Lluís Companys y la Ley de Memoria Democrática
La retirada de la calle Lluís Companys vuelve al primer plano del debate público en Cataluña. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una solicitud formal ante el Ayuntamiento de Lérida.
La petición afecta a la calle situada en el distrito de Institutos-Templarios, que incluye la plaza Parque de l’Escorxador y un monumento dedicado al expresidente de la Generalidad.
Abogados Cristianos sostiene que mantener ese nombre vulnera la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. La norma obliga a retirar del espacio público cualquier exaltación de responsables de graves violaciones de derechos humanos.
La retirada de la calle se apoya en datos historiográficos contrastados. Bajo su mandato se produjo una de las mayores persecuciones religiosas de la historia de Cataluña con miles de asesinatos.
La ley reconoce como víctimas a quienes sufrieron violencia por motivos religiosos. Las administraciones deben actuar con coherencia legal y moral.
Persecución religiosa bajo el mandato de Lluís Companys
Se fundamenta en hechos documentados. Durante su presidencia, se permitió el asesinato de 2.441 sacerdotes, religiosos y monjas en Cataluña. Estos crímenes no ocurrieron de forma aislada. La Generalidad toleró la actuación de los Comités de Milicias Antifascistas, responsables de ejecuciones sumarias por motivos ideológicos y religiosos.
El mandato de Companys también permitió la creación de centros de detención ilegal y tortura, conocidos como chekas. Estos espacios operaron con total impunidad. Por ejemplo, en 1936, las autoridades fusilaron a Joan Rovira i Roure, alcalde de Lérida. Su único delito consistió en celebrar las festividades navideñas.
Companys prohibió esas celebraciones. Rovira defendió la tradición cristiana y la libertad religiosa. El régimen respondió con violencia.
La retirada de la calle Lluís Companys busca evitar el blanqueamiento histórico de estos hechos. Honrar a sus responsables supone una afrenta a las víctimas.
Miles de firmas y una exigencia moral
La retirada de la calle Lluís Companys cuenta con un amplio respaldo social. Abogados Cristianos ha recogido ya más de 12.338 firmas en su página web que exigen coherencia institucional y respeto a la memoria de los perseguidos por su fe. La iniciativa no cuestiona opiniones políticas, sino hechos históricos.
Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, ha sido clara en su denuncia.
“Es intolerable que el Ayuntamiento de Lérida siga homenajeando públicamente a los responsables del odio y la represión contra los cristianos a causa de su fe”.
La retirada de la calle Lluís Companys no persigue revancha. Busca justicia, verdad y reparación moral. Mantener monumentos y calles dedicadas a responsables de persecución religiosa vulnera el espíritu y la letra de la ley.
Memoria, libertad religiosa y coherencia institucional
La retirada de la calle Lluís Companys plantea un debate más amplio. La memoria democrática no puede aplicarse de forma selectiva. La defensa de la libertad religiosa forma parte de los valores constitucionales. El Estado debe protegerla sin complejos.
Resulta incompatible condenar unas violencias históricas y silenciar otras por motivos ideológicos. La retirada de la calle Lluís Companys representa una oportunidad para dignificar a las víctimas olvidadas de la Guerra Civil. Lérida no puede rendir homenaje a quien permitió asesinatos por motivos de fe.
Justicia para las víctimas
La retirada de la calle Lluís Companys responde a una exigencia legal, histórica y moral. La retirada de la calle Lluís Companys no borra la historia. Evita su manipulación.
Abogados Cristianos ha dado un paso necesario para defender la memoria de miles de cristianos perseguidos y asesinados.
