Un año después del asesinato de los guardias civiles en Barbate, sigue el abandono del gobierno: entre la negligencia y la complicidad

Este domingo 9 de febrero se cumplió un año del asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González en Barbate, un triste recordatorio del desamparo en el que se encuentran las fuerzas de seguridad en su lucha contra el narcotráfico. Un año después, la situación demuestra no solo la falta de apoyo institucional, sino también una preocupante inacción gubernamental que podría interpretarse como una complicidad indirecta con los delincuentes.

Un crimen sin justicia efectiva

El 9 de febrero se cumplió un año de este brutal asesinato, donde los agentes fueron arrollados por una narcolancha. Actualmente, y tal como recoge el Cierre Digital, Karim El Baqqali, Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet están en prisión preventiva a la espera de juicio, mientras que Abdennour El Hichou sigue en paradero desconocido con una orden de busca y captura internacional. La falta de contundencia en la investigación y la tibieza en la respuesta judicial muestran una preocupante dejadez por parte del gobierno.

Un homenaje silenciado

El desinterés del Ejecutivo se hizo aún más evidente en los actos de homenaje a los caídos. A pesar de las concentraciones en Barbate y Cádiz, el Ministerio del Interior prohibió a los guardias civiles vestir su uniforme en el homenaje. Este gesto es una afrenta a la memoria de los agentes y una muestra de la falta de reconocimiento institucional a quienes se juegan la vida para garantizar la seguridad del país.

Una investigación con sombras

Según informa El Cierre Digital, el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Barbate, dirigido por el magistrado Ángel Rojas, ordenó una pericial para determinar si las muertes fueron accidentales o intencionadas. Mientras la UCO se inclina por la hipótesis de un homicidio intencional, la defensa de Baqqali argumenta que intentó esquivar a los agentes. La diferencia en la interpretación de los hechos es crucial, pues una sentencia por homicidio imprudente podría reducir la pena a tan solo cuatro años, mientras que un asesinato intencionado conllevaría hasta 25 años de prisión.

Causa contra los mandos de la Guardia Civil

Las asociaciones de guardias civiles han denunciado también la responsabilidad de algunos mandos en el operativo de Barbate. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Jucil solicitaron abrir una causa contra el coronel de la Comandancia de Cádiz y el general de la Guardia Civil de Andalucía, acusándolos de homicidio imprudente. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz archivó la causa, exonerando a los mandos de cualquier responsabilidad.

El sindicato AUGC ha recurrido esta decisión, denunciando que «se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva» y exigiendo que «se valore la gravedad de los hechos y se actúe con transparencia«. Además, han criticado que la Fiscalía se haya opuesto a incluir nuevas evidencias como audios que podrían ser clave en la investigación.

El abandono de los guardias civiles

La disolución del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur) por parte del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue un duro golpe en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. Esta región, que constituye una de las principales vías de entrada de droga a Europa, ha visto un aumento alarmante en la actividad de los cárteles desde que esta unidad especializada fue desmantelada en 2022. La decisión, con la excusa de por razones «operativas», generó ya en su día una oleada de críticas y ha reavivado las sospechas sobre posibles intereses subyacentes que podrían estar beneficiando a ciertos sectores en Marruecos.

La sensación entre los agentes es de total desamparo. «Los guardias sienten que están abandonados por el gobierno. Un año desde los asesinatos de nuestros compañeros y todo sigue igual«, denuncian desde la AUGC. A pesar de la tragedia, no se han implementado cambios significativos: no se han añadido grupos de riesgo, no se han mejorado los medios, no se han creado juzgados especializados y no se ha reforzado el estatus de autoridad de los agentes.

Es más, aseguran que la situación «ha empeorado» porque el narcotráfico ha ido en aumento: «Nosotros notamos que hay muchas más narcolanchas en el agua. Estos días se ha visto por televisión como subían por el Guadalquivir a plena luz del día hasta llegar casi a La Cartuja, en Sevilla. Los narcos son plenamente conscientes de que las embarcaciones de la Guardia Civil no pueden interceptarlos y se sienten totalmente impunes. Nos siguen saludando desde el agua sin que podamos hacer nada».

Este abandono es una clara muestra de negligencia por parte del Ejecutivo, que no solo ha fallado en brindar apoyo a los agentes caídos, sino que también ha dejado a sus compañeros desprotegidos en una lucha cada vez más peligrosa contra el narcotráfico.

El caso de Barbate es símbolo del desprecio del gobierno hacia quienes arriesgan sus vidas por la seguridad de España. El abandono a los agentes no solo es una muestra de inoperancia, sino que también deja abierta la duda sobre qué intereses está defendiendo realmente el Ejecutivo.