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El Ministerio de Asuntos Exteriores afronta un durísimo revés institucional que desmonta por completo su relato oficial. Las delegaciones diplomáticas sobre el terreno acaban de desmentir de forma categórica las declaraciones del ministro José Manuel Albares respecto a la supuesta inviabilidad técnica de revisar los censos electorales. Mientras intenta escudarse en una supuesta imposibilidad material para cumplir con los mandatos judiciales de cara a los próximos comicios del 29 de noviembre, sus propios funcionarios demuestran con hechos que el proceso es perfectamente realizable. La realidad es muy distinta a la que dibuja el Ejecutivo central: sí existe capacidad operativa para realizar el examen de los expedientes de la ley de nietos y, si el Ministerio no ejecuta la tarea a nivel global, responde únicamente a una estrategia política deliberada para obstaculizar las resoluciones del Tribunal Supremo y proteger un caladero de votos crucial.
El ejemplo más claro de esta resistencia ministerial procede de Argentina. El Consulado de España en Rosario, según el El Confidencial Digital, que destaca como una de las dos oficinas con mayor volumen de demandas, ha completado el análisis exhaustivo de sus bases de datos, dejando en evidencia las falsedades propagadas desde la sede central del Ministerio en Madrid.
El éxito del filtrado manual frente a las excusas de Exteriores
La oficina consular de Rosario ha determinado con absoluta precisión matemática el origen de sus nacionalizaciones. De los 50.756 expedientes autorizados en su demarcación al amparo de la Ley de Memoria Democrática, un total de 18.017 ciudadanos obtuvieron el pasaporte español gracias a la sectaria instrucción del Ministerio de Justicia que amplió de forma artificial los supuestos legales para acceder a la condición de ciudadano. Este desglose pormenorizado echa por tierra la versión oficial de Albares, quien justificaba la inacción de su departamento bajo la premisa de que «nadie está obligado a lo imposible». El éxito del despliegue en Rosario demuestra que el obstáculo no radica en la burocracia, sino en la falta de voluntad política de un ministrillo que prefiere saturar el sistema antes que acatar el control judicial.
La movilización del personal en Argentina confirma que la diligencia depende del liderazgo y no de la tecnología. El cónsul general en Rosario, Pablo Platas, coordinó un plan de contingencia para que los funcionarios trabajaran durante todo el fin de semana. Gracias a este esfuerzo extraordinario, la delegación terminó el cribado el lunes día 19, cumpliendo estrictamente con el plazo de cinco días que otorgó el Tribunal Supremo para que los afectados por la suspensión cautelar del derecho a voto presentaran sus alegaciones. Mientras tanto, fuentes del propio Ministerio de Asuntos Exteriores admiten que un total de 48 oficinas consulares repartidas por diferentes continentes ya han completado de forma total o parcial este mismo proceso de verificación, lo que deja a Albares en una situación de absoluta evidencia ante la opinión pública.
La instrucción que eliminó los requisitos de exilio
El colapso potencial del censo exterior no responde a un accidente, sino a una planificación normativa orientada a engrosar los registros sin controles rigurosos. El Consulado de Rosario y el de La Habana asumieron la mayor avalancha de solicitudes debido a las directrices que dictó la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Dicha resolución estableció que la administración presumiría la condición de exiliado de cualquier ciudadano español que hubiera abandonado el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Mediante este resquicio legal, el Gobierno eximió a los solicitantes de la obligación de demostrar que sus antepasados emigraron por motivos políticos, ideológicos o de persecución real. Esta barra libre documental provocó un crecimiento artificial del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que superó las 3.000 inscripciones mensuales en algunas demarcaciones, un ritmo que altos cargos del Ministerio de Administración Territorial supervisaron e impulsaron en persona durante viajes oficiales a Argentina el pasado mes de mayo.
El bloqueo de datos al Tribunal Supremo y la Junta Electoral
La estrategia de opacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene bloqueado el procedimiento de control democrático. La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares retiene de forma deliberada los datos que el Tribunal Supremo le exigió formalmente el pasado 10 de septiembre. El Alto Tribunal reclama conocer cuántas personas, de las 163.000 que consiguieron la nacionalidad mediante la ley de nietos, han certificado de verdad que descienden de exiliados políticos y cuántas se beneficiaron del coladero administrativo de la instrucción ministerial.
Actualmente, la Oficina del Censo Electoral sólo posee información digitalizada de unos 70.000 nacionalizados entre los años 2025 y 2026, los cuales accedieron directamente a través del nuevo sistema DICIREG. El resto de las inscripciones, gestionadas con anterioridad, requiere un filtrado manual idéntico al que Rosario ya ha finalizado con éxito. Ante la pasividad y el ocultamiento de información por parte del departamento de Albares, la Junta Electoral Central ha tenido que recurrir nuevamente al Tribunal Supremo para que fije plazos perentorios y obligue a la Dirección General de Asuntos Consulares a entregar toda la documentación de los afectados de una vez por todas.
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