El Colegio de Médicos de Madrid apadrinan la revolución de las madres contra la ley impulsada por la comunista Irene Montero.
Así, el pasado sábado, el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) acogió y apadrinó precisamente el acto de presentación de Amanda, la agrupación de madres de niñas y adolescentes con disforia de género acelerada, que denuncian que sus hijas están siendo víctimas de un «contagio social» que les impulsa a autodeclararse trans sin serlo realmente e iniciar el peligroso camino de la hormonación .
Rafael del Río, presidente de la Comisión Deontológica del ICOMEM, reconoció que, con la nueva regulación, no sólo se excluye, sino que se prohíbe el diagnóstico de los expertos, que alertan de que el Gobierno confunde la despatologización de lo trans con el necesario diagnóstico diferencial que exige cualquier intervención.
«Si esto ya es importante en cualquier rama de la medicina, más aun cuando hablamos de menores», advirtió en el mismo acto Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón. «La experiencia nos dice que son personas volubles y que tienen dificultades inherentes a su madurez. Un día pueden pensar que su vida es lo más mísero del mundo y que no quiere vivirla, y a la semana o dos semanas no queda nada de eso«, explica Arango, que insiste en que a él no le preocupa «el que es trans, sino el que dice que lo es sin serlo».
Daños irreversibles
El psiquiatra, que el pasado mes de julio ya alertó de «un incremento bestial de adolescentes» que caen en este engaño, subraya así el deber de la sociedad -y sobre todo de los poderes públicos- de proteger a los menores ante decisiones trascendentales como ésta, que pueden llevar aparejadas «daños irreversibles»: «Si les protegemos del tabaco, ¿cómo no vamos a hacerlo frente a la hormonación?«.
De ahí la importancia de un correcto diagnóstico que, sin embargo, el Gobierno rechaza. «Como la OMS dice que no es un trastorno, alegan que no hay por qué preguntar a los médicos, y yo les pregunto… ¿Quién va a hacer la intervención? ¿Y quién es el responsable legal? El nivel de negación llega al absurdo», denuncia Arango que, aun defendiendo la despatologización de lo trans, insiste en la importancia de detectar a tiempo los casos que no lo son.
El contagio social
En este sentido, el jefe de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del hospital Gregorio Marañón coincide con Amanda en alertar de un auténtico contagio social: «En mi unidad, había años en los que teníamos un adolescente trans o ninguno. Estos últimos años, un 20% de los adolescentes que tenemos ingresados con trastornos mentales graves dicen ser trans, y la inmensa mayoría dicen serlo desde hace unas semanas y días. Hemos tenido transiciones en la misma planta de hospitalización: cuando ingresaron ni lo habían pensado y luego, hablando con alguien que estaba allí, se dieron cuenta de que la solución a sus problemas era esa».
El 97% de los hijos de las integrantes de Amanda habían presentado «alguna o varias situaciones de malestar psicológico previo: trastorno del espectro autista, depresión, ansiedad, bullying, acoso sexual, violencia de género en su hogar, trastorno límite de la personalidad, de la conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo, de estrés postraumático o trastorno de déficit de atención por hiperactividad».
Arango reconoce que eso es exactamente lo que se encuentra en muchos casos. «He llegado a tener delante niñas con trastorno autista o Asperger que dicen ser trans y cuándo les pregunto qué es ser hombre o qué es ser mujer se quedan sin palabras y me dicen: ‘Doctor, no me quite la esperanza porque esto es lo último que tengo para ser aceptada’. Eso, como profesional, es triste y es doloroso».
Prudencia ante la «escasa evidencia científica»
Esta realidad es precisamente la que demuestra la necesidad de contar con un diagnóstico diferencial. «La prudencia es el mal menor. Si después de todo se dieran cuenta de que esa no era la solución, sería muchísimo peor», advierte. La premisa es compartida por muchos profesionales que, sin embargo, no se atreven a alzar la voz por miedo a ser tachados de tránsfobos o a ser puestos bajo lupa ante la inminente aprobación de una ley que contempla multas millonarias por supuestos delitos de odio.
En esta línea, el ICOMEM insiste en que la «escasa evidencia científica» que hay al respecto es la que les lleva a pedir «prudencia». Razón de más cuando el proceso afecta a menores, exigiendo, por tanto, «adaptarse a la capacidad de comprensión y asimilación que puedan alcanzar».
(Con información de Libertad Digital)
