Sánchez está gobernando contra la Constitución española. Su mandato no solo está marcado por escándalos de corrupción que le rodean y cesiones arbitrarias a potencias extranjeras como Marruecos, sino por una estrategia sistemática de erosión institucional. Más allá de sus constantes mentiras y manipulaciones, su verdadera amenaza radica en la demolición de los principios fundamentales del Estado de Derecho, utilizando las instituciones como herramientas de poder personal en beneficio de su agenda política.
Sánchez se tambalea bajo el peso de su propia incoherencia y su desprecio a los principios fundamentales de la Constitución española. Desde la imposición de la Ley de Amnistía para contentar a los separatistas hasta la cesión de competencias migratorias, la deriva socialista ha convertido las instituciones en herramientas al servicio del poder, poniendo en peligro la estabilidad de la nación. Veámoslo brevemente:
En primer lugar, Sánchez ha destruido los pilares del Estado de Derecho. Son numerosos los ejemplos que confirman esta afirmación y que han generado una profunda desconfianza en el sistema judicial. Entre los más alarmantes destacan la manipulación del Tribunal Constitucional, la amnistía a los golpistas del 1-O y el uso de la Fiscalía para proteger los intereses del Ejecutivo.
Así, la igualdad ante la ley ha quedado hecha añicos. La Ley de Amnistía, fruto del pacto entre Sánchez y Puigdemont, ha destrozado el artículo 14 de la Constitución, que establece que ‘los españoles son iguales ante la ley’. Con esta norma, el presidente del Gobierno otorga impunidad a los golpistas del 1-O, consagrando una justicia a la carta para sus socios independentistas.
El Tribunal Constitucional, dirigido por Cándido Conde-Pumpido, ha sido transformado en un apéndice de Moncloa. Según el artículo 117 de la Constitución, la justicia debe ser independiente, pero el Gobierno socialista lo ha convertido en un tribunal de casación al servicio del poder. Lo vimos con la sentencia de los ERE y lo veremos con la amnistía, donde el alto tribunal previsiblemente favorecerá a Puigdemont y permitirá su regreso sin rendir cuentas.
La Fiscalía General del Estado, con Álvaro García Ortiz al frente, ha dejado de ser un órgano independiente para convertirse en un instrumento de protección para el Ejecutivo. El artículo 124 de la Constitución establece que el Ministerio Fiscal debe actuar en defensa de la legalidad, pero la realidad es que su actual fiscal general está imputado por revelar información privada con el objetivo de perjudicar a una opositora política. Lejos de garantizar la imparcialidad, la Fiscalía ha sido degradada a un escudo para los intereses de Sánchez.
En segundo lugar, la cesión continua a los separatistas no se limita a la Ley de Amnistía, que liberará a los golpistas del 1-O, sino que se extiende a otros ámbitos. Sánchez ha convertido la gobernabilidad en una subasta permanente donde la integridad del Estado es la moneda de cambio. Mientras tanto, los independentistas, lejos de moderar sus aspiraciones, se sienten reforzados en su desafío separatista, conscientes de que el chantaje político les sigue dando réditos.
El golpe a la solidaridad entre comunidades. El artículo 138 de la Constitución defiende la solidaridad entre comunidades autónomas, pero el Gobierno de Sánchez ha roto este principio con la condonación de la deuda catalana. Mientras que regiones como Madrid o Andalucía deben asumir sus propias cuentas sin ayudas, Cataluña recibe un trato privilegiado. Esta discriminación premia a los aliados independentistas de Sánchez a costa del resto de los españoles.
La cesión de competencias en inmigración a Junts es un atentado contra la seguridad nacional. El artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en extranjería, inmigración y asilo. Sin embargo, Sánchez ha negociado entregar esta potestad a la Generalitat, permitiendo que Cataluña gestione la entrada de inmigrantes sin control estatal. Esta cesión podría abrir la puerta a redes de inmigración ilegal y facilitar la infiltración de terrorismo transnacional en España.
Y por último, a nivel económico, Sánchez ha impuesto una fiscalidad injusta que asfixia a las familias españolas:
El sistema tributario de Sánchez es injusto y confiscatorio. Según el artículo 31 de la Constitución, los impuestos deben ser progresivos y equitativos, pero la realidad es otra. La presión fiscal ha alcanzado niveles récord, afectando principalmente a las clases medias y trabajadoras. Incluso la ministra comunista Yolanda Díaz ha reconocido que la tributación del salario mínimo es abusiva. Mientras tanto, el derroche del Gobierno sigue imparable, financiando redes clientelares y concesiones a los separatistas en lugar de reforzar los servicios esenciales.
Además, el Ejecutivo ha promovido una política fiscal confiscatoria que penaliza el ahorro y la inversión, desincentivando el crecimiento económico. A pesar de la asfixia fiscal, el gasto público se ha disparado, financiando redes clientelares y concesiones a socios separatistas en lugar de destinar recursos a mejorar servicios esenciales como la sanidad o la educación
El balance de la gestión de Sánchez es desolador: vulneración de la igualdad ante la ley, manipulación del poder judicial, sumisión a los separatistas, cesión de competencias migratorias y asfixia fiscal a las familias. Cada una de estas acciones no solo supone un retroceso democrático, sino que pone en jaque el futuro de España como nación. Sánchez ha dinamitado las bases de la convivencia y la estabilidad institucional con un único objetivo: mantenerse en el poder a cualquier precio.
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