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El ansia de control absoluto que caracteriza al sanchismo afronta un nuevo y peligroso capítulo que amenaza directamente las libertades individuales de los ciudadanos. Como el presidente del Gobierno no logra controlar el relato libre que fluye sin cortapisas por las plataformas digitales, recurre a la clásica receta de los regímenes totalitarios: la prohibición y la persecución. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron vuelven a la carga con una estrategia coordinada para implantar la censura en las redes sociales, disfrazando su pulsión autoritaria detrás de una supuesta preocupación por el bienestar de los jóvenes. El plan del Ejecutivo español pasa por impulsar la obligatoriedad de acreditar la mayoría de edad para poder acceder a los entornos digitales, levantando un muro burocrático que busca erradicar el anonimato y monitorizar la actividad de la población en internet.
En este contexto represivo, los gobiernos de España y de Francia trabajarán de forma conjunta con Irlanda para impulsar una regulación europea común que contemple la mayoría de edad en redes sociales con el objetivo de «proteger a los menores en Internet». Detrás de este argumento se esconde un evidente deseo censor que pretende normalizar la intervención del Estado en los canales de comunicación privados. Como buen tirano, Pedro Sánchez detesta cualquier espacio de debate público que escape a la disciplina del partido único, del relato único y de los medios de comunicación regados con publicidad institucional.
El modelo de prohibición total que Moncloa exporta a Europa
La maquinaria gubernamental ya se despliega a nivel internacional para forzar este marco normativo represivo en todo el continente. Según fuentes gubernamentales, y recogido por La Gaceta el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el socialista Óscar López, viajará a Irlanda para presentar el modelo español, que apuesta decididamente por prohibir el acceso de los menores a todas las redes sociales. Moncloa no busca educar ni ofrecer herramientas de mediación familiar, sino aplicar el rodillo de la prohibición absoluta como primera y única respuesta estatal.
El viaje de la delegación española aprovecha una coyuntura institucional favorable para los planes del sanchismo. Irlanda acaba de asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y ha solicitado a España y Francia que den a conocer sus iniciativas. El Ejecutivo socialista aprovecha este escenario para intentar homologar una legislación restrictiva que limite los derechos digitales de los ciudadanos europeos, utilizando el territorio irlandés como trampolín para sus ambiciones de control cibernético.
La invención de una ola regulatoria mundial para justificar el control
Para justificar este atropello contra las libertades civiles, el aparato de propaganda de la Moncloa necesita inventar un consenso social inexistente. El Ejecutivo de Sánchez falsea la realidad y señala que la «presión social hacia las plataformas ha aumentado» y se ha creado una «ola en el mundo» a favor de regular el acceso a las redes que ha ido creciendo en muchos países como Australia, Reino Unido, España y Francia. Estos estados destacan por ser los únicos europeos que han llevado una ley con este espíritu prohibitivo a sus respectivos parlamentos.
El empeño tiránico del sanchismo ignora incluso los reveses judiciales de sus socios internacionales en la defensa de los derechos fundamentales. En Francia, el Tribunal Constitucional tumbó la norma el pasado mes de julio al considerarla contraria a los principios constitucionales. Sin embargo, el Gobierno español peca de soberbia y cree que el fallo se debió a que en el texto galo se citaba expresamente a algunas plataformas, un error técnico que según el equipo de Óscar López no sucede en la norma que está actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo español confía en esquivar los controles democráticos mediante una redacción legal más tramposa para materializar su plan dictatorial de censura digital de manera definitiva.
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