Los impuestos baten récord hasta marzo con subidas generalizadas: un 12 % más en el primer trimestre
Bajo el mandato de Pedro Sánchez, la Agencia Tributaria ha dejado de ser una herramienta de redistribución para transformarse en una maquinaria de extracción masiva de rentas. Los datos del primer trimestre de 2026 son una bofetada a la realidad de las familias: 73.950 millones de euros recaudados en solo tres meses. Un incremento del 11,7 % respecto al año anterior. Un aumento que llega después de un 2025 ya marcado por cifras récord y que apunta a otro ejercicio al alza y que confirma una deriva inaceptable: mientras los hogares hacen malabares para llegar a fin de mes, el Gobierno bate récords de recaudación a su costa.
El afán recaudatorio como política de Estado
Este aumento no es fruto de una economía boyante ni de un crecimiento milagroso del tejido productivo. Es el resultado de un diseño fiscal perverso. Sánchez no ha generado riqueza; ha perfeccionado el arte de confiscarla. Recaudar un 11,7 % más en un contexto donde el poder adquisitivo de los españoles se desangra no es un éxito de gestión, es un saqueo institucionalizado.
Lo más sangrante de este récord es que se produce en un escenario de inflación persistente. El Gobierno se ha convertido en el principal beneficiario de la subida de precios. Al no deflactar la tarifa del IRPF —es decir, al no ajustar los tramos del impuesto al coste real de la vida—, Sánchez está sometiendo a los trabajadores a una subida de impuestos encubierta. Cada vez que a un español le suben el sueldo para compensar mínimamente la inflación, el Estado le da un mordisco mayor a su nómina, saltando a tramos superiores sin que su capacidad de compra haya mejorado un solo ápice. Es el castigo al esfuerzo y la trampa de la progresividad mal entendida.
El IVA: Cobrar por la supervivencia
El crecimiento del 10,4 % en la recaudación por IVA es la prueba irrefutable de que este Gobierno se lucra con el encarecimiento de la cesta de la compra. Cuando el precio del aceite, la carne o los huevos sube, el Estado recauda más. Es una inmoralidad política que Sánchez mantenga la presión fiscal sobre productos básicos mientras las familias se ven obligadas a reducir su consumo de alimentos frescos.
El Ejecutivo presenta este aumento de ingresos como «necesario para mantener los servicios públicos», pero la realidad es que el gasto político no deja de crecer. Se nos dice que el dinero va a sanidad y educación, pero lo que percibe el ciudadano es una degradación de los servicios mientras el número de ministerios, asesores y gastos superfluos de la administración central se mantiene en niveles faraónicos. El ciudadano paga como suizo para recibir servicios que cada vez se alejan más de los estándares de calidad prometidos.
El Impuesto de Sociedades y el castigo al empleo
La subida del 18 % en el Impuesto de Sociedades es otro clavo en el ataúd de la competitividad española. En un momento en que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) —que son el verdadero motor de empleo en España— luchan contra los costes energéticos y el aumento de las cotizaciones sociales, el Gobierno decide apretar más la soga.
Castigar el beneficio empresarial es, en última instancia, castigar la inversión y la creación de empleo futuro. Este Gobierno parece olvidar que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y en las cuentas de las empresas que generan trabajo, no en una caja común gestionada por un Ejecutivo cuya prioridad parece ser la compra de voluntades políticas y el mantenimiento de una estructura clientelar.
Una asfixia que destruye la clase media
El debate ya no es sobre «presión fiscal», sino sobre confiscatoriedad. La carga fiscal efectiva en España ha superado el umbral de lo soportable. Los españoles trabajan casi medio año solo para pagar impuestos (el famoso «Día de la Liberación Fiscal»), y a cambio reciben una inflación que se come sus ahorros y un Gobierno que mira hacia otro lado cuando se le pide austeridad pública.
Sánchez ha decidido que el ajuste lo hagan las familias y no el Estado. Mientras los hogares españoles recortan en calefacción, en ocio y en alimentación de calidad, el gasto público no se toca. Es una asimetría moral que define perfectamente el «sanchismo»: un modelo donde el ciudadano es un mero contribuyente cautivo al servicio de la supervivencia política del gobernante.
El fin del contrato social
Cuando el Estado ingresa casi 74.000 millones en un trimestre y, simultáneamente, la deuda pública sigue desbocada y el poder adquisitivo en mínimos, el contrato social se rompe. Los ciudadanos empiezan a percibir que el pago de impuestos no es una contribución al bien común, sino un peaje arbitrario para sostener un sistema que no les protege.
La falta de empatía del Gobierno con la realidad de las calles es absoluta. Presumir de «récord de recaudación» mientras los padres de familia no pueden afrontar el coste de los libros de texto o las hipotecas es una provocación. No sirve de nada que el PIB crezca sobre el papel si ese crecimiento solo sirve para engordar las arcas del Estado a base de exprimir al trabajador.
Es inaceptable que se nos presente este afán recaudatorio como un síntoma de salud económica. Es el síntoma de una enfermedad: la hipertrofia de un Estado que gasta más de lo que puede y que no duda en arruinar a sus ciudadanos para no tener que recortar sus propios privilegios.
No se puede construir un país sobre la asfixia de quienes lo levantan cada mañana. Gobernar no es saquear; y un Gobierno que se sirve de los españoles en lugar de servirlos ha perdido su razón de ser. Si la recaudación sigue subiendo mientras el bienestar baja, lo que tenemos no es una sociedad próspera, sino un sistema confiscatorio que está devorando su propio futuro.
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