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El control de la opinión pública frente al fracaso de las políticas de vivienda
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana evidencia una alarmante prioridad por blindar su imagen pública antes que por resolver la asfixia inmobiliaria de los españoles. Mientras el problema de la vivienda sigue creciendo, tanto al encarecimiento de los alquileres como al de los precios de compra, y no han dejado de crecer desde que Sánchez asumió el cargo en 2018. Las familias sufren las consecuencias de una gestión desastrosa, caracterizada por la escasez de oferta y la destrucción del mercado.
Mientras tanto, en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana están más preocupados por lo que se dice de ellos en los medios de comunicación y en las redes sociales que por encontrar una solución efectiva al problema de la vivienda, que pasaría por facilitar la construcción de vivienda y otorgar seguridad jurídica a los propietarios, entre otras medidas. El aparato gubernamental desvía recursos y esfuerzos hacia el espionaje de la crítica ciudadana y periodística. Este movimiento representa el primer paso para la censura y para no dar subvenciones a los medios críticos, una estrategia propia de regímenes dictatoriales que buscan ahogar la disidencia mediante el castigo financiero.
Miles de euros para vigilar a la prensa y a las redes sociales
El desembolso económico para mantener bajo la lupa a los profesionales de la información resulta escandaloso. Así se deduce de una reciente licitación que el propio Ministerio dirigido por la socialista Isabel Rodríguez publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que finaliza el 10 de septiembre de este año y que ha recogido Libertad Digital. Dicho servicio se realizaría por un periodo de 24 meses. La obsesión fiscalizadora del departamento de Rodríguez queda plasmada con total claridad en los pliegos del contrato.
En el objeto de la licitación podemos leer lo siguiente:
«La prestación objeto de este contrato es un servicio de seguimiento y archivo de todas las informaciones relacionadas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y CASA 47 Entidad Pública Empresarial de Suelo en prensa escrita, radio, televisión, medios digitales, blogs y redes sociales, así como de asuntos específicos que pueden variar en función del interés del Departamento».
Las autoridades pretenden confeccionar listas negras de contenidos y opiniones incómodas.
Un despliegue sistemático de monitorización y archivo documental
El documento de la licitación detalla las minuciosas exigencias técnicas que la empresa contratada debe cumplir para satisfacer las necesidades de control del ministerio.
«La empresa adjudicataria deberá realizar un proceso de seguimiento de noticias en prensa escrita, radio, televisión y medios digitales (tanto de aquellos de naturaleza exclusivamente digital, como de aquellos que combinen edición en papel y digital), además de otras plataformas digitales en internet y de seguimiento de las principales redes sociales; volcando el contenido en una plataforma web documental y el mantenimiento del mismo en una base de datos. El servicio deberá cubrir las necesidades de seguimiento y archivo de toda la información relacionada con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y Casa 47 Entidad Pública Empresarial de Suelo, como organismo dependiente del mismo», se explica en el documento.
Este nivel de escrutinio sistematizado atenta de forma directa contra el ejercicio de un periodismo libre y sin coacciones.
La preocupante deriva autoritaria del Ejecutivo y la amenaza de censura
Esta estrategia de fiscalización no constituye un hecho aislado ni fortuito dentro del actual organigrama gubernamental. Esta no es la primera vez que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se recurre a vigilar lo que se dice sobre ellos tanto en medios de comunicación como en redes sociales. A principios de año el Gobierno había gastado en el año 2025 un total de 468.000 euros en este monitoreo de la prensa y principales redes sociales. De hecho, el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya estaba entre las instituciones que hicieron uso de esta práctica, gastando un total de 50.003 euros. Ya en el año 2025 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana gastó otros 50.003 euros para monitorear lo que se decía sobre ellos en medios y redes.
Así pues, comprobamos que desde el Ejecutivo se tiene un gran interés por saber lo que se dice sobre ellos, un esfuerzo que más bien podrían dirigir a realizar bien su trabajo y a encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos, o por lo menos a no generarles más problemas como ocurre en la actualidad. El destino de estos fondos públicos dibuja una preocupante deriva. El siguiente paso es la censura a aquellos medios que critiquen la labor del gobierno. Lo propio de la dictadura. Cuando el poder utiliza el dinero de los contribuyentes para elaborar registros detallados de las opiniones de los reporteros, persigue asfixiar económicamente a las cabeceras independientes y premiar el servilismo mediático.
Tags: Vivienda, Censura, Prensa, Redes, Licitación, Gobierno, Control.
