La última (por ahora) de las aberrantes leyes que este gobierno nos va imponiendo no es la menos peligrosa. Al contrario, destruir legalmente la familia, aunque a corto plazo parezca menos dañino que la ley Trans o la ley del “síessí” tiene unos efectos todavía muchos perversos globalmente hablando.
A la espera de conocer el texto definitivo, los avances periodísticos nos hablan de los siguientes extremos:
- Definir por ley 16 “tipos de familias”, a imponer a todos los efectos es un totalitarismo onde el Estado se mete en circunstancias ajenas a él.
- Las definiciones, además, son incoherentes y algunas ridículas. Además una “familia” podría pertenecer a varios “tipos” de estos. Por ejemplo, una familia matrimonial, podrá ser además “biparental”, podrá ser “joven”, con “mayores necesidades de apoyo a la crianza”, ser “múltiple”, “intercultural”, “transnacional” y “en situación de vulnerabilidad”, vamos la mitad de los tipos en una, un lío absurdo.
- Se incluyen como familia a personas solas, es decir “todo” es familia, que es la mejor forma de decir que nada es familia.
- Algunas definiciones, además contienen errores lingüísticos, como lo de monomarental, como pretendido complemento de lo monoparental, cuando monoparental quiere decir un solo pariente. Si quieren definir estos neotipos familiares, que hablen bien, en todo caso monopaternal y monomaternal.
- Incluso algunas inclusiones ideológicas tan queridas para ellos como la “LGTBI” resaltaría una incoherencia al no existir su complemento “heterosexual”.
Así podríamos seguir, desgranando multitud de comentarios y ninguno positivo sobre estas “definiciones” tan absurdas.
Lo más grave de esta chapuza es que pretenden imponerlo a todos los efectos legales, y sobre todo para el adoctrinamiento obligatorio en los colegios a los niños sobre esto, declarando explícitamente que los padres no podrán oponerse.
Es decir, en el colmo de la barbarie y la incoherencia, una ley sobre familia se basa en que la familia no tiene derechos, sino que debe acatar y enseñar lo que decida el político de turno. Una auténtica aberración totalitaria, anticonstitucional y en contra de los derechos humanos reconocidos internacionalmente:
Constitución Española: Artículo 27.3 Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 26.3 Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Artículo 14.1 Se respetan, … el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-ONU: Artículo 18.4 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 2 Protocolo Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa: Artículo 2 El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
Y podríamos seguir citando textos semejantes. La familia es anterior al Estado, con derechos naturales que este debe respetar. Las administraciones deben apoyar a la familia para que cumpla sus funciones, no usurpárselas alegremente (más bien tristemente).
Parece que la ley puede tener algún aspecto positivo como extender alguna ayuda, pero su parte sustancial es tremendamente negativa para la familia y la sociedad.
En cualquier caso, habrá que oponerse por todos los medios a esta bomba antifamiliar y estar atentos a lo que finalmente va sucediendo.
 Mariano Martínez-Aedo es Presidente del Instituto de Política Familiar (IPF) |
