Tribunal de La Haya y los crímenes de lesa humanidad del régimen chavista

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Considerados como un delito de especial gravedad, están incluidos entre los cuatro crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) anunció este lunes a través de un informe que ha encontrado fundamentos razonables para creer queal menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del régimen de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos en Venezuela.

Los crimen de lesa humanidad son considerados como un delito de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este tipo de delitos están incluidos entre los cuatro crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, junto al crimen de genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Y como tales, desde 1968 se ha establecido su imprescriptibilidad.

Pues bien, el TPI enumeró en el documento las fuerzas de seguridad del régimen chavista cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: “la Policía Nacional Bolivariana; (”PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (“DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.

Dicho informe también menciona a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.

De igual modo la persecución política también se incluye en el documento presentado por la fiscal general Fatou Bensouda, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

Esta conclusión del TPI coincide con la de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA. En el caso de las Naciones Unidas, la Misión Internacional indicó el pasado mes de septiembre que “Maduro tiene responsabilidad directa en crímenes de Lesa Humanidad” cometidos desde 2014. Encontraron 53 ejecuciones extrajudiciales, así como también 2.552 casos donde los organismos de seguridad mataron a 5.094 personas.

Por su parte, la OEA actualizó a principios de diciembre un documento que había remitido al TPI donde llegó a las mismas conclusiones. Entre 2014 y 2020 hallaron 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

Esta investigación también reveló 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que “la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos”. Asimismo, el informe de la OEA certificó 15.501 detenciones arbitrarias.

La sentencia máxima del Tribunal Penal Internacional es de 30 años de prisión, pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por el TPI desde su creación, aunque no todos han pasado tiempo entre rejas: 12 criminales se encuentran prófugos y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.

(Diario La Razón)

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