El Tribunal de Cuentas inició la semana pasada una investigación para determinar si existe alguna responsabilidad contable en la adjudicación que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó durante el estado de alarma para la elaboración de los barómetros de abril y mayo.

Este contrato fue autorizado por el organismo presidido por el dirigente socialista José Félix Tezanos en plena pandemia a través de un procedimiento de emergencia: fue adjudicado a la empresa Intercampo –con la que la fundación de Tezanos ya había trabajado– por un importe total de 90.000 euros y comprendió la realización de dos estudios demoscópicos. En ambos se incluyó una estimación electoral y una valoración por parte de los encuestados de las medidas adoptadas y la situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus.

Barómetros Covid de abril y mayo. Es la adjudicación que está investigando el Tribunal de Cuentas.
Barómetros Covid de abril y mayo. Es la adjudicación que está investigando el Tribunal de Cuentas./Foto: La Razón/La Razón

Tras conocerse que el Tribunal de Cuentas estudiaría los detalles de este contrato, el CIS hizo público el jueves un comunicado en el que defendía la legalidad de la adjudicación y negaba que ésta se hubiese realizado «a dedo» a la empresa Intercampo con el argumento de que fueron solicitados varios presupuestos: «Es incierto que el CIS decidiera este contrato a dedo y sin pedir varias ofertas, ya que, aunque la legislación no lo exige, se procedió a solicitar cuatro ofertas a cuatro empresas con suficiente experiencia y capacidad de obrar en este ámbito, con la finalidad de obtener la mejor oferta en precio, calidad, plazos y garantías técnicas». Este punto del comunicado del CIS termina relatando cómo, «de hecho, el encargo se hizo a la mejor oferta en calidad, plazos y precio».

Sin embargo, el expediente del contrato de estos dos «barómetros especiales sobre las medidas adoptadas respecto al Covid-19» contradice la versión dada por José Félix Tezanos. Tanto en el anuncio de la adjudicación (aprobada el 8 de mayo) como en el de la formalización del contrato (suscrita el 11 de mayo) se especifica que sólo se recibió una única oferta. Figura así en ambos documentos en el apartado reservado a la «información sobre las ofertas» y lo deja claro: «Ofertas recibidas: 1». El Boletín Oficial del Estado publicó los detalles de este contrato siete días más tarde, en su edición del 18 de mayo, y allí se da cuenta también de que se recibió sólo una oferta.

Tras la polémica del contrato de las encuestas de abril y mayo, en el expediente de la adjudicación para junio y julio sí figura que el CIS solicitó cuatro ofertas
Tras la polémica del contrato de las encuestas de abril y mayo, en el expediente de la adjudicación para junio y julio sí figura que el CIS solicitó cuatro ofertas/Foto: La Razón/La Razón

Y a ello se une el resumen del expediente publicado en la propia Plataforma de Contratación del Sector Público, en el que se detalla que únicamente se presentó un licitador. En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del pasado 19 de mayo, Tezanos ya afirmó que el CIS había solicitado estos cuatro presupuestos de cuya existencia no figura ningún dato en el portal que reúne la información sobre las adjudicaciones realizadas por todas las administraciones del Estado.

De hecho, en el expediente del nuevo contrato suscrito por el CIS para la realización de los barómetros de los meses de mayo y julio sí figura que se hayan recibido cuatro ofertas. La adjudicataria, en esta ocasión, ha sido la empresa Imop Insights S.A por el mismo importe, es decir, 90.000 euros (74.380,17 euros sin impuestos). Entre ambos contratos se da otra diferencia. En el que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, el relativo a los barómetros de los meses de abril y mayo, el anuncio de formalización del contrato señala que el motivo de la adjudicación ha sido una «contratación por emergencia derivada de los efectos del Covid-19». En el expediente de la última adjudicación realizada por el CIS de Tezanos, la que concierne a los barómetros de junio y julio, se da cuenta de otra motivación: «Mejor oferta principio calidad precio». Una razón, está última, que sí tiene que ver precisamente con la concurrencia de varias ofertas.

Tras la publicación del barómetro de abril y después de conocerse el importe y las condiciones concretas de esta adjudicación, un abogado denunció a Tezanos ante la Justicia por un presunto delito contra los derechos individuales y otro de malversación. Argumentaba esta denuncia que el CIS incluyó en su cuestionario preguntas capciosas cuyos resultados, por ejemplo en lo que afectaba al establecimiento de límites a los medios comunicación, ponían en entredicho o conculcaban el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. El titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, sin embargo, no apreció delito en este estudio. Pese a ello, remitió la denuncia al Tribunal de Cuentas con el fin de que éste dilucidara la existencia de algún tipo de irregularidad contable en la adjudicación. Ahora, será este órgano fiscalizador el encargado de dirimir si existe algún tipo de responsabilidad para lo que pedirá a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que emitan su posición al respecto.

Polémica pregunta

Al margen de los detalles administrativos de la adjudicación de este contrato, el barómetro de abril del CIS se vio envuelto en la polémica por incluir una pregunta sobre la conveniencia de establecer límites al derecho a la información así como de controlar a los medios de comunicación. La pregunta de la polémica fue la siguiente: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?».

A lo controvertido del enunciado se añadió el hecho de que hasta un 66% de los encuestados se mostró a favor de «restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente de información oficial». Esta polémica fue la que llevó a varios grupos de la oposición a solicitar la comparecencia de Tezanos en el Congreso. En la Cámara Baja reconoció que la redacción de la pregunta «es muy mejorable», aunque insistió en que su enunciado «se entiende» y las respuestas eran «claras». «Se preguntaba qué hacer con los bulos, en ese momento y sobre el coronavirus, no sobre la libertad de información», añadió el sociólogo para justificarse.

(Pablo Gómez. Diario La Razón)

Por Redaccion

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