El Registro Central de Delincuentes Sexuales se creó con el objetivo de evitar que los condenados en España por estos crímenes realizaran actividades o trabajos en los que estuvieran en contacto con bebés, niños o adolescentes.
El Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS) alcanzó a 30 de junio de 2023 un total de 52.444 condenados inscritos, el 93% de ellos adultos (48.816) y un 7% menores (3.628), según la información facilitada por el Ministerio de Justicia.
Evitar el trabajo con menores
Por aquel entonces se quería evitar que cualquiera de ellos realizase cualquier actividad, trabajo o voluntariado en el que se estuviera en contacto con bebés, niños o adolescentes. De esta forma, ahora cualquier persona que pretende trabajar con estos, desde un trabajador de guardería hasta un monitor de campamento o un cocinero de un comedor escolar, debe acreditar en su puesto de trabajo que su historial está limpio.
La persona que pretende trabajar con menores -desde un trabajador de guardería hasta un monitor de campamento o un cocinero de un comedores escolar- debe acreditar que su historial está limpio. Deben presentar un certificado que acredite que no está incluida en dicho registro, como por ejemplo sucede con los profesores, quienes no pueden tener antecedentes penales por delitos sexuales para ejercer la docencia, una medida que intenta plantar cara a la reincidencia en este ámbito.
Este registro incluye los datos identificativos y el perfil genético de los condenados en sentencia firme por un juzgado, algunos en más de una ocasión, por agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima o del condenado.
Esta información abarca condenas establecidas tanto en España como en otros países. Dentro de esta lista, el año 2022 llegó a su término con 51.149 inscritos (47.626 adultos y 3.523 menores) frente a los 48.068 (45.012 frente a 3.056) con los que cerró 2021.
Cancelación de antecedentes
De los casi 52.500 condenados por delitos de naturaleza sexual en la actualidad, Andalucía aporta 10.061, casi dos de cada diez. Por detrás se sitúan Cataluña (7.823), la Comunidad Valenciana (6.868) y la Comunidad de Madrid (5.246) seguidas de Canarias (2.998), País Vasco (2.321), Región de Murcia (1.963), Galicia (2.365), Castilla y León (2.300) y Castilla-La Mancha (1.903).
La cancelación de estos antecedentes penales guarda relación con parámetros como la edad de la víctima. En el caso de que el condenado sea mayor de edad y haya causado el daño a un menor, los antecedentes no expirarán hasta tres décadas después de concluida la pena. En el resto de casos, la inscripción en este censo, que bebe tanto del Registro Central de Penados como del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores, se puede anular cuando se han cancelado los antecedentes penales entre seis meses y diez años después de terminada la pena, dependiendo de la gravedad de ésta.
Su próxima reforma, avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pretende la adaptación de la regulación del registro a las últimas reformas legislativas en la materia, a los avances tecnológicos y a la integración efectiva del sistema europeo de información de antecedentes penales (ECRIS).