El fin del estado de alarma y el inicio de la «nueva normalidad» han traído consigo un gran incremento de las quiebras empresariales. Sólo en lo que marcha de mes de junio, un total de 435 empresas han solicitado el concurso de acreedores al encontrarse en una situación de insolvencia y no poder hacer frente a sus deudas. La cifra es tres veces superior a la registrada en mayo y supera ya incluso las 359 suspensiones de pagos efectuadas en el mismo mes del año anterior. El dato, facilitado a ELMUNDO por Axesor, supone un adelanto de la cascada de bancarrotas que está por venir a pesar de que el Gobierno todavía mantiene las medidas de apoyo para relajar la presión de los acreedores sobre compañías que han perdido casi todos sus ingresos durante los últimos meses.

Un 20% de las insolvencias se registra en el sector del comercio, uno de los más afectados por la crisis debido a la imposibilidad de abrir las tiendas durante los meses de confinamiento. Al comercio le siguen la construcción, inmersa en un túnel de incertidumbre por la caída de las rentas de las familias y la falta de visibilidad sobre el futuro, y la industria manufacturera, aquejada por los recientes anuncios de cierres de grandes grupos como Alcoa o Nissan y el descenso del comercio internacional.

El incremento de los concursos de acreedores se produce todavía bajo el escudo aprobado por el Gobierno durante el estado de alarma para evitar una cascada de quiebras de empresas viables afectadas de manera coyuntural por el coronavirus. Estas modificaciones permiten a las propias compañías no comunicar su situación de insolvencia hasta el 31 de diciembre -cuando la Ley fija un plazo de dos meses- y evita que los bancos puedan iniciar de manera forzosa uno de estos procesos para recuperar la deuda. Además, siguen en vigor otras medidas de apoyo financiero como los ERTE, prorrogados hasta septiembre, y las líneas ICO de financiación con aval del Estado.

Precisamente, mañana caducan las cuotas asignadas por el Gobierno a las entidades financieras para que otorguen préstamos a pymes y grandes empresas afectadas por la crisis con una cobertura pública de hasta el 80%. El Ministerio de Economía ha ido habilitando durante la crisis distintos tramos para conceder 100.000 millones de euros en avales, pero según los últimos datos oficiales disponibles por ahora sólo se han hecho efectivos un total de 58.700 millones.

En el paquete de ayuda financiera se incluyeron también otros mecanismos específicos dirigidos a sectores como el turismo y la automoción, e incluso se destinó un paquete de 4.000 millones para cubrir las emisiones de pagarés realizadas por empresas con problemas en el Mercado Alternativo de Renta Fija. Restando todos estos vehículos, la banca estima que cerca de 32.000 millones en avales asignados por el Estado no han sido distribuidos y tendrán que reasignarse en una especie de repesca financiera a partir del miércoles.

La normativa que regula el plan de ayudas del ICO establece que esta redistribución se hará en función de la cuota de avales concedidos por los bancos durante los últimos meses. Esto limita la competencia entre entidades, ya que la primera asignación se realizó en función de la cuota de mercado en crédito a empresas de cada grupo.

Fuentes financieras explican que los grandes bancos -aunque cada uno a su ritmo- ha ido concediendo los avales entre su clientela habitual y no esperan grandes cambios en cuotas de mercado en lo que sería la primera división financiera. No obstante, hay entidades más pequeñas, filiales de bancos internacionales en España o empresas de pago que no han querido o podido cumplir con su cuota al no disponer de los recursos de los grandes para tramitar de manera rápida los avales y que ahora perderán sus derechos.

(diario El Mundo)

Por Redaccion

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