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Ustedes son muy jóvenes para acordarse de que en el primer gobierno de Pedro Sánchez dimitieron dos ministros por cosas nimias comparadas con la que ha caído los últimos años.
Corría junio de 2018. Sánchez llegaba a la Moncloa prometiendo «regeneración» y «política limpia». A los siete días dimitió su ministro de Cultura, Màxim Huerta, al conocerse una condena por defraudar 218.332 euros a Hacienda vía sociedad pantalla. Tres meses después dimitía la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por un máster irregular en la Rey Juan Carlos.
Eran casos menores: un fraude previo al cargo y un título dudoso. Ni comisiones ni sobres. Bastó la sospecha para que se apartaran. Desde entonces, ninguna dimisión más: nadie dimite, se resiste.
Ábalos y Cerdán: la línea roja que no fue
José Luis Ábalos, mano derecha del presidente, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, no dimitió: hubo que cesarlo. El Supremo lo condenó el 22 de junio de 2026 a 24 años y 3 meses por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso Mascarillas. Su asesor Koldo García recibió 19 años y 8 meses, con pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo probados.
Santos Cerdán, su sucesor en la Secretaría de Organización —ratificado por Sánchez en 2024—, acabó en prisión provisional en 2025. Dos secretarios de Organización consecutivos, entre rejas.
El cerco de 2026
Lo que en 2024 parecía cosa de un exministro es hoy un mapa judicial que roza su círculo íntimo:
– Álvaro García Ortiz, ex fiscal general, condenado en 2025 a dos años de inhabilitación por revelar datos sobre la pareja de Ayuso.
– Begoña Gómez, su esposa, con juicio abierto por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida y malversación; pasaporte retirado.
– David Sánchez, su hermano, juzgado por prevaricación en su contratación en la Diputación de Badajoz.
– Zapatero, investigado con sus hijas en el caso Plus Ultra.
– Leire Díez y Cerdán, imputados en la trama de «cloacas» del juez Pedraz.
– Cúpula de la Guardia Civil, González y Llamas, imputados por obstrucción, sin cese pedido por el Gobierno.
– Altos cargos de la SEPI, como Gualda, por los rescates de Air Europa y Tubos Reunidos.
Ninguno ha dimitido. El guion se repite: negar, cuestionar al instructor y, solo con sentencia firme, aceptar la salida a regañadientes.
De la defensa jurídica a la ofensiva comunicativa
El patrón de 2018 se ha invertido. El Gobierno traslada el foco de los hechos a quienes investigan. Sánchez llamó «farsa obscena» a la causa de su esposa y ve motivación política en las causas de su entorno. Que cuestione a jueces es verificable; que sea campaña orquestada es interpretación, rechazada por el Gobierno. Lo contrastable es la asimetría: en 2018 bastaba la sospecha; en 2026 ni las imputaciones familiares, ni las de la Guardia Civil o la SEPI, ni la condena al fiscal general han provocado una sola dimisión.
La vara de medir
En 2018 se dimitía por un máster; en 2026 se sigue en el cargo mientras la Guardia Civil documenta sobres, mordidas y adjudicaciones amañadas, y el cerco llega a esposa, hermano y exsecretarios generales. La ejemplaridad exigida a Rajoy —a quien la Gürtel costó la Moncloa— se evaporó cuando los focos apuntaron a su propia casa.
Se aplicó mientras servía para construir un relato, y se archivó al amenazar con desmontarlo. De la «política limpia» se ha pasado a una resistencia numantina: ya no cabe la autocrítica, solo la deslegitimación del mensajero.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
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