Con suma antelación el Gobierno ha comenzado a trabajarse el apoyo de los grupos que necesita para aprobar la próxima prórroga del estado de alarma. El Ejecutivo inició a principios de semana los contactos con los partidos para ir allanando el terreno y deslizando cuáles son sus planes, entre ellos, la prórroga por espacio de un mes de un estado de alarma suavizado. Entre los objetivos que se plantea Moncloa no está solo sacar adelante una nueva ampliación del periodo de excepcionalidad, sino hacerlo atrayendo al socio fundamental de la investidura. Esquerra Republicana votó en contra en el último pleno y el Ejecutivo intensifica los contactos con la formación independentista para lograr que vuelva a la abstención, un escenario al que se muestran abiertos. Sin embargo, Moncloa no debe descuidar ningún flanco porque desde otras formaciones se advierte de que el sentido de su voto, entonces positivo, también podría virar. No es el caso de Ciudadanos, que se muestra dispuesto a apoyar una nueva prórroga.
Los contactos entre Gobierno y ERC se están produciendo a todos los niveles, desde el más alto, entre la vicepresidenta Carmen Calvo y su homólogo en la Generalitat, Pere Aragonés, hasta el parlamentario, entre los portavoces Adriana Lastra y Gabriel Rufián, que gozan de una excelente relación. Moncloa necesita «consolidar» la mayoría de la investidura, antes de transitar otras vías para ampliarla, con partidos como Cs que, aunque proclives a abrirse a acuerdos, ya han manifestado que no sostendrán al Gobierno. Otro aspecto clave será la negociación de los futuros Presupuestos, de la que Moncloa no quiere descolgar a los republicanos, cuyas demandas casan en mayor medida con la ideología de la coalición y la de sus socios, no así las de los naranjas que chocan abiertamente con el PNV, entre otros partidos.
En todo caso, en el Gobierno están dispuestos a concretar de manera inmediata algunas de las peticiones de los republicanos en materia económica para hacer frente a la pandemia y también a restringir la extensión del estado de alarma, cediendo mayor peso a las autonomías. De tal modo, Moncloa solo retendría aquellas facultades sustanciales de la excepcionalidad para prevenir la expansión del virus, tales como la limitación de la libertad de movimientos, y se articularía una paulatina recuperación de competencias de las CC AA, así como una reforma legal para que en el futuro no sea necesario decretar el estado de alarma en caso de rebrotes. Asimismo, el Ejecutivo manifiesta su intención de recuperar la interlocución bilateral con la Generalitat, pero condicionan la convocatoria de la mesa de diálogo a un escenario en el que se haya superado la pandemia.
A la par que el Gobierno trata de reconstruir los puentes con ERC, no debe perder de vista a los minoritarios que condicionan sus apoyos a la financiación para hacer frente al virus. Fue Compromís quien ayer advirtió del peligro, verbalizando su malestar con el Gobierno al que acusa de falta de «lealtad». A día de hoy Moncloa no cuenta con su «sí» y para que vire a la abstención deberán cumplirse tres requisitos: el reparto del fondo autonómico de 16.000 millones en función del peso poblacional; mecanismos de cogobernanza y que el ingreso mínimo vital se gestione conjuntamente con los gobiernos de las comunidades.
Las condiciones llegan también desde el Partido Regionalista Cántabro (PRC) que decidirá su voto en función de que el fondo se reparta acorde al coste efectivo de los servicios y siempre que se paguen «las deudas pendientes con Cantabria». En situación parecida se encuentran los nacionalistas canarios, que, aunque se mantienen en principio en el bando del «sí», lanzan mensajes de advertencia al Gobierno en cuanto a la necesidad de medidas específicas para la reactivación económica de las islas tras la emergencia sanitaria. De momento, todo hace pensar que tanto el BNG como Bildu se mantendrán en la abstención sin condiciones, a pesar de que ambos ya advirtieron la semana pasada del riesgo de continuar pactando con Cs.
(Ainhoa Martínez | Rocío Esteban . La Razón)
