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La sociedad civil española demuestra cada día una madurez muy superior a la de aquellos colectivos radicales feministas de extrema izquierda que pretenden imponer su agenda mediante el miedo y la violencia. Frente a la intolerancia que busca clausurar cualquier debate incómodo para el dogma sectario oficial, la sociedad civil responde con las herramientas de la ley, la palabra y la pacífica convivencia. El reciente asalto a un encuentro sobre las secuelas del aborto en la parroquia de Santa María de Montalegre, en pleno corazón de Barcelona, ejemplifica a la perfección esta alarmante deriva violenta radical. Sin embargo, la reacción de los organizadores y la posterior intervención judicial demuestran que los españoles no están dispuestos a ceder el espacio público al vandalismo marxista.
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha dado un paso al frente muy necesario al presentar una denuncia formal ante el Tribunal de Instrucción de Barcelona. La entidad jurídica persigue las responsabilidades penales de la irrupción violenta de un numeroso grupo de activistas feministas en el acto titulado ¿Y después del aborto, qué?. Con esta iniciativa de amparo legal, la organización no solo defiende los derechos de unos ponentes agredidos, sino que ampara la libertad de reunión de toda la ciudadanía frente a quienes confunden el activismo con la coacción pura y dura.
Los delitos de la intolerancia en el espacio parroquial
La denuncia detalla con precisión una serie de conductas que sobrepasan cualquier límite tolerable en un Estado de derecho. Los servicios jurídicos de Abogados Cristianos consideran los hechos constitutivos de los presuntos delitos de coacciones según el artículo 172 del Código Penal, daños bajo el artículo 263 y allanamiento conforme al artículo 203 del mismo cuerpo legal. No estamos ante una simple protesta ruidosa ni ante el ejercicio de la libertad de expresión, sino ante un ataque coordinado, premeditado y violento contra ciudadanos pacíficos reunidos en un recinto privado de culto y cultura.
El encuentro cívico, organizado de forma impecable por Entitats per la Vida, Corrent Social Cristià y la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, congregaba el pasado 17 de septiembre a un centenar de asistentes que buscaban escuchar reflexiones profundas sobre la dignidad humana. La cita tenía como objetivo prioritario dar voz a los testimonios en favor de la vida de cuatro mujeres y un hombre que deseaban compartir sus vivencias y sus procesos de sanación postaborto. La sociedad civil madura acude a estos foros para escuchar, debatir y comprender la complejidad del sufrimiento humano, un ejercicio de empatía que los saboteadores pretendieron erradicar de raíz.
La estrategia del sabotaje coordinado contra la palabra
Según recoge el texto de la denuncia judicial, un grupo de entre 30 y 40 activistas radicales accedió al recinto de la parroquia antes del comienzo del encuentro. Las asaltantes emplearon el engaño al mezclarse discretamente entre el público asistente para ocultar sus verdaderas intenciones de boicot. Una vez que los organizadores iniciaron el acto de manera normal, las radicales irrumpieron de forma coordinada y tumultuosa en la zona principal del altar y el presbiterio.
El colectivo extremista se hizo por la fuerza con el micrófono principal y ocupó de inmediato la mesa de los ponentes, bloqueando físicamente el desarrollo del evento e impidiendo que los invitados legítimos pudieran continuar con sus discursos. Las activistas desplegaron pancartas con consignas ideológicas, corearon proclamas estridentes a escasos centímetros de los asistentes y propinaron empujones físicos a los miembros de la organización que trataban de mediar pacíficamente en el conflicto para rebajar la tensión.
La violencia de las manifestantes no se limitó a las agresiones verbales y los empujones, sino que afectó gravemente a los recursos materiales del templo. Las asaltantes causaron intencionadamente diversos desperfectos en el equipo audiovisual de la parroquia, unos daños materiales que obligaron de inmediato a suspender la retransmisión del acto en directo a través de internet. Con esta acción vandálica, el sectarismo feminista no solo amordazó a los cien vecinos que llenaban los bancos de la iglesia, sino que censuró el derecho de miles de ciudadanos que seguían el evento desde sus hogares a través de las plataformas digitales. Ante la gravedad de la agresión y la total ausencia de civismo por parte de las intolerantes, los responsables del encuentro se vieron obligados a dar aviso urgente a los Mossos d’Esquadra para salvaguardar la integridad física de los presentes.
La contundente respuesta legal frente a la impunidad
La impunidad que estos colectivos radicales asumen como un derecho divino encuentra hoy su freno en los tribunales gracias a la impecable acción judicial de Abogados Cristianos. La Fundación solicita al juzgado de instrucción, entre otras diligencias urgentes, que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra aporte de manera inmediata la identificación completa de todas las personas que los agentes filiaron durante el desalojo del recinto. Asimismo, la acusación pide que el juzgado recabe con presteza las grabaciones íntegras de las cámaras de seguridad instaladas en la parroquia de Santa María de Montalegre para esclarecer definitivamente la identidad de las autoras de los daños y los empujones.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha resumido con absoluta lucidez la raíz ideológica de este atropello y la hipocresía que define a estos movimientos de presión social. Castellanos asegura de manera tajante:
“Quienes se presentan como defensoras de la mujer no soportan escuchar a mujeres que libremente se salen de su discurso. El feminismo radical pretende imponer el aborto y su cultura de la muerte como un dogma incuestionable y responde tratando de silenciar violentamente a quienes se atreven a denunciar sus consecuencias”.
Esta denuncia da en el clavo del problema actual, donde ciertos sectores pretenden secuestrar la representación de todo el colectivo femenino para silenciar a aquellas madres, profesionales y ciudadanas que defienden una visión alternativa basada en la protección de la vida humana.
El triunfo de la dignidad civil sobre la censura radical
El ejemplo de los organizadores y del público de Barcelona merece el aplauso unánime de toda la sociedad española. Mientras un sector minoritario apuesta por la violencia, el insulto, el destrozo de material técnico y la agresión física, las familias y las entidades provida responden con una serenidad admirable, templanza y una fe inquebrantable en la justicia de su causa. La resistencia pacífica de este centenar de personas demuestra que el miedo ya no paraliza a la sociedad civil que defiende los valores fundamentales del humanismo cristiano.
Los ciudadanos libres de Barcelona y de toda España contemplan con orgullo cómo el tejido asociativo no se arruga ante el matonismo de las minorías ruidosas feministas de extrema izquierda. Romper micrófonos, asaltar parroquias y empujar a voluntarios que organizan actos de debate no demuestra fuerza, sino una tremenda debilidad intelectual e incapacidad para sostener un diálogo abierto. La cultura de la cancelación pincha en hueso cuando se topa con organizaciones profesionales y decididas que utilizan los mecanismos del Estado de derecho para poner a cada delincuente en su sitio. Los tribunales de Barcelona determinarán ahora las consecuencias penales de este asalto, pero la victoria moral y social ya pertenece por completo a quienes defienden la vida, la libertad y el respeto mutuo desde la verdad y la ley.
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