El pasado 24 de junio de 2021 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional una licencia urbanística para la habilitación de los accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Sin embargo, distintas asociaciones llevaron la concesión de esta licencia a los tribunales interponiendo un recurso que ha sido estimado.
Acusa al arquitecto municipal de falta de motivación
La magistrada Eva María Bru es clara y acusa al arquitecto municipal de falta de motivación. «El informe del arquitecto municipal se limita a reproducir la normativa que afecta al Bien y el proyecto tal como fue presentado sin entrar en ningún momento a determinar la conformidad de la solicitud con la legalidad urbanística», reza la sentencia. Además, la jueza también señala que el acuerdo municipal es un «copia y pega» de aquel informe, al que únicamente se añade la reproducción textual de los artículos de la Ley del Suelo referidos a las licencias urbanísticas. De este modo, la jueza concluye que la resolución impugnada no está motivada.
La demanda presentada explica que las obras autorizadas por la licencia impugnada no tienen la condición de obras de mantenimiento, ni de rehabilitación -las únicas que están permitidas atendiendo al grado de Protección Integral de la Basílica están en la ficha I-40 del Catálogo de San Lorenzo de El Escorial-, sino que se trata de obras de consolidación, de demolición y de obra nueva.
De esta forma, la sentencia señala a Patrimonio Nacional por excederse con la autorización urbanística que se le dio desde el consistorio de San Lorenzo de El Escorial. Según se deduce del documento judicial, para este tipo de obras se debe elaborar un plan especial más allá de una licencia urbanística.
Obra Protegida
La Asociación Reconciliación y Verdad Histórica llevó este asunto a los tribunales. Tras la decisión del juez, desde la asociación exigen la paralización absoluta de todas las actuaciones que se está llevando en Valle de los Caídos.
«El Valle de los Caídos es una obra monumental protegida por la Ley; merece su respeto y conservación, para su traslado a las generaciones venideras de Españoles en toda su grandeza, significado e identidad», explican desde la asociación en un comunicado remitido a los medios de comunicación.
Asimismo, la asociación también denuncia el mal estado en el que se encuentra el complejo. «El Gobierno está negando precisamente las obras que sí que serían de mantenimiento, porque lo que busca Pedro Sánchez es su destrucción a cámara lenta, su ruina total», zanja la asociación.
El Ministerio Fiscal se opuso el pasado 12 de julio a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
Quieren exhumar a 128 personas de las 33.847 que hay enterradas
La sentencia judicial de 2016 hablaba de «la alta probabilidad» de tener localizados los restos de los Lapeña en una cripta del piso tercero, en la capilla del Santo Sepulcro, y, para ADVC, sólo autorizaba a «verificar» si eran ellos y no a su «exhumación» y «mucho menos a la de 128 personas», por lo que califica la operación de «ilegal».
Además, según el portavoz de esta asociación «de los 128 que se ha propuesto exhumar el gobierno» hay «unos 70 aproximadamente que pueden estar en los osarios donde se han iniciado los trabajos», en la capilla del Santo Sepulcro, pero «los otros 58 están en el resto de la Basílica, por ahí dispersados, es decir, están dando falsas expectativas hasta los propios peticionarios».
(Con información de OK Diario)
