En medio de la descomposición social donde los niños son las mas afectados por la pobreza, el hambre, la baja educación, el trabajo forzado y el abuso sexual, la ONU (Organizacional de las Naciones Unidas) resta autoridad a los padres atentando contra la patria potestad.
El pasado 7 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución para “Hacer efectivos los derechos del niño a través de un ambiente saludable” en la cual reconoce el derecho y las obligaciones de las autoridades internacionales e instancias de gobierno, empresariales, escolares y sanitarias para que el menor se desarrolle plenamente, pero omite el de los padres.
¿Error o estrategia?
Durante el mes que duró en estudio la propuesta los debates no se hicieron esperar, por un lado estaba el grupo de países liderado por Uruguay quienes negaban la inclusión del reconocimiento de los padres y por el otro aquellos que exigían se incluyeran de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Así previo a la votación, la representación de Uruguay ante el Consejo afirmó que la inclusión de la patria potestad “traería un desequilibrio a la resolución y también iría en contra del espíritu de la resolución”. México, por su parte, siguió la misma posición y señaló que el lenguaje sobre los derechos de los padres “traería retrocesos en el disfrute de los derechos del niño”.
Pero ¿porqué les estorban los padres?
Se puede inferir del propio documento. Ya que en el se habla de garantizar falsas libertades sexuales y reproductivas de los niños, la creación y atención de leyes basadas en el genero y no en la naturaleza, asi como la posibilidad de castigar sin represalia para el menor a quienes se opongan a estos supuestos derechos.
Es decir, que para educar y ejercer esas falsas libertades se necesita que los niños vivan en “orfandad moral legal”, lo que implica necesariamente reducir la patria potestad quitándole derechos y obligaciones a los padres y menospreciando su autoridad a la par que se fortalece la del estado.
Sin embargo, quitar autoridad a los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos no solo presupone la violacion a sus deberes naturales y legítimos, sino también a los derechos del menor para a desarrollarse plenamente acorde a su naturaleza humana tripartita: cuerpo, alma y espíritu.
Tan es así, que en general las legislaciones nacionales contempla la perdida de la patria potestad solo por cuestiones graves, tales como costumbres depravadas de los padres, malos tratos o abandono de los hijos ya que comprometen la salud, seguridad y moral de los niños.
El espíritu de la resolución A/HRC/45/L.48/Rev que atenta contra la patria potestad no es aislado, pues está proyectada en la Agenda para Desarrollo Sostenible para el 2030 de la ONU y así se ve implementarse en diversos países a través de sus leyes locales sobre:
La prohibición de terapias de reversión y encarcelamientos a quien las promuevan, la legalización del aborto en menores de edad sin autorización de sus padres, amparo legal contra los padres de niños «trans» para asegurar su cambio de género y la imposición ideológica escolar con su correspondiente sanción para quienes la rechacen o impidan que asistan a clases.
Tan solo en México existen vigentes en éste momento 10 propuestas nacionales en este sentido todas iniciativas del grupo Morena.
Mientras que para frenarlas, 11 de los 32 Estados que conforman aquella nación han presentado propuestas para legislar el Pin Parental encontrando rechazo por parte de grupos legislativos de izquierda y organismos internacionales de la ONU como la UNESCO, la UNICEF y el Fondo de Población.
Lo ambivalente de todo esto, es que el derecho de los padres a educar se transfiere al estado al mismo tiempo que el estado reconoce que la familia es la base de la sociedad, por que sin duda se evidencia un retroceso social no solo antropológico, sino sobre todo humano.
Reducir a los padres a sólo proveedores de sus hijos es empobrecer la riqueza más valiosa de una nación: el futuro en manos de los niños.
