Pedro Sánchez aborda la próxima negociación con el independentismo con varias ofertas pero una ambición que lleva años queriendo impulsar y que supondría una radical reconfiguración del escenario institucional: la reforma federal de la Constitución. La idea lleva mucho tiempo siendo un clamor en el PSOE de Sánchez aunque, conscientes de la necesidad de una mayoría amplia, ha sido largamente postergada. El nuevo escenario con el separatismo volverá a revitalizar la propuesta, de la que Miquel Iceta es su máximo abanderado.
El ahora ministro de Política Territorial ya admitió el pasado febrero en el Congreso su convencimiento de que «la vitalidad de la Constitución española se vería reforzada si fuera reformada», si bien reconoció que era necesario un holgado consenso.
Iceta es firme defensor de esta reforma que los socialistas plasmaron en la Declaración de Granada y, más tarde, en la Declaración de Barcelona, el pacto de Pedro Sánchez con el PSC en 2017 que guía el planteamiento del Gobierno sobre la cuestión catalana.
Más financiación
La declaración de intenciones está clara: «Para superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del Gobierno central y la deriva independentista unilateral es necesario abrir un nuevo escenario de diálogo y propuestas concretas que, como es sabido, en nuestra opinión, debe culminar en una profunda reforma federal, que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía, y que a la vez sirva para profundizar en el carácter democrático del Estado y para garantizar su carácter social».
El texto supone importantes cesiones para el separatismo en cuestiones estratégicas, como la recuperación del Estatut, un amplio acuerdo de financiación y más inversiones en infraestructuras.
En el apartado sobre la reforma federal no se oculta que contemplará «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña», «unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat desde el respeto y la lealtad institucional» y «un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas».
Entonces, hace cuatro años, los socialistas ya consideraban «prioritario» impulsar dicha reforma en el próximo periodo de sesiones. El PSOE incluso llegó a acordar una comisión en el Congreso de los Diputados para diseñar su alcance, con el rechazo de Podemos y los independentistas y las reticencias de PP y Ciudadanos. La comisión se quedó en nada por la moción de censura y la convocatoria de elecciones.
En el programa de las elecciones del 14 de febrero – con el ex ministro Salvador Illa al frente- el PSOE dedicó un apartado específico a la propuesta, justificándola no sólo en una supuesta herramienta para «el encaje de Cataluña en el resto de España» sino para «las conquistas sociales», «la modernización de las instituciones» e, incluso, «la mejora de la calidad democrática».
A través de esa reforma, se pretende blindar «el reconocimiento de las singularidades propias de las naciones o nacionalidades, teniendo en cuenta los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes». Asimismo, se propone una «regulación del modelo de financiación de las comunidades autónomas en la Constitución» o «la territorialización del sistema de gobierno del poder judicial». También se plantea «la delimitación clara de los espacios competenciales entre el Estado Federal y las comunidades autónomas».
Los socialistas admiten que «el éxito de esta reforma exige tiempo y un consenso sólido», pero ven necesario «promover los órganos necesarios en el poder legislativo español, para que empiece a trabajar en los contenidos de esta reforma constitucional». La reforma debería ser sometida a referéndum.
Lo vincula al «progreso»
Pedro Sánchez, con sus planes de agotar la legislatura, tendría por delante un horizonte hasta 2023 para avanzar en estos trabajos.
El discurso que va construyendo el líder del PSOE para la concesión de los indultos a los líderes del procés va en la misma línea: la agenda del «reencuentro» para favorecer el progreso económico y social.
Así, sin ir más lejos, se pronunció en su intervención, este lunes, en Barcelona, ante el presidente catalán Pere Aragonès. Sánchez consideró que estamos ante «un momento ineludible para encontrar la solución a determinados problemas que comprometen no sólo el funcionamiento de la economía sino el éxito como sociedad».
(Luz Sela. OK Diario)
