Abogacía del Estado y Govern presentarán sus alegaciones el 21 de abril.
La finalización del plazo voluntario para que el Gobierno catalán cumpliera con la sentencia ha propiciado que hasta cuatro asociaciones distintas -Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Hablamos Español, Convivencia Cívica Catalana y Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)- hayan pedido iniciar un incidente de ejecución de la sentencia.
Esta situación obliga al Ministerio de Educación y a la Consellería del ramo a pronunciarse en todos estos procedimientos. En el caso de la última demanda recibida, la de la AEB, el próximo 21 de abril ambas administraciones deberán informar ante el tribunal si dan o no por cumplida la sentencia y si consideran a la entidad presidida por Ana Losada parte legítima en este proceso.
Desde el Ministerio de Educación informaron que no contemplaban ningún escenario donde se incumple con resoluciones judiciales, pero lo cierto es que declinaron pedir la ejecución forzosa de la sentencia pese a ser parte legitimada y una vez se había agotado el periodo de dos meses para que el Govern acatara de forma voluntaria.
El papel de la Abogacía del Estado
Estas fuentes jurídicas también están a la expectativa sobre la posición que adoptará la Abogacía del Estado. «Una vez el Gobierno y la Generalitat presenten sus alegaciones el TSJC deberá decidir si considera que la información aportada es suficiente y si da por ejecutada o no la sentencia», añaden estas fuentes.
Existen temores de que el Gobierno de Pedro Sánchez cierre filas con el Govern, como ya ocurrió en el proceso contable en el Tribunal de Cuentas que investiga el desvío de fondos destinados a la causa secesionista de 32 ex altos cargos de la Generalitat. En este procedimiento, la Abogacía se inhibió -pese a que el Supremo lo consideró parte «interesada»– y el ente fiscalizador acabó aceptando el fondo del Govern para avalar las fianzas millonarias a los dirigentes nacionalistas.
Delegan en las escuelas
En la nueva etapa iniciada por el conseller Josep González Cambray también se ha cumplido con las medidas cautelares en aquellos centros -de momento, nueve- que fueron denunciados. Durante el gobierno de Artur Mas, un total de 14 centros acataron las decisiones de la justicia sobre esta materia.
El problema actual está en que el Departamento que dirige Cambray se resiste a confeccionar un nuevo plan educativo con carácter genérico que integre el 25% de español en todos los centros públicos de Cataluña. Y se delega a los equipos docentes cumplir o no con la sentencia. A diferencia de las sentencias anteriores, la última ratificación de la sentencia del TSJC por parte de Supremo obliga a que este porcentaje mínimo de español se impartiera a todas las escuelas. Y no solo en aquéllas que habían sido denunciadas como sucedía anteriormente en las etapas de Torra o Mas.
El Govern, con el apoyo del PSC, se han movilizado para renovar la Ley de Política Lingüística. También Cambray informó sobre un nuevo decreto para garantizar la protección del catalán. No obstante, ni el cambio en la ley ni el nuevo decreto da margen a modificar la situación creada por la sentencia ni a evitar su cumplimiento.
(Con información de The Objective)
