Justo en el final de la campaña de Madrid, ha saltado la noticia de que el gobierno había comunicado a Bruselas su intención de eliminar la bonificación de la declaración conjunta (o la misma posibilidad de declaración conjunta, no están claras las noticias).
Evidentemente la filtración ha disgustado al gobierno, no es la mejor jugada anunciar a cientos de miles de votantes madrileños que les van a subir fuertemente los impuestos porque “quieren potenciar el trabajo femenino”. Rápidamente han aparecido declaraciones ambiguas en el sentido de dar marcha atrás pero cualquier persona enterada sabe que entra dentro de sus preferencias. Ya el gobierno Zapatero lo expresó así en 2007, en el preámbulo de su reforma del IRPF: : “La política de no discriminación por razón de género y razones de simplificación de la gestión del impuesto podrían justificar su revisión (la eliminación de la tributación conjunta)”, aunque la mantuviera “de momento”. Ahora queda más “elegante” hablar de que “desincentiva el trabajo del segundo perceptor, normalmente mujeres”.
Tras este motivo ideológico, donde los socialistas parecen imponer el ultraindividualismo fiscal, como forma de combatir la familia, se une otro motivo ampliamente querido por el socialismo: el recaudatorio, los impuestos, cuanto más altos mejor. Los impuestos, necesarios en cualquier sociedad, cuando pasan ciertos límites pasan a ser formas suavizadas de colectivismo, pues bien, el socialismo siempre quiere subir los impuestos porque es una forma más suave de estatalizar la economía y la sociedad.
De esta forma, cualquier forma de justicia fiscal desaparece del horizonte de estos ideólogos. Hasta los sesudos estudios que elaboran, y tras los que se justifica el gobierno para estas decisiones, parecen muy sesgados, porque además de la justicia fiscal que cualquiera puede entender, cuando ve que dos familias con los mismos ingresos pagan impuestos muy diferentes según sea el reparto de los ingresos, y que esta bonificación fiscal sólo atenúa. Evidentemente que eliminarla supone recaudar más, pero precisamente de la forma más injusta porque se gravaría más a dos familias con los mismo ingresos, y se iría contra la Constitución que por una parte atribuye a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” (art.9.2), y por otra que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”(Art.31). Pues bien, ¿dónde queda la igualdad y la progresividad si a dos familias con los mismos ingresos sufren impuestos muy diferentes sólo por un criterio fiscal, que además es opuesto al Código Civil ya que define en su artículo 1347 que son bienes gananciales los obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges sin embargo sólo a efectos fiscales esto no es así.
Por otra parte, la conclusión de los “expertos” del gobierno de que desincentiva el trabajo del segundo perceptor es, como mínimo, tendenciosos. En cualquier franja de rentas, la diferencia entre la tributación conjunta con un cónyuge sin trabajo y otro con el salario mínimo la diferencia fiscal no es significativa para desincentivar el trabajo. Por poner un ejemplo, en un matrimonio con un hijo, si el primer perceptor tiene un sueldo bruto de 25.000€ y el segundo 0€ pagaría 2.571€ en conjunta (3.783€ en individuales), si el segundo pasa a obtener el salario mínimo, pasarían a pagar 3.783€ (en individual), es decir que pagarían 1.212€ más (sólo un 9% del nuevo ingreso).
Sería mucho más justo y sencillo acercarse al modelo alemán o francés, asignando a cada cónyuge en gananciales (la inmensa mayoría en España) que declare por la mitad de los ingresos suyos y de su cónyuge, no habría necesidad de declaraciones conjuntas, pero claro, eso favorecería a las familias y además permitiría una mayor justicia fiscal, con lo que aquellas perjudicadas actualmente pagarían menos, justo lo contrario de lo que desean nuestros sátrapas fiscales socialistas.
En definitiva, un paso más (aunque ahora parezcan recular) en la lucha contra la familia, también en lo fiscal. Es necesario no sólo parar ahora este golpe, sino reformar la fiscalidad profundamente para que la justicia fiscal para las familias sea realidad en España. Si simplemente criticamos este paso para retrasarlo, simplemente alargaremos un poco más la imposición de la fiscalidad antifamiliar. Es necesario reformar la fiscalidad desde una perspectiva familiar, y no antifamiliar como nuestro gobierno quiere imponer.
