La regularización masiva de inmigrantes ilegales pactada por Podemos y PSOE es un ataque directo a la soberanía nacional.
El acuerdo afectará en una primera fase inmediata a más de 200.000 ilegales, que tendrán derecho a voto en las próximas elecciones generales.
La regularización masiva de inmigrantes ilegales pactada entre Podemos y el Gobierno de Sánchez permitirá legalizar a más de 200.000 ilegales en una primera fase y modificar el cuerpo electoral antes de las próximas elecciones.
Un acuerdo político que cambia las reglas del juego
La regularización masiva de inmigrantes ilegales ya no es una hipótesis. Irene Montero, secretaria política y eurodiputada de Podemos, anunció un acuerdo con el PSOE para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes.
La medida concederá papeles a quienes acrediten al menos cinco meses de residencia en España. Según fuentes adelantadas por Cadena SER, el Consejo de Ministros aprobará el acuerdo de forma inmediata.
Podemos ha afirmado que esta regularización extraordinaria puede afectar hasta a 500.000 personas. En una primera fase, más de 200.000 inmigrantes ilegales pasarán a tener residencia legal y derechos políticos. Esto significa que podrán inscribirse en el censo y votar en las próximas elecciones generales. Por tanto, la regularización masiva de inmigrantes ilegales altera el cuerpo electoral del pueblo español.
Un golpe directo al cuerpo soberano
La regularización no es una política social. Es una maniobra de poder. El Gobierno pretende fabricar nuevos votantes fieles al bloque socialista y comunista.
Subvención y regularización funcionan como una moneda de cambio. El mensaje político es claro: papeles a cambio de apoyo electoral. La Constitución define al pueblo español como el titular de la soberanía. Alterar ese cuerpo electoral mediante una legalización exprés de ilegales constituye una ruptura del principio constitucional.
Ningún gobierno puede modificar el censo con criterios ideológicos. La regularización masiva de inmigrantes ilegales quiebra la igualdad entre españoles y extranjeros.
Cinco meses para cambiar España
La condición para acceder a la regularización masiva de inmigrantes ilegales es haber residido en España cinco meses. Este criterio no garantiza nada, Ni integración, arraigo ni respeto a las leyes.
El Gobierno tampoco exige un contrato de trabajo previo. Tampoco pide dominio del idioma ni conocimiento de la cultura española.
Este modelo crea un efecto llamada. Miles de personas llegarán al país sabiendo que una nueva amnistía migratoria les abrirá la puerta.
La izquierda convierte las fronteras en papel mojado. Podemos y PSOE usan la inmigración ilegal como herramienta ideológica y electoral.
Mientras tanto, millones de españoles sufren precariedad laboral, alquileres imposibles y servicios públicos saturados. La regularización masiva agrava esa presión.
Una estrategia coordinada de la izquierda
Sumar y el resto de grupos de izquierda también reclaman esta medida. El bloque de la extrema izquierda busca ampliar su base electoral mediante la ingeniería demográfica. Irene Montero ha presentado el acuerdo como un triunfo social. En realidad, se trata de una operación de poder.
El Gobierno pretende consolidar un electorado dependiente del Estado. Cada nuevo beneficiario entra en una red de subvenciones y favores políticos.
La regularización masiva de inmigrantes ilegal crea ciudadanos de primera – los ilegales- y españoles de segunda – los oriundos-. Quien entra ilegalmente recibe ventajas que muchos españoles no tienen.
Consecuencias políticas y sociales
El impacto de esta medida será profundo. Más presión sobre la vivienda, más saturación de la sanidad y más competencia en empleos precarios. La seguridad también sufrirá. El Ejecutivo no ha explicado cómo controlará antecedentes penales ni vínculos con mafias.
La regularización masiva de inmigrantes ilegales debilita el Estado de derecho. Premia la ilegalidad y castiga al ciudadano cumplidor. Es un ataque directo a la soberanía nacional.
