La ley de Bienestar Animal obliga a los ayuntamientos a controlar la población, el alimento, salud y seguridad de las colonias felinas.
La nueva ley obliga a las administraciones locales a desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas en los que deben fomentar la colaboración ciudadana para el cuidado de los gatos comunitarios, responsabilizarse de su atención sanitaria, vacunarlos, desparasitarlos, alimentarlos, crear un protocolo para resolver los conflictos vecinales que puedan ocasionar los gatos, e incluso responsabilizarse de la gestión de las colonias felinas que estén en las propiedades privadas.
En este sentido, está completamente prohibido desalojar a los gatos de sus colonias, salvo que supongan un auténtico peligro para los humanos o para la biodiversidad. «La retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones distintas a las permitidas en esta ley» se considera una infracción grave penada con multas de entre diez mil y cincuenta mil euros.
¿Funciona el CER para controlar a los gatos?
La superpoblación de gatos asilvestrados supone una amenaza para la biodiversidad en España. Son grandes depredadores y en muchos casos están acabando con la fauna autóctona protegida de zonas como Canarias, donde se estima que han contribuido a la desaparición de hasta 40 especies.
Según la ley, los ayuntamientos son responsables de mantener la biodiversidad y proteger al resto de animales. Una posible solución sería alimentar a los gatos para evitar que cacen, sin embargo, convertir a los gatos en «depredadores subvencionados» suele provocar un efecto llamada para otros animales menos deseados como las ratas, transmisoras también de la rabia.
Para controlar las poblaciones de gatos, la ley animalista obligará a los ayuntamientos a capturar a todos los felinos, identificarlos con microchip, esterilizarlos y devolverlos a su colonia. Para que esa estrategia funcione, hay que esterilizar a entre el 71% y el 94% de los gatos, según un estudio de la Universidad de Florida. Hay que tener en cuenta que solo en Madrid hay hay censadas unas 1.860 colonias felinas con más de 30.000 gatos callejeros de los que actualmente se ocupan «personas colaboradoras voluntarias».
Además, la aplicación del método CER (Captura Esterilización y Retorno) en las colonias felinas como método de control de población está ampliamente desacreditado por múltiples asociaciones animalistas y veterinarias, incluida PETA. Aseguran que el sistema de control que quiere implantar el ministerio de Belarra «en realidad alienta a más personas a abandonar a sus gatos porque creen que los animales serán atendidos».
La ley también prohíbe «el confinamiento de gatos comunitarios no socializados con el ser humano, en centros de protección animal, residencias o similares, salvo las actuaciones necesarias en los procesos de intervención de animales de las colonias para su tratamiento o reubicación.»
(Con información de Libertad Digital)
