La Policía Nacional sustituye a la Guardia Civil en el casoplón

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Unos 20 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en varios turnos, se harán cargo desde hoy de la vigilancia estática del chalet que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tienen en Galapagar (Madrid), en sustitución de la Guardia Civil, según fuentes policiales. Montarán, en una de las esquinas, una garita y, en la parte posterior, se situará un automóvil oficial. Desaparece, por lo tanto, la garita que tenía la Guardia Civil que, sin embargo, mantendrá la vigilancia en los alrededores. En caso de producirse alguna incidencia, los policías se lo comunicarán a los agentes de la Benemérita, que siguen manteniendo sus competencias en la zona.

En los últimos tiempos, la presencia de la Guardia Civil, en labores de vigilancia en torno al chalet, había estado rodeado de polémica pese a que los agentes se limitaron al cumplimiento de las órdenes recibidas. Iglesias y Montero son miembros del Gobierno y tienen derecho a gozar de una seguridad que, en este caso, al menos en el exterior de su vivienda, se la proporcionaba la Benemérita. En algunos momentos, llegaron a concentrarse hasta 500 personas (el número es ahora puramente testimonial) en los alrededores del chalet con banderas españolas para protestar contra la gestión de Iglesias y Montero; y, en ningún momento, estuvo en peligro su seguridad, lo que demuestra la eficacia del despliegue.

Según las fuentes policiales, además de la vigilancia dinámica (labores de escolta, en desplazamientos, actos, etcétera) van a ser estos agentes los que, desde el exterior de la parcela, se harán cargo de la vigilancia estática.

En cualquier caso, desaparece la citada garita, que tanta polémica causó al principio, pero habrá en los alrededores un mayor o menor número de agentes de la Benemérita, en función de las circunstancias. Las mismas fuentes aseguran que existe en el matrimonio un malestar con el servicio que prestaba la Guardia Civil. Hace días se produjo un incidente cuando Iglesias sorprendió a un individuo que grababa desde la parte posterior de la parcela y trató de que intervinieran los agentes que estaban en la garita. El vicepresidente habría in formado de lo ocurrido al Ministerio del Interior y transmitido su malestar por lo que consideraba un relajamiento en las funciones de vigilancia. Desde la garita, difícilmente podía el agente ver lo que pasaba en la parte posterior, pero Iglesias se enfadó.

La Guardia Civil, en lo concerniente a la vigilancia del chalet, se ha encontrado entre «dos fuegos», cuando se ha limitado a cumplir las órdenes recibidas. Por un lado, se les ha criticado por cortar las calles adyacentes y por identificar, al incurrir en desobediencia, a algunos de los manifestantes . Y, por el otro, por ese supuesto relajamiento.

Decisión controvertida

La decisión, en cualquier caso, no ha caído bien en el seno de la Benemérita por más que se quiera matizar. En varios inserciones en Twitter, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) da a entender que ha sido el propio Iglesias el que ha tomado la decisión de solicitar la sustitución de la Guardia Civil y se preguntan:” ¿qué hemos hecho? O mejor, “qué no hemos hecho”. También destacan que “echaron al jefe de la Comandancia de Madrid y ahora nos quieren echar de nuestra demarcación”. “¿Nos quieren sustituir por un cuerpo de Policía más dócil”.

El sindicato Jupol ha solicitado una rectificación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la orden «ilegal» que ha emitido a la Policía Nacional, a la que ahora «obliga» a realizar las funciones de vigilancia del domicilio del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En este sentido, Jupol ha recordado que el domicilio de Iglesias está ubicado en el municipio de Galapagar (Madrid), una demarcación en la que tiene atribuidas las funciones de seguridad la Guardia Civil.

En los próximos días, según ha informado este domingo eldiario.es, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se harán cargo de la seguridad perimetral del domicilio familiar de Iglesias y Montero en Galapagar, en sustitución de la Guardia Civil.

Desde Jupol se ha denunciado que esta orden es «completamente ilegal» y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, su secretario general, José María García, ha mostrado su «oposición frontal y absoluta a esta decisión».

García ha señalado que «no entiende» los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, que antes custodiaba la Guardia Civil, «sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos».

Para Jupol, “lo único que puede acarrear esta decisión es un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional, y que se había visto reforzada durante la pandemia sanitaria del Covid-19”.

(J.M. Zuloaga. Diario La Razón)