El Gobierno Vasco señala a la «extrema derecha» como nueva «amenaza para la convivencia democrática», dentro de su Plan General de Seguridad Pública y en el mismo apartado que la banda terrorista ETA, a la que da por desactivada.
Aunque no hay mención expresa a Vox, la referencia va claramente dirigida a la formación política de Santiago Abascal. El documento, que establece los objetivos y medidas para el modelo público de seguridad integral del País Vasco, destaca como «potencial riesgo» aquellas «personas u organizaciones encuadrables en la denominada extrema derecha, ya que el cuestionamiento radical de las instituciones y el uso de la violencia como posible recurso estratégico, suelen estar presentes, igualmente, en el discurso que alimenta este espacio ideológico y social».
Si bien señala que en la comunidad autónoma «la actividad de estos grupos es residual» se avisa también de que «a la vista de la evolución de la extrema derecha en el marco internacional, no debe descartarse como una posible amenaza a fin de establecer, en su caso, los mecanismos oportunos para su conjugación».
La observación se enmarca bajo el mismo epígrafe en el que se aborda la situación de la violencia terrorista, concluyendo al respecto que ETA «cesó su actividad hace años» y «en unos términos que permiten descartar su retorno a la actividad».
El Plan sí alerta además de «la posibilidad de que la convivencia democrática pueda verse amenazada, de manera violenta, a través de alguno de los colectivos que plantean una confrontación abierta, directa y contundente con el marco jurídico-político e institucional vigente, así como con las iniciativas que de él dimanan».
«Desde una organización diversa y aparentemente inconexa, quienes comparten, en diferente grado, un ideario de ruptura violenta del estatus quo, podrían promover acciones encaminadas a provocar una quiebra institucional abrupta, al margen de los procedimientos democráticos», advierten desde el Ejecutivo de Urkullu.
Avisan de que «los grupos y organizaciones que comparten esa cosmovisión del cambio violento parasitan, con frecuencia, algunos movimientos sociales, arrastrándolos hacia posiciones y dinámicas de lucha abierta contra el sistema y de ruptura fáctica con el marco institucional democráticamente aprobado» y «en este sentido, no es descartable que grupos que no han dejado de ejercer la violencia en diferentes grados, aspiren a aprovechar para sus estrategias el empeoramiento que pueden experimentar las condiciones económicas globales tras la crisis del coronavirus».
Sin mención a Policía ni Guardia Civil
El Plan General de Seguridad Pública 2020-2025 critica además a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), señalando como «amenaza» su «reposicionamiento».
Así, el Gobierno Vasco arremete contra las «interpretaciones sesgadas del marco competencial» y opina que las FCSE «buscan tener visibilidad entrando en determinados nichos sobre la base de una interpretación parcial de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no tienen en cuenta las Disposiciones Finales de la propia ley con relación a las competencias que el artículo 17 del Estatuto de Autonomía atribuye a las Administraciones de Euskadi en materias como la seguridad ciudadana, el tráfico o las emergencias».
A lo largo del documento, de 139 páginas, no existe mención alguna a la Policía y la Guardia Civil.
En contraposición, sí se señala el déficit de agentes de la Ertzaintza, que se cuantifica en unos 800 profesionales, un 10% de su plantilla. «Lo que unido al alto porcentaje de agentes mayores de 55 años que se pueden acoger a exenciones de servicio y el alto absentismo (10%), limita la operatividad. También hay dificultades para incorporar profesionales especialistas en áreas concretas», se destaca.
(Luz Sela. OK Diario)
