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El debate sobre la inmigración ilegal en España sufre una manipulación constante por parte de las estructuras gubernamentales. El Ejecutivo Central utiliza una retórica cargada de sentimentalismo para desactivar cualquier análisis crítico sobre la entrada descontrolada de personas en las fronteras. Los discursos oficiales imponen el término de menores extranjeros no acompañados (MENAS) como un escudo moral definitivo para despertar la empatía de la opinión pública. Esta estrategia busca presentar a estos jóvenes como colectivos vulnerables y extremadamente necesitados de protección institucional inmediata. Sin embargo, la realidad de las calles y los propios datos de los organismos judiciales desmontan pieza a pieza esta farsa diseñada en la Moncloa.
Los ciudadanos asisten a un teatro político donde el Gobierno de Pedro Sánchez y sus secuaces – con la ayuda inestimable del PP- priorizan la propaganda sobre la verdad, la seguridad y el orden socioeconómico. El uso de recursos públicos para sostener un sistema asistencial sobredimensionado y falso genera un profundo malestar en las clases trabajadoras. Las autoridades ocultan de manera deliberada la verdadera naturaleza de un flujo migratorio compuesto en su mayoría por varones en edad militar que conocen perfectamente los resquicios de las leyes de acogida. La ingeniería social del sanchismo camufla la delincuencia y el fraude mediante campañas de concienciación que culpan a la población autóctona de falta de solidaridad, mientras las instituciones miran hacia otro lado ante el abuso sistemático de las prestaciones sociales.
La Fiscalía de Madrid destapa las cifras del engaño
Los datos oficiales de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, y recogidos por El Debate, destruyen el dogma gubernamental de forma contundente y definitiva. En la Comunidad de Madrid, los procedimientos de investigación revelan que el setenta por ciento de los supuestos menores inmigrantes superan en realidad los dieciocho años de edad. Este fraude masivo ya no constituye una anécdota aislada en los centros de acogida, sino que representa la norma habitual en el territorio madrileño. La trampa burocrática alcanza dimensiones alarmantes al comprobar que este engaño afecta al cuarenta por ciento de los casos analizados en todo el territorio nacional, confirmando una estrategia de suplantación coordinada por las mafias de la inmigración.
El desglose de la actividad judicial en la Comunidad de Madrid durante el último ejercicio detalla la apertura de 848 expedientes específicos de determinación de edad. Esta cifra supone casi el doble respecto a los 482 procedimientos registrados en el período anterior. La mitad de estos expedientes terminaron en el archivo debido a la huida de los propios interesados. Los inmigrantes abandonaron el proceso de acogida de forma voluntaria antes de que los forenses les practicaran la prueba de la muñeca. Esta radiografía ósea resulta fundamental para descubrir la verdadera edad de los solicitantes y desenmascarar a los adultos que intentan beneficiarse ilegalmente de los privilegios legales destinados por ley a la infancia desprotegida.
Un sistema asistencial colapsado por adultos encubiertos
El análisis de las pruebas médicas concluidas ofrece un veredicto demoledor contra la propaganda del Estado. De los 378 inmigrantes que sí completaron el proceso clínico en Madrid, los médicos forenses confirmaron que tan solo 112 eran verdaderamente menores de edad. Por el contrario, 266 personas que declararon tener menos de dieciocho años al cruzar la frontera eran en realidad adultos con plena responsabilidad penal. Estas cifras oficiales demuestran que el fraude en el sistema asistencial de la capital de España se triplicó en apenas doce meses, un incremento que evidencia la total ineficacia de los controles gubernamentales en los puntos de entrada.
La Comunidad de Madrid destinó recursos humanos y financieros para atender a más de once mil menores extranjeros desde el año 2018. El Ejecutivo regional registró el ingreso de 2.442 jóvenes en su red de protección pública solo durante el último año. La saturación de estos centros especializados responde a la presencia masiva de adultos encubiertos que consumen presupuestos millonarios. Ante esta tesitura, la administración autonómica trasladó un total de veintinueve denuncias penales directas a la Policía Nacional. Los inspectores madrileños detectaron mediante inspecciones internas que estos usuarios ya gozaban de la mayoría de edad cuando accedieron fraudulentamente al amparo del sistema de protección de menores.
La dimensión nacional de un fraude descontrolado
La gravedad de la situación trasciende las fronteras de la capital e inunda la gestión de la Fiscalía General del Estado a nivel nacional. Las fiscalías territoriales incoaron un total de 7.562 diligencias preprocesales de determinación de edad a lo largo del último año. Este volumen de trabajo refleja un incremento de 140 procedimientos adicionales en comparación con los datos del ejercicio precedente. El colapso judicial y administrativo consolida un escenario de total impunidad donde los inmigrantes juegan con los tiempos de la burocracia para evitar su expulsión inmediata del territorio nacional.
Las conclusiones del Ministerio Fiscal a nivel estatal confirman que 2.447 expedientes atribuyeron de forma definitiva la mayoría de edad a los investigados. Las fiscalías consideraron menores o sospechosos de serlo a 3.825 individuos, mientras que otros 1.280 procedimientos quedaron bloqueados sin resolución médica. El abandono de los centros de internamiento por parte de los propios afectados impide finalizar los exámenes periciales básicos. En consecuencia, apenas la mitad de las personas sometidas a este control, el cincuenta coma cincuenta y ocho por ciento, superaron los indicios para su consideración legal como menores. El pueblo español sufre las consecuencias de una farsa migratoria que las leyes del Gobierno amparan, permitiendo que adultos con intereses económicos colapsen las estructuras sociales destinadas originariamente a los niños más desvalidos.
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