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No hay futuro para España mientras esté gobernada —es decir, secuestrada— por el socialcomunismo. Ítem más: el fin primordial de esta ideología, en su variante nacional, es la destrucción de la patria. Y en conseguirlo —directamente o a través de agentes exteriores— lleva empeñada desde sus orígenes. La enésima y severa invasión de Ceuta y de Melilla, nuestras entrañables ciudades de la orilla sur mediterránea, es un paso más en el logro del objetivo.
Sobre los españoles gravita un legado de traiciones, con incontables casos de quintacolumnistas y cobardes en las instituciones públicas y privadas, legislativas, ejecutivas y judiciales, que han aprovechado la Farsa del 78 para imponer sus designios exterminadores.
Llegados aquí conviene recordar que el Estado es la forma de organización jurídico-política actual para articular a las sociedades políticas, al menos las occidentales. Y para evitar las inseguridades que pueden atormentar a sus ciudadanos.
Contra los propósitos del socialcomunismo español, las incumbencias de todo Estado moderno deben centrarse en proporcionar seguridad a quienes en él conviven. Si falla la seguridad, sea esta individual, colectiva, moral o jurídica, el Estado se rompe. Y si el Estado se quiebra, la sociedad en la que la ciudadanía proyecta su existencia se descompone, dejando de funcionar todos los sectores que la cohesionan.
La fortaleza del Estado, en cuanto generador de autoridad y de eficacia, es imprescindible en todo tiempo y circunstancia. Si esta desaparece, no se instaura y consolida el Estado social y democrático de Derecho. En esta fórmula superior de organización, las Constituciones regulan el uso de los mecanismos de defensa.
Nuestra Constitución —pese a sus numerosas deficiencias— no deja al Estado inerme frente a quienes intentan aniquilarlo. En ella vienen específicamente consignados los medios jurídicos a los que se puede recurrir. Y cuando la voluntad o la fuerza de los dictámenes judiciales resultan insuficientes, o cuando la gravedad de la situación adquiere dimensiones extraordinarias, la Carta Magna provee al Estado de respuestas acordes a la pesantez del acontecimiento.
En las raíces del árbol jurídico-político alienta la soberanía. Quien desee acudir a esa estructura constituyente encontrará el reconocimiento explícito del poder soberano en su Preámbulo. En él se proclama la voluntad nacional —entre otras voluntades— de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».
Luego, en el Título Preliminar, art.2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y en el art.8.1.: «Las Fuerzas Armadas (…) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
En cuanto al Título II, referente a la Corona, le corresponden al Rey, según el art.62.a) «Sancionar y promulgar las leyes»; y h) «El mando supremo de las Fuerzas Armadas»; y según el art.63.2.: «Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes».
Es bien sabido que, a lo largo de las legislaturas de la Farsa del 78, se ha forzado hasta lo inverosímil el espíritu y la letra de la Constitución. Los abusos sobre ella han sido gravísimos y abundantes. No se trata aquí de enumerarlos, sería premioso dada su copiosidad. Pero sí de recordar que nada han hecho hasta la fecha quienes por ley están obligados a impedirlos.
Esta inactividad les ha señalado como desleales a su juramento, olvidando la responsabilidad contraída hacia una Nación configurada mediante la adhesión a un pasado memorable y con el propósito de afrontar un futuro de progreso en común. Si desde cualquier puesto de alto deber y compromiso se ultraja a dicha nación, no sólo los culpables quedan estigmatizados por su bajeza, también la estructura jurídico-política queda abatida para la Historia.
Es obvio que el actual Gobierno socialcomunista es, de facto y legítimamente, abiertamente inconstitucional. Si antes de nacer no se aplastó el huevo de la serpiente venenosa en el vientre de la madre, eso no implica que haya que aceptar la vigencia de la víbora sine die. Los efectos indeseables de su permanencia en el poder los estamos viendo diariamente. Luego no puede aplazarse su cese por más tiempo.
De lo contrario, si se permite que el veneno siga inficionando la atmósfera jurídico-política y social —y también internacional—, España dejará de ser la Nación soberana que define nuestra Norma suprema. La destrucción de España no debe aceptarse ni siquiera como posibilidad. Resulta inexplicable la atrofiada actitud de aquellas instituciones que por ley y potestad deben imposibilitar todo amago de derribo al Estado. Y más incompresible aún es que también se impida a los ofendidos defenderse contra las agresiones. Es hora de revertir una situación tan ultrajante.
Si se desafía a la patria, la patria ha de responder. Si se ultraja a España, los españoles —abandonados por el Estado— están obligados a reaccionar. Su defensa les honra, tanto como desvela la abyección de los traidores. El heroísmo no constituye un deber inexcusable, pero sí lo es resistirse a la agresión y al abuso, a la claudicación política y al envilecimiento moral. La aceptación como inevitable y normal de lo que es aberrante o injusto conduce inexorablemente al envilecimiento.
Tras lo dicho y, a modo de colofón, conviene advertir de lo inconveniente del fatalismo en el caso que nos ocupa. Una cosa es que nos creamos que somos el conejo que fascina a la anaconda, lo cual sería una estupidez, y otra que, sin enfrentarnos con energía al peligro, nos dejemos seducir por la serpiente. Aquí y ahora, muchas voces —y me refiero a las que no son sospechosas de quintacolumnismo, porque las otras ya sabemos que llevan décadas minando a la patria— están dando por perdidas a Ceuta y a Melilla.
Esta sorprendente actitud, que es como dejar carne al lobo, parece sacada de una fiesta de agonías atónitos; pero deberíamos saber que en las fiestas de los derrotistas y de los boquiabiertos todos los diablos medran.
No es ésta la hora de los cobardes, ni la de los pusilánimes, ni la de los agoreros, sino la de los que, sintiendo con el corazón, saben que todas las palabras y todas las horas se pierden si no se entienden y emplean con el amor a la dignidad, a la verdad y a la patria. Y a la historia. Ceuta y Melilla son plazas profunda y sentidamente españolas. Lo dice la Historia y lo dicen sus tratados y pactos internacionales. Y lo dice nuestra voz, la voz del pueblo libre español. Y la voz de nuestro pueblo libre —de España— es la voz de Dios.
Jesús Aguilar Marina | Poeta, crítico, articulista y narrador
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