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La ingeniería censal de la Moncloa y la demolición de la limpieza democrática
La degradación de las instituciones españolas alcanza cotas verdaderamente alarmantes bajo el mandato del sanchismo. Ya no asistimos únicamente al secuestro del Poder Judicial o a la colocación de comisarios políticos en las empresas públicas; el Gobierno de Pedro Sánchez dirige ahora sus esfuerzos hacia el corazón mismo del sistema democrático: el censo electoral. La periodista Isabel Durán desvela en una valiente y rigurosa columna en El Debate los entresijos de una estrategia que asusta por su impudicia y que apunta de manera directa a la preparación de un pucherazo electoral en toda regla.
Bajo el título El asalto de Sánchez al censo electoral nacional, la investigación de Durán destapa una manipulación sistemática a través del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El sanchismo instrumentaliza de forma perversa la conocida ley de nietos para fabricar cientos de miles de nuevos votantes en el extranjero, alterando de manera artificial el equilibrio de las urnas y blindando su permanencia en el poder a costa de la soberanía nacional.
El notable aumento del censo exterior durante el gobierno de Pedro Sánchez no es solo un dato administrativo, sino que se trata de una maniobra política con repercusiones directas en la representación en el Parlamento, teniendo a Madrid como núcleo de esta situación. No estamos ante un proceso natural de flujos migratorios ni ante una corrección estadística ordinaria. La Moncloa maneja las cifras, las instrucciones emitidas desde los consulados y las decisiones gubernamentales como componentes de una maquinaria de ingeniería social orientada a perpetuar al presidente a cualquier precio.
La explosión artificial del censo exterior desde noviembre de 2022
Las estadísticas que expone la investigación arrojan una luz devastadora sobre las intenciones del Ejecutivo. Desde que el marido de Begoña llegó a la Moncloa, el volumen de electores inscritos fuera de nuestras fronteras ha experimentado un salto que rompe cualquier lógica demográfica tradicional. Durán asienta su tesis sobre datos contundentes y de una gravedad extraordinaria:
«Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el CERA ha sumado 677.964 electores, un 32,9 % más. Casi dos tercios de todo ese crecimiento se ha producido desde el 1 de noviembre de 2022. Es la instrucción de Sofía Puente la que marca el punto de inflexión que dispara las altas del voto de presuntos españoles en el exterior nacionalizados por la ley de nietos».
Este crecimiento exponencial en un periodo de tiempo tan breve desmonta cualquier apariencia de legalidad o normalidad administrativa. La mencionada instrucción de Sofía Puente, hermana de Óscar Puete, alta funcionaria de la Administración electoral y afín a los intereses del Gobierno, funcionó como el resorte técnico necesario para abrir de par en par las puertas de los consulados españoles, especialmente en los países de Hispanoamérica. Mediante este subterfugio normativo ligado a la Ley de Memoria Democrática, la red exterior del sanchismo agiliza la nacionalización masiva de miles de ciudadanos extranjeros que apenas guardan vínculos reales con la España actual, pero cuyos votos contabilizan de la misma manera que los de quienes sufren la asfixia fiscal del Ejecutivo en el territorio nacional. El cuartel general de la Moncloa sitúa el grueso de estas altas en circunscripciones electorales críticas para la asignación de escaños, dirigiendo la gran mayoría de estas inscripciones de manera quirúrgica hacia la provincia de Madrid.
El récord mensual de altas y la obsesión con Madrid
La maquinaria de manipulación censal no muestra síntomas de fatiga; al contrario, acelera su ritmo conforme se aproximan los horizontes electorales. El último mes vuelve a batir el récord histórico en la incorporación de electores foráneos, lo que demuestra que nos encontramos ante una estrategia sostenida y perfectamente planificada. Los cortes censales más recientes revelan la magnitud de la operación oculta. La aceleración no pertenece únicamente a los primeros años de aplicación de la Ley de Nietos. Entre el censo cerrado a 1 de junio y el cerrado a 1 de julio de 2026, el CERA nacional pasó de 2.715.986 a 2.736.522 electores. Son 20.536 más en un solo mes. Es la mayor subida mensual de toda la serie histórica. Y, como revelábamos ayer, Madrid vuelve a concentrar una parte extraordinaria del salto.
Este interés desmedido por engordar el censo de la capital de España responde a un cálculo puramente electoralista. En el actual panorama político, un puñado de votos puede inclinar la balanza de un escaño y modificar mayorías parlamentarias completas. Al inundar la circunscripción madrileña con miles de votos de dudosa trazabilidad procedentes del exterior, el sanchismo busca diluir el voto de castigo de los ciudadanos residentes en Madrid, compensando el rechazo mayoritario que genera su gestión en el interior de la península.
La trampa de la bolsa diferida y la opacidad institucional
El asalto al sistema democrático incluye además una astuta maniobra para perpetuar este flujo de electores artificiales más allá de los plazos legales establecidos. El Gobierno introdujo una modificación normativa en noviembre de 2024 que camufla la vigencia de la ley bajo un supuesto cierre administrativo aparente. En la práctica, este mecanismo genera una bolsa diferida de solicitudes ya presentadas que los consulados procesan de forma paulatina. De este modo, el flujo constante de nuevas altas permanece activo y abierto durante años, escapando de cualquier tipo de auditoría pública o control independiente. El resultado es un censo exterior en expansión permanente que depende exclusivamente de una red de consulados y registros civiles controlados políticamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Frente a esta flagrante falta de transparencia, la exigencia de regeneración democrática y de rendición de cuentas se vuelve imperativa. Aceptar las reglas de la democracia no implica someterse ciegamente a los caprichos de quien altera las herramientas de medición. El censo no se acata a ciegas Pedro Sánchez tiene razón en una cosa: los resultados electorales deben asumirse. Pero el presidente tendrá que asumir también que la confianza democrática no se ordena desde una rueda de prensa. Se construye publicando los datos, explicando las altas, mostrando las instrucciones consulares y permitiendo reconstruir la adscripción provincial de cada nuevo elector.
No se trata de cuestionar el derecho al voto de quien ha adquirido legalmente la nacionalidad española. Se trata de verificar que la nacionalidad fue concedida conforme a la ley y que la circunscripción electoral fue asignada con criterios objetivos, homogéneos y verificables. Madrid convierte esa exigencia en urgente. En 2023, su voto CERA ya cambió un diputado. Desde noviembre de 2022, su censo exterior ha incorporado otros 127.860 electores y se acerca al medio mío. La ciudadanía española exige luz sobre este proceso opaco que amenaza con adulterar el veredicto del pueblo. La respuesta al autócrata que habita en la Moncloa debe ser contundente y unánime: Sí, señor Sánchez: los resultados se asumen. El censo, en cambio, no se acata a ciegas. Se verifica.
No se pierdan el artículo de Isabel Duran. Es imprescindible
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