El impacto de la actual crisis en el mercado laboral y las cuentas públicas va a pasar factura por partida doble a las pensiones futuras, que pasarán de doblar lo aportado a significar apenas el 50% del último sueldo obtenido durante la vida laboral. En un reciente informe el Banco de España estimó que el sistema de pensiones provee actualmente a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó mientras cotizaba. Esa es la media, pero un pensionista con un alta de jubilación ordinaria puede llegar a obtener 3,86 euros por cada euro cotizado, triplicando su aportación al sistema. Se trata en este caso de solo un 5% de los jubilados, pero el dato muestra la generosidad de un sistema que se va a tornar en pocos años en la cara opuesta.
Y es que las pensiones ya suponen el 31% del gasto de todas las administraciones y el 45% de los desembolsos de la Administración central y el esfuerzo va en aumento a marchas forzadas ante las previsiones de envejecimiento de la población, con unas estimaciones en 2048 de 15 millones de pensionistas, casi el doble de la población de Suiza, por los diez millones actuales.
Periodo de cálculo
La última reforma de las pensiones de 2011 ya introdujo un significativo incremento del periodo de cómputo para calcular la pensión, un proceso que se completará en 2022. Con el aumento de los años cotizados y de sus bases de cotización en el cálculo de la base reguladora, en un decenio se habrá pasado de valorar los últimos 15 años cotizados en que se valoraban antes de la reforma, en el año 2012, a los últimos 25 años en 2022. Es decir, se tendrán en cuenta 10 años más de cotización. Lo lógica indica que lo más probable es que el salario de un trabajador se incremente con el tiempo y, en consecuencia, sus bases de cotización también aumenten. En este supuesto, el nuevo cálculo no le favorecería, ya que seguramente las últimas bases serán más altas. Así, cuantas más bases se tengan en cuenta, seguramente la media será más baja y, por tanto, la cuantía de la pensión será más reducida.
Por el contrario, en un contexto en el que cada vez es más frecuente que los trabajadores sean expulsados del mercado laboral a edades más tempranas, es usual que después de haber terminado de cobrar la prestación por desempleo, el sujeto no cotice o cotice por la base mínima (en el supuesto de beneficiarios del subsidio por desempleo). En estos casos, al tener en cuenta un número más amplio de bases de cotización se mitigan los efectos de la situación de los últimos años, por lo que resultaría más favorable tener en cuenta un mayor número de años para el cálculo de la pensión.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas y los trabajadores han afrontado dos crisis económicas muy fuertes en un corto espacio de tiempo, lo que no se ha traducido en devaluaciones salariales y congelaciones, sin que las cotizaciones hayan tenido tiempo de recuperarse en los niveles previos a la sacudida de 2008.
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A esto hay que añadir un endurecimiento de las condiciones para acceder a la totalidad de la pensión. La reforma de 2011 introdujo también la elevación gradual de la edad de jubilación. Hasta 2027, cuando termina el periodo transitorio, se habrá elevado la misma de 65 años hasta los 67 años. El presente año, quienes se retiren a la edad ordinaria lo harán con 65 años y 10 meses, salvo aquellos que acrediten al menos 37 años de cotizaciones, que podrán jubilarse a los 65 años sin ver penalizada la cuantía de su pensión. A partir del año 2027, la edad ordinaria de jubilación serán 67 años, salvo para aquellos que acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotizaciones laborales, que mantendrán la edad ordinaria de jubilación en los 65 años.
Una vez establecida la base reguladora, la pensión se traduce en un porcentaje de dicha base, que dependerá del periodo cotizado durante la vida laboral. El periodo mínimo de cotización que da acceso a la pensión contributiva, de 15 años, permite percibir un 50% de dicha base reguladora. Los años de cotización adicionales permiten lograr un porcentaje superior de base reguladora, hasta alcanzar el 100%. El acceso a la pensión completa se encuentra en fase de incremento gradual. Así, entre 2020 y 2022 (incluidos), se exigirán al menos 36 años cotizados. Entre 2023 y 2026 (incluidos), al menos 36 años y medio de cotizaciones. Y en 2027 y años sucesivos, el 100% de la pensión se logrará al haber cotizado un mínimo de 37 años.
España, más generosa que sus vecinos
La Comisión Europea prevé que, pese al aumento de población europea en los próximos años, la fuerza de trabajo se reduzca significativamente, al pasar de 333 millones a 302 millones en 2050, lo que implica una presión en todos los sistemas de pensiones. La situación es especialmente complicada en el caso de España, donde el servicio público supone un 70% del gasto. En el caso de las pensiones, el sistema español se verá afectado de especial manera, bajando las prestaciones del entorno del 80% del último sueldo (tasa de reemplazo o sustitución) a un 49,2% en 2050. Esta tasa acercará las pensiones españolas a la media europea, con un 52% de tasa de reemplazo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Países como Francia (60%), Portugal (74,4%), Alemania (38,7%) o Reino Unido (21,7%) tienen en todos los casos tasas inferiores a la media actual española.
Las próximas reformas pueden apostar por blindar la revalorización de las pensiones al IPC, lo que puede incrementar en un 4% del PIB el gasto en pensiones para 2050, acercar al máximo la edad real de jubilación a la legal, penalizar las prejubilaciones o nuevos mecanismos para establecer la base reguladora, desde calcularla en función de las cotizaciones de toda la vida laboral a que sea el trabajador el que elija los años más favorables. En cualquier caso, los futuros jubilados españoles pueden tener por seguro que no verán pensiones tan generosas como las que disfrutan los actuales pensionistas.
(H. Montero. Diario La Razón)
