La pandemia mandó a la mayor parte de los empleados a trabajar a casa. En ese fatídico mes de marzo, el teletrabajo dejó de ser futuro para convertirse en presente. Desde el encierro, muchas familias están contestando emails al jefe con un bebé llorando en brazos o con un niño que reclama ser atendido porque tiene hambre. Los padres y madres trabajaron en unas condiciones poco adecuadas. No obstante, este drama no era nuevo. El problema de la conciliación viene de lejos en España, pero hasta ahora muchos hogares con niños se habían ‘apañado’ con la ayuda de los centros escolares y la complicidad de los abuelos una opción inviable actualmente, ya que son grupo de riesgo.
La crisis sanitaria ha puesto de nuevo de manifiesto la gravedad de la situación: las familias no son una prioridad. Lo ejemplifica perfectamente este mes de septiembre y su atípica vuelta al cole. El inicio de curso ya está aquí y los interrogantes siguen siendo los mismos que entonces: «¿Cómo vamos a trabajar cuando cierren un cole? ¿Con quién vamos a dejar a nuestros hijos cuando volvamos a la presencialidad?», enumera Laura Baena, presidenta del Club de Malasmadres. Las respuestas siguen en el aire. Lo único claro es que a su juicio el regreso a las aulas no cumple las medidas de seguridad que prometió la ministra de Educación, Isabel Celaá.
Ante esa situación, el Club de Malasmadres ha lanzado un manifiesto dentro de su campaña #Estonoesconciliar para exigir al Gobierno «cuatro medidas correctoras temporales», explica Laura Baena. La solicitud comienza reclamando la regulación «urgente» de la incapacidad temporal (IT) o bajas para las madres y padres de menores que se encuentran en cuarentena por contacto con un caso positivo de Covid-19, una demanda que el Club lleva semanas persiguiendo, y el teletrabajo por imperativo legal cuando las circunstancias familiares del empleado o empleada así lo exijan, como el cuidado de menores.
A esos dos puntos de su manifiesto se suma la petición de facilitar la adaptación de jornada y su reducción sin pérdida salarial, siendo el Estado quien asuma la diferencia, una solicitud que muchas empresas están denegando. Otra de las propuestas que proponen es una ayuda económica para la contratación de personal para aquellas familias en que el o los progenitores o tutores legales están trabajando fuera del hogar o para la madre o padre que cuida a un menor con necesidades especiales de cuidados. «Por ejemplo, menores con patologías previas que de ninguna manera pueden acudir a clase. Esta ayuda de carácter económico es distinta del IMV (Ingreso Mínimo Vital) ya que va destinada a aquellas familias que aún trabajando, no tienen solvencia suficiente para costear los gastos de un cuidador, o para los padres o madres que deciden renunciar a su trabajo para permanecer al cuidado de su hijo», señalan en el escrito. En pocas horas la petición ha recogido más de 20.000 firmas, un número que, junto con las futuras rúbricas, presentarán al Defensor del Pueblo, ya que consideran que se están vulnerando los derechos de la infancia y de la familia. Además, solicitan reunirse con la ministra de Trabajo, Yolanda Día, ya que consideran que el plan Me cuida «es insuficiente».
(Carla Pino, El Mundo)
(Por Redacción)
