Los afectados piden al Alto Tribunal que cite a declarar como investigado al líder del PSOE por paralizar, mediante 49 prórrogas, la tramitación de la ‘ley ELA’
En la querella los afectados piden a la Sala Segunda del Alto Tribunal que cite a declarar como investigado al jefe del Ejecutivo por ser quien, según el artículo 98 de la Constitución, «dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo». También solicitan que se requiera al Congreso todo el expediente referido a la tramitación de la proposición de ley. Entre otros, los documentos relativos a las sucesivas prórrogas de tramitación de la ley ELA -un total de 49- que han paralizado desde hace 400 días la iniciativa legislativa.
«No puede falazmente paralizar un trámite legislativo de forma injustificada, incurriendo en una vía de hecho que impide no ya el ejercicio de un derecho, sino que nada menos que la aprobación de la ley que tiene el objeto de proteger dicho derecho», indica la querella. «Una cosa es la discrecionalidad política y otra muy diferente la dolosa intención de no tramitar una ley a pesar de que se votó a favor la proposición de ley solo por hacerse la foto, como se dice vulgarmente, y sin que exista justificación (…) para dejar abandonados a su suerte, invitándolos a adelantar la eutanasia, a miles de compatriotas, ejecutando ante la Mesa del Congreso nada menos que 49 prórrogas en la tramitación de la ley», añaden.
Las 49 prórrogas a la ‘ley ELA’
El Reglamento del Congreso establece en su artículo 126 la necesidad de que el Gobierno manifieste su criterio y su conformidad o no con la tramitación de cualquier proposición de ley en un plazo de 30 días. Transcurrido ese periodo sin que el Ejecutivo hubiera negado expresamente su conformidad, la iniciativa legislativa quedaría en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración. Apelando a la necesidad de que el Gobierno apruebe una dotación presupuestaria para poder poner en marcha la ley ELA, el grupo parlamentario del PSOE ha solicitado casi medio centenar de prórrogas a la tramitación de la iniciativa legislativa. Sí, han leído bien, casi medio centenar, en concreto 49 veces.
Los querellantes apelan a una presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a una vida digna, a la asistencia y recepción de prestaciones públicas ante situaciones de necesidad y al derecho a la protección de la salud. Recuerdan que, como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez también sería responsable de que su grupo parlamentario haya paralizado «de forma mendaz y dolosa» la tramitación de la ley ELA mediante «una sucesión de prórrogas que convierten la tramitación de la ley en un imposible».
«Sin que ni siquiera un gobierno que bate récords de producción legislativa por vía de urgencia y decreto ley acometa alguna acción legal o administrativa sectorial, como por ejemplo sería la inclusión en el bono social térmico de los enfermos o hacer automático el reconocimiento y grado de discapacidad», señala la querella. La ley contemplaba, entre otras cuestiones, que todas las personas que padecen ELA tengan reconocida una discapacidad del 33% desde el momento en que les sea diagnosticada la enfermedad.
«Compete al presidente Sánchez»
Además, los querellantes aluden de forma análoga a los retrasos en la tramitación y aprobación en la Cámara Baja de la administración gratuita para pacientes con cáncer del medicamento Trodelvy. «Solicitamos que con la admisión de la querella se inste al gobierno saliente, después de la sorpresiva convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio, aportar toda la gestión realizada que justifique el cumplimiento de la previsión reglamentaria antedicha, sin descartar que por mor de la actuación del gobierno, exista un delito de prevaricación de la mesa del Congreso», añaden.
«La cuestión capital es que se ha producido un mandato de obligado cumplimiento, que compete por Ley al presidente del Gobierno, que entonces da instrucciones al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso para diferir desde entonces por continuas prórrogas en el mandato popular», apostilla la querella. Algunos de los familiares de los pacientes con ELA representados en la querella admiten que las opciones son pocas, pero añaden que esperan al menos que la denuncia sirva para que la ley ELA no se olvide para siempre por la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
(Con información de The Objective)
