La UE pide medidas claras, necesarias, proporcionadas y «voluntarias» mientras Sánchez impone lo contrario con un decretazo

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El decreto de «ahorro energético» ya se aplica en España, entre la unilateralidad de unas medidas impuestas sin negociar, su ineficacia e incertidumbre en la concreción.

En efecto, la falta de concreción de las medidasno se sabe exactamente qué establecimientos tendrán que ajustar la temperatura del aire acondicionado a los 27 grados o a los 25así como la falta de un régimen claro de sancionesse remite a la Ley de Industriao el desconocimiento sobre cómo se vigilará que el plan se cumple ha sumido a las comunidades autónoma, a los ayuntamientos y a los establecimientos, en el caos.

En contradicción con la normativa de la UE

El Gobierno, además, pasa por alto la normativa de ahorro de energía acordada en la propia Unión Europea, que recoge que las medidas adoptadas por los Estados miembros estén «claramente definidas» y sean «necesarias, transparentes, proporcionadas, no discriminatorias y verificables».

Así se concreta en el reglamento que el Consejo de la UE -órgano de representación de todos los Estados miembros- emitió el pasado 5 de agosto sobre «medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas».

Reducción voluntaria en la UE

En el texto, se insiste, además, en que la reducción de la demanda es, por ahora, «voluntaria» de cara a hacer frente a un «riesgo inminente de perturbación del suministro de gas a la Unión». Si bien se advierte que «las medidas voluntarias para la reducción de la demanda pueden no ser suficientes por sí solas para garantizar la seguridad del suministro y el funcionamiento del mercado». «Por tanto, a fin de atender rápidamente los retos específicos que plantea el grave empeoramiento, en curso y previsto, de la escasez de suministro de gas y evitar distorsiones entre Estados miembros, debe establecerse un nuevo instrumento que introduzca la posibilidad de reducción obligatoria de la demanda de gas para todos los Estados miembros. Dicho instrumento debe estar operativo con suficiente antelación al otoño de 2022».

Más duras, restrictivas, rígidas e intransigentes

Por el momento, España es el país que aplica las medidas más restrictivas. Los grandes países europeos no cuentan aún con un plan de «ahorro» aprobado y sus propuestas están siendo actualmente consensuadas con los sectores afectados. Además, en muchos países, son los ayuntamientos los encargados de adoptar las medidas que más se ajusten a su situación.

Además, el Gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado sanciones de hasta 1.500 euros por su incumplimiento. En España, las infracciones leves pueden ser castigadas con hasta 60.000.

(Con información de OK Diario)

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