Apenas 25 días tienen PSOE y PP para llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial si se pretende que la nueva configuración esté presente en acto de apertura del nuevo curso judicial, que tendrá lugar el próximo siete de septiembre en una acto que presidirá Felipe VI en el Tribuna Supremo. Ese el objetivo que se ha marcado el Gobierno y para lo cual no han cesado las reuniones al más alto nivel entre el PP y el PSOE, o de forma más específica, entre el Partido Popular y altos cargos del Ejecutivo. De hecho, en el Consejo tienen tal confianza en que se pueda llegar al nuevo año judicial con el órgano de gobierno de los jueces y magistrados ya renovados y así se expuso en el pleno da pasada que celebró el CGPJ.
De hecho, eso fue lo que motivó que se retirara el orden del punto del día relativo a los nombramientos de altos cargos judiciales, entre ellos los de tres magistrados para la Sala Penal del Supremo.
Pero una cosa es la idea y otra más distinta que se llegue a materializar el acuerdo. En un principio, los populares no están por la labor de rebajar sus exigencias de contar 10 vocales y que el presidente sea «de consenso»; algo que, según fuentes conocedoras de las negociaciones, el PSOE no está dispuesto a aceptar, ya que de su «cuota» tienen que salir también los vocales «avalados» por Podemos y, en su caso, uno del PNV, lo que suscita muchas dudas porque es imprevisible conocer si los nacionalistas mantendrán el apoyo al Ejecutivo durante toda la legislatura, lo que también podría influir en la correlación de fuerzas en el Consejo.
Si se llega a septiembre sin acuerdo de renovación, en el CGPJ lo tienen claro: «Retomaríamos los nombramientos en el primer pleno», que sería la segunda quincena del próximo mes.
Para que se pueda llegar a la apertura del año judicial con el nuevo Consejo, el calendario se presenta ajustado, pero posible si ambos partidos cierran un acuerdo en breve. Este acuerdo debería refrendarse en las próximas semanas, ya que, si ello ocurriese, sería imprescindible convocar plenos extraordinarios tanto en el Congreso como en el Senado, ya que ambas cámaras deben designar a diez de los futuros vocales.
Pero, además, previamente a ello los candidatos por el turno de juristas deberán comparecen ante las respectivas comisiones de Justicia de las dos cámaras, pese a que algunos de ellos ya lo realizaran en el intento fallido de 2018. En cambio, Una vez realizada estas comparecencias, se propondrían las propuestas de los cuatro vocales titulares y tres suplentes por cada una de las cámaras.
En este apartado, los propuestos por los grupos parlamentarios en aquella ocasión no vinculan ni tienen necesariamente que ser los mismos. a diferencia de los 12 titulares y 6 suplentes de procedencia judicial, donde la elección no puede proceder más que de la lista de 50 jueces y magistrados que envió el CGPJ y que habían superado los avales necesarios.
De Prada se quedaría fuera
Sin embargo, entre los juristas sí puede haber un «perjudicado»: José Ricardo de Prada, el magistrado de la Audiencia Nacional autor del párrafo de la sentencia del «caso Gürtel» que derivó en la moción de censura que terminó con Rajoy fuera del Gobierno y Pedro Sánchez en la Moncloa. El motivo no es otro que en estos momentos De Prada es magistrado en activo y por el turno de juristas los jueces y magistrados que pretendan acceder al Consejo no tienen que estar en activo, por lo que la única opción sería que le ofreciera algún destino «temporal» que llevara implícito su pase a la situación de servicios especiales, desde la cual, entonces si, podría ser nuevamente propuesto para vocal.
Una vez cumplimentado el trámite de las comparecencias en las comisiones de Justicia del Congreso y Senado, ya se podrian celebrar los plenos extraordinarios de ambas cámaras para la designación definitiva de los 12 vocales de procedencia judicial y los 8 del turno de juristas.
Estas designaciones, para que se pueda llegar a la apertura del año judicial con el nuevo Consejo, deberían realizarse entre el 24 y 25 de agosto, Y ello porque el día siguiente los nombramientos se publicarían en el BOE y tendrían que jurar o prometer sus cargos ante el Rey en Zarzuela. El primer Pleno del nuevo Consejo se tendría que celebrar el jueves 27 o viernes 28, que presidiría el vocal de más edad. Desde ese día debe transcurrir una semana para celebrar la sesión plenaria donde se designaría al nuevo presidente o presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. Con ese calendario la fecha tope sería el jueves 3 de septiembre para que el electo pueda jurar su cargo el día siguiente y acudir a la apertura del año judicial tres días después.
Por tanto, el calendario está más que ajustado, pero los mensajes que han llegado al Consejo son de optimismo y que se puede alcanzar ese acuerdo para la renovación dentro de ese plazo.
En cuanto a quién puede ostentar la presidencia del nuevo órgano de gobierno de los jueces y magistrados y del Tribunal Supremo, existe un mutismo total al respecto. Ninguno de los dos partidos quieren que ningún error pueda echar al traste el acuerdo, como sucedió a finales de 2018, cuando un washapp –el del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó– dinamitó un acuerdo que hay estaba cerrado.
Pese a todo, hay un nombre que, dentro del espectro judicial «progresista» gana cada vez más peso: Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y encargado de conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Se le considera una persona dialogantes y buen jurista, «pero a la hora de votar no tiene nunca dudas», señalan fuentes jurídicas.
Encarnación Roca, vicepresidenta del TC, que también salió en las «quinielas» parece que ahora cuenta con pocas opciones.
(Francisco Velasco. Diario La Razón)
