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El reparto del poder territorial en las Cortes Generales afronta una mutación radical ante la proximidad de los comicios de finales de otoño. Un total de 208 de los 266 senadores se eligen en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Los 58 restantes los designan directamente los parlamentos autonómicos. En las anteriores elecciones generales de 2023, el Partido Popular se impuso con una claridad incontestable al conseguir 120 senadores frente a los 72 que cosechó el Partido Socialista.
El motivo de esta abultada diferencia con respecto al resultado obtenido en el Congreso de los Diputados —donde el bloque de la derecha también venció, pero de una forma bastante más ajustada— radica en el propio sistema de escrutinio de la Cámara Alta. Al tratarse de un mecanismo mayoritario e inclinado a las listas abiertas, la formación ganadora en cada demarcación provincial suele asignarse tres senadores, mientras que la candidatura que queda en segunda posición obtiene únicamente un representante.
¿Un Senado sin importancia?
Históricamente se ha percibido el Senado como una cámara menor o de segunda lectura, desprovista de una verdadera influencia ejecutiva. Y en la mayoría de los casos así es. Por lo general, el Senado es una cámara inútil destinado al retiro dorado de la casta política. Sin embargo, no siempre ocurre lo mismo.
El día 27 de octubre de 2017, el pleno del Senado aprobó la activación del artículo 155 de la Constitución Española. Esta medida excepcional suspendió de inmediato las atribuciones ejecutivas de la Generalidad de Cataluña y frenó en seco el intento de golpe de Estado institucional que los partidos golpistas independentistas Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con la colaboración de los comunistas de Comunes, pretendían perpetrar. Los partidos separatistas ejecutaron la derogación de facto de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, celebraron un referéndum ilegal, proclamaron la declaración unilateral de independencia por dos veces y convocaron una huelga general desde el propio gobierno autonómico en rebeldía.
En aquel escenario crítico, el Senado resultó decisivo para evitar la consumación de la secesión territorial y para garantizar los derechos fundamentales de todos los catalanes, que el gobierno regional mantenía secuestrados. La Cámara Alta aprobó la activación del artículo 155 con un respaldo nítido de 214 votos a favor, 47 en contra y una sola abstención.
La redefinición de las mayorías parlamentarias y el riesgo de un nuevo desafío
Pero todo ello ha cambiado con los votos parlamentarios necesarios de los separatistas para sostener a Pedro Sánchez en La Moncloa. Si la situación política actual exigiera una votación sobre la aplicación de un nuevo artículo 155, el voto de la bancada socialista sería rotundamente contrario.
En este contexto tan delicado, el pacto suscrito para unificar candidaturas en 46 provincias entre el PSOE y la extrema izquierda bajo la marca Frente Amplio no constituye una mera anécdota de campaña, sino que esta hoja de ruta independentista ganará velocidad si las elecciones autonómicas catalanas del año 2028 otorgan de nuevo la mayoría absoluta al separatismo en el Parlamento regional, una hegemonía que hoy el independentismo pierde por el estrecho margen de un solo escaño.
La izquierda y la extrema izquierda pueden ganar el Senado
El hecho de que los socialistas y el Frente Amplio concurran en coalición bajo una única papeleta puede provocar un vuelco inmediato en el reparto tradicional de escaños en un puñado de provincias estratégicas, tales como Valencia, Castellón, Badajoz, Cádiz o Zaragoza. Esta unión de siglas busca invertir el marcador provincial en favor de la izquierda para arrebatar la mayoría absoluta que el centroderecha ostenta en la Cámara Alta.
En definitiva, la jornada electoral del 29 de noviembre obligará a prestar atención a una doble pantalla informativa. Habrá que examinar el reparto de escaños del Congreso de los Diputados, pero también el resultado del Senado. Esta cámara suele pasar desapercibida en los recuentos electorales, pero en esta ocasión cobra una trascendencia vital ante la deriva del PSOE y su estrategia de alianza estable con fuerzas rupturistas que combaten activamente la unidad de España, como ERC, Junts, el BNG o EH Bildu.
La rendición del socialismo y el desarme del Estado de derecho
El acuerdo electoral que el PSOE ha sellado a contrarreloj con el conglomerado de la extrema izquierda para acudir al Senado bajo una misma papeleta trasciende la mera supervivencia partidista tal como señala El Debate. Estamos ante una maniobra de una irresponsabilidad histórica colosal, cuyo fin último consiste en desarmar judicial y constitucionalmente al Estado español frente a las futuras embestidas del separatismo periférico. El Gobierno de Pedro Sánchez entrega las siglas del socialismo histórico a las fuerzas más radicales del arco parlamentario con el único objetivo de privar a las fuerzas constitucionalistas de la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Al hacerlo, desprotege de forma deliberada el mecanismo de defensa más eficaz que posee nuestra arquitectura jurídica: el artículo 155 de la Constitución.
La entrega del Senado al bloque de la extrema izquierda busca blindar la impunidad de los socios de investidura de La Moncloa. Si el independentismo catalán decide reactivar la vía unilateral en los próximos años, un Senado controlado por la alianza de socialistas y comunistas vetará de inmediato cualquier intento de suspender las competencias autonómicas de la Generalitat. Esta jugada política deja vía libre a un potencial golpe de Estado silencioso, donde las instituciones del país carecerán de las herramientas parlamentarias necesarias para intervenir y restaurar la legalidad democrática.
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