Hace ya varios años, un reputado juez, que luego dio la verdadera dimensión de su personalidad y que ahora es el abogado de personalidades y entidades de dudosa reputación, según parece, y también, según dicen algunos políticos y periodistas de reconocido prestigio en la derecha española, fue sancionado y se le indicó la puerta de salida de la “Justicia Española”.
El señor Garzón se olvidó de que los españoles, aunque sean posibles delincuentes, tienen unos derechos constitucionales, y entre ellos está el derecho a la tutela judicial efectiva y a la consiguiente defensa ante los tribunales. Y la Justicia en sí misma debe velar porque esos derechos se cumplan. De ahí que la comunicación entre abogados, o entre abogados y clientes, sea sagrada, en cuanto a su inviolabilidad, es decir el secreto profesional y el derecho de la defensa. También es un derecho a la intimidad y lo es, por ejemplo, el secreto de los datos fiscales y su protección, para evitar su difusión a terceros.
Pero, en este país hay gente de piel fina cuando le toca la crítica hacia ellos, pero que no tienen nada que objetar al ataque indiscriminado y sin cuartel, ni derechos, a los adversarios políticos, económicos y sociales Y no hablamos ya del pueblo, que para ellos, son simplemente los paganinis de la fiesta. Bueno, pues esos aprendices de brujo, que no respetan a los demás y que además están siempre intentando que “no les pisen el relato”, manera fina de decir que van a utilizar todos los medios a su alcance, legales o no, para imponer su verdad que les lleve a la destrucción total del enemigo. En este caso, la auténtica proa del Partido Popular, una proa que en Madrid le hace una oposición con tal nombre.
Debemos recordar aquí a Andrei Vyshinski, que fue, entre otras cosas, fiscal general de la Unión Soviética en los duros años de las purgas de Stalin, entre 1935 y 1939, caracterizándose por su forma de atacar a las víctimas de aquellas “purgas estalinistas” con cualquier tipo de estratagema y sin ningún límite en sus crueles y a la vez ingeniosas acciones, que solo pueden calificarse con el paso del tiempo de deleznables. Autor real de la frase: “Dame un hombre y encontraré un crimen”. Es su mejor ejemplo y profesor de lo que están haciendo y pretenden hacer. Recordar a estos iluminados, que no todos los que se convierten en martillo de herejes de los enemigos del poder, como el estalinista, suelen acabar bien, de hecho, les recomiendo que miren al redor suyo y verán como “El Jefe de Moncloa” suelta lastre, en cuanto ese lastre le lleva hacia el fondo.
Volviendo a nuestro tema, en breve, en apenas diez días, el fiscal general del estado va a acudir como investigado, antes imputado, por este asunto de “ganar el relato”. A quien, por cierto, ni queremos pensar que alguien le haya sustraído de esa defensa, de los secretos correspondientes y sobre todo me llama la atención que la defensa del fiscal, persona como tal, sea llevada por la Abogacía General del Estado, institución a la que, en sí, y a sus integrantes, se les paga de los impuestos que usted y yo financiamos, que se ha convertido en la abogacía general del desgobierno. De esto lo que más me llama la atención es, precisamente, que los hechos personales que implican alteraciones del código penal por personas concretas, no se pagan las defensas de su bolsillo, sino del mío, lo cual me empieza a cansar y mucho.
El Magistrado del Tribunal Supremo que llama a declarar al investigado, lo hace en un auto de 14 páginas, ninguna de las cuales tiene desperdicio, aunque el coro de socialistas importantes: ministros, secretarios de esto y lo otro, etc.., le quiten importancia. Lo cierto es que en el auto del magistrado queda claro quien, de momento y presuntamente, promovió la presunta revelación de secretos del novio o pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Por desgracia, estamos no solo ante la situación, presunta, de una acción del primer fiscal del reino, que va en contra de sus obligaciones constitucionales, sino que, además, el presunto, porque esa categoría debiera tener el ministro del ramo, que se ha permitido consideraciones, que en ningún otro momento procesal y lugar fuera de España, otro ministro hubiese realizado.
El auto que tanto molesta al ministro, es valorado por él, minusvalorando y diciendo que no se basa en nada, cuando está valorado, motivado y hecho de una manera reflexiva a partir de una serie de indicios. Y estamos hablando de que el magistrado-juez instructor no es un pelanas, sino un integrante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un ministro de justicia no puede valorar como ha hecho la acción de un juez en medio de una instrucción y menos cuando esa instrucción puede acabar salpicándole a él y a su Jefe. Dice que no hay ninguna prueba. Debiera saber o conocer que en la fase de instrucción no se acreditan pruebas, se buscan indicios y sobre la solidez de los mismos se decide si se sienta al investigado en el banquillo o se archiva el caso.
Lo cierto es que el Magistrado da por iniciaría, no podemos usar la palabra probada todavía, una operación de estado, orquestada por tres miembros de la Fiscalía, el llamado equipo de Fortuny, con terceros que se espera a lo largo del proceso salgan a la luz. Lo cierto es que los tres de Fortuny tienen una idea muy tonta de la UCO de la Guardia Civil, que cuando coge presa, no la suelta. Y tonterías como el juego con los teléfonos móviles de los implicados, les van a costar un disgusto. Y si no, al tiempo.
Desde aquí, solo desear que el peso de la Ley caiga sobre los culpables y, la ignominia, frente al pueblo. Sobre todo, porque estos aprendices de brujo, y muchos de sus allegados y secuaces, han hecho y siguen haciendo verdaderas barbaridades con el indefenso pueblo llano de esta Nación. Y ahí lo dejo..
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