sanción, como todos los “chanchullos” de este Gobierno, pasó desapercibida por unos medios de comunicación sumisos frente a la mano que les da de comer, hasta unas semanas después de la toma de posesión de Sánchez.
En aquella ocasión, la Junta entendió incumplido el artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) que advierte que “Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.” artículo que perfectamente podría entenderse incumplido en el caso que ahora nos ocupa, al igual que el número 53 de dicha ley, el cual determina que “… desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior.”.
Lo que Grande-Marlaska tardó más bien poco en tildar de “error material” (consciente de sus posibles repercusiones legales) podría costarle una sanción de la Junta Electoral Central (otra más para el Ejecutivo de Sánchez), y si esto fuera un país serio, hasta su dimisión. El hecho de que el Ministerio responsable de los procesos electorales no sea capaz de conocer y cumplir la ley electoral, no debería tomarse a la ligera en los tiempos que vivimos.
¿Tendremos nueva denuncia frente a la JEC en breves? ¿Habrá cambio de criterios para evitar nuevas sanciones del gabinete de Sánchez? ¿Seguiremos viendo con normalidad lo que sin lugar a dudas se trata de comportamientos totalitarios? ¿Callarán de nuevo los medios?
Espero que al menos ustedes no.
