Un estado de alarma muy bien aprovechado. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez que, lejos de utilizarlo para hacer test masivos a la población, lo ha aprovechado para crear puestos masivos: en concreto, 14 direcciones y subdirecciones netas nuevas.
Todo ha partido del Consejo de Ministros de este pasado martes 28 de abril, donde, además de aprobar el plan de fases de desescalada del Covid-19, el Ejecutivo de Sánchez decidió aprovechar la ocasión para reorganizar la Administración y disparar aún más el número de organismos.
En concreto, en el Ministerio de Consumo se crean seis nuevas subdirecciones generales y una división. Además, para ostentar el cargo de director general de Ordenación del Juego no se requiere ser funcionario: vía libre a los puestos políticos.
En el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se crean dos nuevas subdirecciones generales.
En el Ministerio de Educación surge otra nueva subdirección general.
En el de Transición Ecológica y Reto Demográfico se crean una dirección general y dos subdirecciones. En el organismo autónomo denominado como Instituto para la Transición Justa, de nuevo, su titular no necesitará ser funcionario.
En el Ministerio de Trabajo desaparecen seis subdirecciones generales. Pero, si alguien se pensaba que eso podía suponer un ahorro presupuestario, va muy equivocado. Porque se crean, a cambio, una dirección general, cinco subdirecciones y una división más. Y, además, se transforman dos puestos con rango de director general para, a partir de ahora, una vez más, no tener que exigir el requisito de ser funcionario y poder asignar el cargo de forma totalmente libre a algún conocido político.
Y todo este alarde de generosidad presupuestaria -para ellos- debe sumarse a la creación por el Gobierno de nada menos que 23 direcciones generales para las que tampoco es necesario ostentar la condición de funcionario, incluyendo la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Hasta 23 organismos que fueron creados nada más llegar al poder.
Organismos como el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE), se vieron afectados por estos cambios expansivos.
Lo mismo ocurrió con otras direcciones generales, como fue el caso de aquellas integradas en la Agenda 2030: la de Derechos de los Animales, la de Migraciones, la de Inclusión y Atención Humanitaria, la de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, la de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI o la de Consumo.
También se alteró la exigencia de ser funcionario en el caso de la dirección general de Comunicación, la de Diplomacia Pública y Redes; de Infraestructura; de Tráfico; de Agenda Urbana y Arquitectura; del Trabajo Autónomo y de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
La misma situación concurrió en el caso de la Dirección General de Política Energética y Minas; del Libro y Fomento de la Lectura; de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y la de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.
Todo un campo libre a los contratos de políticos. Y, ahora, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
(Carlos Cuesta. OK Diario)
