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Ya hace más de un mes de la llegada masiva a Ceuta de un enorme contingente de magrebíes y subsaharianos ilegales de los que en ningún momento hemos podido conocer siquiera la cifra exacta. Tiempo suficiente para que el presente análisis no pueda tacharse de prematuro. Este contingente se ha instalado, de manera permanente, en las calles, plazas y playas de la ciudad de Ceuta. Circunstancia que está ocasionando un tremendo caos sanitario, económico, empresarial y de orden público en la ciudad.
No se trata de un capítulo más de inmigración ilegal, más o menos aleatoria, como la que llevamos años recibiendo de forma sistemática y al que nuestras autoridades no han querido poner solución, sino de una invasión organizada a conciencia a poco que nos fijemos en el número de migrantes recibido en un solo día.
Hasta la fecha, nada se ha hecho, por parte de nuestras autoridades, salvo blanquear la imagen del principal culpable de esta agresión a nuestras fronteras. Culpable que no es otro sino Marruecos, que puede haber actuado por acción o por omisión.
Es una antigua pretensión de Marruecos la de anexionar todas las plazas españolas del norte de África como son las ciudades de Ceuta y Melilla, los peñones de Perejil y Vélez de Gomera y las islas Alhucemas y Chafarinas. Plazas cuya españolidad es anterior a la propia existencia de Marruecos. Conseguidas estas primeras piezas del puzzle, si la cosa le resultase fácil, el siguiente objetivo será, con toda seguridad, el de intentar anexionar las islas Canarias.
A pesar de la manifiesta implicación de Marruecos en la situación creada en Ceuta, ninguna medida se ha tomado por parte de nuestras autoridades en respuesta a su acto hostil. Recordemos que no ha habido ninguna represalia diplomática. Tampoco se han cuestionado las ayudas que España y la CEE ofrecen a Marruecos a cambio de que controle el paso de la inmigración ilegal a Europa. No se ha reconsiderado el trato de favor que Europa ofrece a las exportaciones agrícolas marroquíes que se venden en Europa sin satisfacer las mismas exigencias de índole social y sanitarias que, por el contrario, sí se aplican a los productos españoles.
Puestos a abrir la mano al intercambio de cromos, recordemos que Marruecos recibe el gas natural que España le ofrece a través de un gaseoducto dedicado de forma exclusiva a ese propósito. Gas que nunca recibiría de Argelia, país productor y vecino, dado el enfrentamiento entre ambos países como consecuencia de la anexión del Sahara por parte de Marruecos, sin permitir la autodeterminación de ese territorio. Un corte del gas, o un corte de la red digital de comunicaciones que lo une con Europa, o tal vez, una eliminación de las paguitas que reciben los inmigrantes marroquíes y de la que seguramente recibe un retorno la familia real marroquí, es posible que les hiciera reflexionar un poco.
Por otra parte, ¿qué sentido tendría seguir manteniendo la organización del mundial de fútbol 2030 con un país hostil como Marruecos que pretende invadir nuestro territorio? En mi opinión, ya no se puede tratar de ineptitud de nuestros gobernantes, sino de algo mucho más grave que bien pudiera vincularse a la deslealtad y traición a los intereses de nuestra nación.
Seguir financiando, con nuestros impuestos, a las ONGs que consideran a los invasores como refugiados, tampoco ayuda a que el conflicto alcance su fin. Más bien todo lo contrario, porque servirá de efecto llamada. No confundamos la ayuda humanitaria de la Cruz Roja a los prisioneros de los campos de concentración nazis, que no estaban allí precisamente por su voluntad, con la que se ofrece a los invasores de Ceuta a los que nadie retiene y podrían volver, libremente, a su lugar de procedencia. La Caridad debe realizarse de forma individual y voluntaria y no debería servir de excusa para financiar despropósitos.
Marruecos busca, lejos de una acción militar que obligaría a la OTAN a intervenir en nuestro favor, una guerra híbrida con objeto de producir el desgaste de la convivencia, el control de la mayoría de la población y el abandono progresivo de la ciudad por parte de los ciudadanos españoles, que acabarán malvendiendo sus propiedades antes de que éstas se devalúen aún más.
La guerra híbrida es un conflicto que puede combinar las tácticas militares tradicionales con métodos no convencionales como ciberataques, sabotajes a infraestructuras críticas, alteración del orden público, bloqueo de la actividad económica, desinformación interesada y todo aquello que pueda servir para desestabilizar a un país, o región, sin llegar a una guerra abierta. Las declaraciones reiteradas de miembros del gobierno marroquí sobre sus pretensiones anexionistas no permiten albergar ninguna duda sobre su implicación.
La descarada debilidad que muestra nuestro Gobierno frente a Marruecos, ante una agresión tan grave como ésta, no puede obedecer a una maniobra inteligente, a poco que entendamos que cuanto más tarde se aborde un problema más costosa resulta su solución. Tampoco creo que se trate de una actitud cobarde, por parte de nuestros militares y fuerzas de seguridad. Más bien creo que obedece a un chantaje o a un pago de lealtades para conseguir una traición del gobierno socialista de nuestra nación. Circunstancia que solo encontraría algún parangón con el comportamiento felón del gobierno de Sagasta en la guerra contra los Estados Unidos de América en 1898, en la que perdimos, muy probablemente a cambio de una buena mordida procedente de la masonería internacional, los territorios de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
Del Gobierno de la nación solo hemos recibido mentiras, algunas de ellas contradictorias, como en tantas otras crisis en las que ha tenido un papel deplorable. Si el CNI informó con antelación de la inminente invasión y no se pusieron las medidas, el comportamiento sería gravísimo. Si el CNI no informó, cuando es responsable de utilizar los medios de espionaje y vigilancia satelital que están a su disposición, entonces estaremos malgastando un dinero en mantener a un servicio inútil. El hecho de que se imponga el silencio a los miembros del CNI, bajo pena de sanción grave, hace pensar que el CNI sí que dio preaviso de la invasión, y se quiere evitar a toda costa que se conozca la verdad, evitando así, tener que inventar otra mentira para convencer a la parroquia.
Entre los invasores también ha aparecido un importante contingente de Menas que ayudarán a mejorar la fortuna de los que están al frente de tanta ONG, supuestamente humanitaria. No acabamos de entender que sigamos acogiendo niños de cualquier manera, cuando éstos con quien mejor pueden estar es con sus padres. No lo digo yo, lo dice la declaración universal de derechos humanos. Sin embargo, no solo los Menas representan un negocio para las ONGs sino cualquier migrante que justifique la existencia de estas organizaciones por los que reciben cantidades considerables de dinero a costa de nuestros impuestos.
Los medios que defienden al gobierno, entre los que se encuentran las televisiones públicas nacionales y los medios amamantados por la publicidad institucional, intentan victimizar a los invasores, calificando de xenófobos a los ciudadanos ceutís que se manifiestan reclamando recuperar su vida y la de sus familias alteradas gravemente por el incremento de delitos y la inseguridad ciudadana. Cuando el Estado no puede, o no quiere, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, resulta un derecho natural el protegerse haciendo uso de la legítima defensa.
Tarde o temprano se producirán las primeras víctimas. Víctimas de las que solo será responsable un Gobierno pusilánime que prefiere esconderse tras las mentiras y el falso buenismo. Apostaría a que, llegado ese triste momento, la izquierda radical, la misma partidaria del reemplazo según el maquiavélico plan Kalergi, se afanará en culpabilizar a la población ceutí aludiendo al sempiterno mantra de acusarles de fascismo y xenofobia.
Si la excusa que tiene el Gobierno para no actuar es que las leyes no permiten la expulsión de los invasores de Ceuta con facilidad, entonces habrá que cambiarlas, y pedir explicaciones a los responsables de esas nefastas leyes que han permitido el caos actual. Desgraciadamente, esta pobre excusa no sería intelectualmente válida para justificar que, conociendo los perversos efecto de las leyes vigentes, no se hayan adoptado medidas disuasorias que dificulten la entrada de invasores a nuestro país, y que estas medidas sigan aún sin tomarse después de lo vivido. Volvemos pues, inevitablemente, a la terrible hipótesis inicial de la traición. La táctica del apaciguamiento, frente a la hostilidad manifiesta, nunca ha dado buenos resultados. La historia lo ha venido demostrando de forma reiterada.
Siendo grave lo anterior, aún resulta más grave que nuestra Constitución no dote de mecanismos que permitan intervenir, de forma excepcional, en circunstancias de esta naturaleza. Circunstancias en las que incluso se hurta, injustificadamente, la posibilidad del debate parlamentario. Gobernando, descaradamente, a golpe de decreto ley. Ni siquiera el rey, máximo responsable de las fuerzas armadas, ni las mismas fuerzas armadas a las que la Constitución les concede la obligación de proteger las fronteras y garantizar la integridad territorial, parecen demasiado inquietos con lo que acontece en Ceuta o están inconcebiblemente maniatados. En cualquier caso, esto representa un absoluta dejación de las funciones que asigna la Constitución a las diferentes instituciones del Estado.
Sorprende también que Europa se quiera poner de perfil en este asunto, a excepción de unos pocos dirigentes como Meloni, cuando debiera estar bastante preocupada. España está en el espacio Schengen, lo que significa que cualquier persona que esté en nuestro país, incluso el peor delincuente del mundo, podría moverse por la CEE sin grandes obstáculos. Un ilegal puede traer consigo un grave historial delictivo o, incluso, pertenecer a una organización terrorista. Seguro que no todos los ilegales son así, ¿pero qué necesidad hay de exponerse? No creo que haga falta recordar al lector por dónde entra mayoritariamente el terrorismo islámico a nuestro país.
La agencia europea FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) tiene por objeto proteger la libre circulación en las fronteras de la Unión Europea. Gestiona el retorno, el asilo y la delincuencia en el espacio de libre circulación. Las funciones más visibles son colaborar con los Estados para controlar la llegada de migrantes y devolverles a sus países, evitando que puedan moverse dentro del espacio sin fronteras como es el espacio Schengen. También puede desplegar sus efectivos cuando un país no pueda gestionar sus fronteras y no sea capaz de enfrentarse, con sus medios, a una situación peligrosa para el mencionado espacio Schengen. Frontex puede intervenir sin necesidad de solicitud o autorización. Sin duda se trata de un fiasco más. ¿Si esta agencia fuese de alguna utilidad, por qué Meloni pidió excluir a España del espacio Schengen? ¿A qué está esperando esta Agencia para intervenir?
Hoy, día 2 de septiembre, se ha convocado, a las 8 de la tarde, una concentración frente a los ayuntamientos de toda España, en repulsa sobre la actuación complaciente de nuestro Gobierno ante la invasión de Ceuta a la que animo encarecidamente a todos los lectores a acudir. Ceuta, es una parte de España, tan importante como cualquier otra, y no puede quedar abandonada a su suerte. La invasión de Ceuta va a crear un precedente en el devenir de nuestro país. No olviden que cuanto más tarde se afronte un problema, más costoso será resolverlo. Mañana le puede tocar a cualquier otra ciudad, incluso a aquella en la que vivimos. «Los precedentes los carga el diablo».
Eusebio Alonso | licenciado en ciencias Físicas. Subdirector de Adelante España desde 2022
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