El Gobierno ha aprobado una nuevo proyecto de ley de información clasificada que permite multas de hasta 2,5 millones de euros y abre la puerta a un control absoluto sobre lo que se publica. Expertos, juristas, periodistas y medios de comunicación coinciden: es una barbaridad que pone en jaque la libertad de prensa.
Una norma opaca que favorece el control ideológico
Este martes, el Consejo de Ministros dio luz verde, por vía de urgencia, al proyecto de ley de información clasificada, que deroga la antigua ley de secretos oficiales de 1968. La nueva norma consolida un poder desproporcionado y absoluto en manos del Ejecutivo. Es el Gobierno quien decide, sin ningún control externo, qué información será considerada “secreta”, “alta secreta”, “confidencial” o “restringida”.
La ley de información clasificada, impulsada desde el Ministerio de Presidencia que dirige el filomasón Félix Bolaños, otorga al propio Ejecutivo la potestad de etiquetar cualquier contenido como alto secreto sin ofrecer criterios objetivos ni control judicial real. Esto permite al Gobierno esconder lo que no le interesa que se sepa, algo propio de regímenes autoritarios.
Según advierte el jurista Manuel María de Miguel en el Debate, “si no hay criterios objetivos se dificulta en la práctica el control judicial” de los abusos en las clasificaciones. Esta falta de garantías deja el terreno abonado para decisiones arbitrarias y discrecionales.
Multas millonarias, censura institucional y vigilancia a periodistas
Uno de los puntos más alarmantes de la ley de información clasificada es el régimen sancionador que establece. Aquellos que publiquen información clasificada —incluso si fue obtenida legalmente por medios de comunicación— podrían ser sancionados con multas de hasta 2,5 millones de euros. No importa el soporte o la forma de publicación: la amenaza es clara y deliberada.
Además, esta ley obliga a los periodistas a revelar sus fuentes, algo completamente inaceptable en una democracia madura. Se legaliza la posibilidad de espiar las comunicaciones entre profesionales de la información, lo que viola principios constitucionales y debilita la libertad informativa.
«Una barbaridad», sentencian los expertos. Como si fuera poco, la nueva norma permite delegar la autoridad para declarar información como restringida o confidencial a múltiples cargos, ampliando así el número de personas capaces de ocultar información pública.
Desclasificación imposible y uso partidista de los secretos
Otro aspecto preocupante es la duración extrema de los periodos de clasificación. Según la ley, la información clasificada como “secreta” o “alto secreta” podrá mantenerse oculta durante 45 y 60 años, respectivamente. Y estos plazos podrán prorrogarse de forma motivada, sin que se expliquen en la norma los motivos ni los criterios de esa prórroga.
Como apunta el influyente jurista @iuristóteles en El Debate, la ley provoca una evidente “inseguridad jurídica” y permite que el poder político use los secretos oficiales de forma interesada, sin contrapesos institucionales. En palabras del propio jurista, «existe el riesgo de que no se sepa por qué se clasifica determinada información y que se utilice de forma interesada (al no existir contrapesos y garantías)».
Abogados y expertos rechazan frontalmente la ley
El rechazo a esta ley de información clasificada no es una cuestión partidista ni ideológica, sino unánime desde la perspectiva jurídica, mediática y civil. No solo los periodistas alzan la voz, sino también reconocidos juristas y expertos.
Borja Adsuara, doctor en Filosofía del Derecho y especialista en asuntos públicos, es rotundo: «Una cuestión es que la autoridad o funcionario encargado de la custodia de la información sensible y/o clasificada revele la misma y otra, muy diferente, es que un medio de comunicación acceda a ella y la publique».
El principio básico de una sociedad libre es la posibilidad de vigilar al poder y denunciar sus abusos. Esta ley hace exactamente lo contrario: convierte al poder en el único guardián de la verdad, amordazando a la prensa e imponiendo un muro de silencio donde antes había transparencia.
Un modelo de censura inaceptable
La llamada ley de información clasificada es una amenaza directa contra los valores fundamentales de una democracia: libertad de expresión, derecho a la información y control del poder por parte de la sociedad civil.
Permitir al Ejecutivo decidir qué es secreto sin criterios objetivos, imponer sanciones económicas desproporcionadas, vigilar y espiar a periodistas y forzarles a revelar fuentes nos acerca más a modelos dictatoriales que a una sociedad libre y abierta.
