Vecinos de Galapagar preparan querella contra Pablo Iglesias

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Los vecinos de Galapagar que diariamente se trasladan hasta el domicilio de Pablo Iglesias para expresar su crítica a la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria presentarán una querella conjunta contra el vicepresidente segundo por un presunto delito cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales, coacciones y denuncia falsa con el agravante de cargo público.

Según ha podido saber OKDIARIO, alrededor de una veintena de personas se ha sumado a la querella contra el líder de Podemos. Estos vecinos han sido denunciados en los últimos meses y han recibido numerosas sanciones administrativas por protestar frente al ‘casoplón’ que Pablo Iglesias e Irene Montero tienen en la urbanización de ‘La Navata’ en Galapagar.

Tres delitos

Los  vecinos están cansados de recibir denuncias por ejercer derechos fundamentales (como la libre circulación y la libertad de expresión) y han preparado una querella conjunta contra Pablo Iglesias por tres delitos.

El primero de ellos hace referencia al cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales recogido en el artículo 542 del Código Penal según el cual: «Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

Además, incluyen un delito de coacción, que aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal, y se define como un delito contra la libertad, consistente en el uso de la violencia para impedir a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe, o bien le obliga a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o no. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción y los medios empleados.

Finalmente, apuntan a un delito de denuncia falsa recogido en el artículo 456 del Código Penal, que señala que «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados». En este caso, con el agravante de que Iglesias es un cargo público.

En los últimos tiempos, los casos de vecinos denunciados han sido numerosos.

Es el ejemplo de Claudina y Ascensión, que se enfrentaron a un juicio rápido que finalmente fue archivado tras ser denunciadas cuando paseaban por las inmediaciones del chalet portando la bandera de España y sintonizando en sus teléfonos móviles el himno nacional que, debido a la escasa capacidad del volumen, apenas podía oírse.

Las mujeres fueron identificadas y denunciadas por un presunto delito de desobediencia a la autoridad y en menos de 48 horas pasaron a disposición judicial. «Los juicios rápidos son propios de la época franquista», sentenció Claudina en declaraciones a este periódico.

No ha sido el único caso. La concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal, fue denunciada por la ministra de Igualdad por un supuesto delito de «coacciones» y «acoso diario en su domicilio y redes sociales» por acudir a las caceroladas diarias frente al domicilio de la ministra. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 solicitó finalmente el sobreseimiento provisional de la causa tras escuchar a las partes. Otro varapalo judicial para la pareja Iglesias-Montero que «sin fundamento jurídico se querellan contra los ciudadanos», manifiestan a OKDIARIO fuentes próximas a la causa.

La concejal aseguró que mientras no tenga «una orden judicial de alejamiento» seguirá yendo cada tarde a protestar frente al casoplón de los dirigentes de Podemos y demandando la dimisión del Gobierno. «No les tengo miedo», sentenció en conversación con este periódico.

(Teresa Gómez. OK Diario)