Una campaña pagada con dinero público para imponer y adoctrinarnos sobre la inmigración masiva
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido redoblar su ofensiva ideológica pro inmigración. Ya no le basta con permitir y promover la inmigración masiva –legal e ilegal–, ni con desentenderse de sus consecuencias en materia de seguridad, convivencia y cohesión social. Ahora va un paso más allá: utilizará 1,4 millones de euros del bolsillo del contribuyente para lanzar una campaña propagandística para adoctrinar y que presenta la inmigración como fuente de riqueza y motor de desarrollo.
Esta campaña se ejecutará entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de julio de 2026. Su objetivo declarado: convencernos de que la inmigración es no solo inevitable, sino deseable, imprescindible y beneficiosa para todos. ¿Y si no lo creemos? Entonces seremos acusados de intolerantes, xenófobos o retrógrados. El mensaje es claro: la realidad debe doblegarse ante el relato.
Publicidad institucional: adoctrinamiento financiado
El plan no puede ser más claro. Según reconoce el propio Gobierno, la campaña pretende “poner en valor la migración como una oportunidad de desarrollo sostenible y prosperidad”. La previsión presupuestaria total asciende a 2 millones de euros, destinados a televisión, radio, prensa escrita, internet, publicidad exterior y versiones en las cinco lenguas oficiales del Estado.
Lo grave no es solo el gasto obsceno. Lo verdaderamente alarmante es el público objetivo de esta iniciativa: “general, empresarios/as, estudiantes, infantil/juvenil y personas trabajadoras”. Es decir, el mensaje se implantará desde las aulas a los centros de trabajo, afectando especialmente a los menores, que serán adoctrinados con una visión acrítica, sentimental y profundamente sesgada de un fenómeno tan complejo como la inmigración masiva.
Sánchez desde Mauritania: la doctrina globalista
El discurso no es nuevo. En agosto de 2024, durante una visita oficial a Mauritania, Pedro Sánchez afirmaba: “La inmigración para España es riqueza, desarrollo y prosperidad”. Y remataba: “El fenómeno de la inmigración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también de pura racionalidad”.
Estas declaraciones, realizadas junto al presidente Mohamed Ould Ghazouani, dejan clara la intención del Ejecutivo: normalizar la inmigración como un proceso natural, positivo e inevitable. Lo que no dice Sánchez es que esa supuesta “racionalidad” ya está desbordando barrios, saturando servicios públicos y generando inseguridad ciudadana en muchas zonas de España.
Del relato demagógico buenista a la ingeniería social
Esta campaña no es un simple ejercicio de sensibilización. Es una operación de ingeniería social con dinero público. Una maniobra ideológica cuyo fin es transformar la identidad nacional española, diluir la cultura autóctona y crear una sociedad sin raíces, sin cohesión y sin resistencia al modelo globalista impuesto desde fuera.
El multiculturalismo forzado no es integración. Es sustitución. Es reemplazo cultural y demográfico. Es desprogramar a la población española para convertirla en receptora pasiva de cualquier ideología impuesta. Bajo la apariencia de tolerancia, se oculta una estrategia profundamente sectaria.
Mientras tanto, los españoles esperan soluciones reales
Mientras el Gobierno destina millones a esta campaña, millones de españoles siguen soportando los efectos de la inflación, la precariedad, el desempleo juvenil y el colapso de los servicios esenciales. Los hospitales no dan abasto, los centros educativos están desbordados y los cuerpos de seguridad trabajan con medios insuficientes ante una delincuencia cada vez más compleja.
En barrios como El Raval (Barcelona), La Macarena (Sevilla) o Usera (Madrid), los vecinos denuncian inseguridad creciente, pérdida de identidad barrial y abandono institucional. Pero el Ejecutivo no escucha. Prefiere gastar millones en convencernos de que todo marcha bien. Que el problema no es la inmigración descontrolada, sino los “discursos negativos” y «xenófobos».
Discursos negativos o realidades innegables
El propio Plan de Publicidad Institucional 2025 señala que la campaña busca “contrarrestar los discursos negativos” sobre la inmigración. Pero lo que el Gobierno llama “discursos negativos” es la experiencia cotidiana de los ciudadanos. Es el relato de los padres que no entienden a qué se exponen sus hijos en colegios donde la integración no existe. Es la angustia de los comerciantes que ven cómo la delincuencia organizada gana terreno. Es la preocupación de las familias que ya no reconocen su propio entorno. Es el temor de los ciudadanos que no pueden pasear por las calles por miedo a ser asaltados, cuando no agredidos sexualmente.
El relato institucional no coincide con la realidad. Y eso es lo que el Gobierno pretende cambiar: no la realidad, sino la percepción.
España necesita políticas migratorias responsables, no propaganda
España no puede seguir bajo un Gobierno que antepone el relato a la evidencia, la ideología a la prudencia, y la propaganda a la gestión. La inmigración no es mala por sí misma. Siempre la ha habido, pero cuando se produce de forma masiva, ilegal, desordenada y sin capacidad de integración, se convierte en un problema estructural.
Pedro Sánchez y su Ejecutivo deben responder: ¿por qué no se invierte ese dinero en ayudar a las familias españolas? ¿Por qué no se refuerzan los mecanismos de control fronterizo, la atención a los servicios públicos o la defensa de nuestras costumbres? Porque el objetivo no es resolver problemas, sino fabricar ciudadanos dóciles y desarraigados.
La identidad nacional no se negocia
La patria no es un experimento. La identidad nacional no se rediseña con folletos ni campañas publicitarias. España tiene derecho a proteger sus raíces, su cultura, su religión, su lengua y su modelo de vida. Y ese derecho incluye rechazar una imposición migratoria que no responde al interés común, sino al interés ideológico del Gobierno.
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