La Generalidad de Cataluña constata el vínculo entre inmigración ilegal y delincuencia: la realidad tumba la propaganda

La Generalitat reconoce que el 40% de presos extranjeros no se integrará nunca

En un documento oficial al que ha tenido acceso Hispanidad, la propia Generalidad de Cataluña admite que un 40% de los presos extranjeros no tiene intención alguna de integrarse en la sociedad. No es una acusación de la «extrema derecha», ni un bulo de redes sociales. Es un dato oficial que desmonta toda la narrativa buenista. Estamos hablando de miles de personas que no solo han entrado ilegalmente, sino que se niegan a asumir las normas básicas de convivencia y se instalan en una actitud abiertamente hostil hacia la sociedad de acogida.

Más de la mitad de los presos en Cataluña son extranjeros

A 31 de marzo de 2025, Cataluña cuenta con 8.828 presos, la cifra más alta en la última década. De ellos, el 51,8% son extranjeros, según datos de Instituciones Penitenciarias de la región. Pero eso no es todo: del 48,2% restante, una parte considerable corresponde a nacionalizados o internos de origen extranjero, lo que eleva el porcentaje real aún más.

El dato es demoledor si se tiene en cuenta que los inmigrantes suponen apenas el 17% de la población de Cataluña. La sobrerrepresentación en delitos graves es una evidencia que ningún discurso ideológico puede ya maquillar.

El 91% de los condenados por violación en Cataluña son extranjeros

Uno de los datos más estremecedores es que, según las cifras recogidas en informes judiciales, el 91% de los condenados por violación en Cataluña son extranjeros. ¿Dónde queda ahora el discurso de la diversidad enriquecedora? ¿Dónde están los que tachaban de racista a quien advertía de estas consecuencias?

Los responsables de esta situación no son solo los agresores, sino también los sectores políticos y mediáticos que promovieron esta inmigración masiva sin control, que negaron durante años los efectos sociales de esta avalancha y que criminalizaron a quien decía la verdad.

Casi 100 millones de euros al año para mantener delincuentes extranjeros

Mientras los catalanes sufren inseguridad creciente, desempleo y precariedad, la Generalidad se gasta 94,3 millones de euros anuales en mantener a estos presos en las cárceles. Un dinero que podría destinarse a familias necesitadas, sanidad, educación o seguridad ciudadana, pero que termina cubriendo las consecuencias de políticas migratorias irresponsables y dictadas desde los despachos de Bruselas y las ONGs progre.

Salt y Mataró: el estallido social ya ha comenzado

Las rebeliones violentas sufridas recientemente en localidades como Salt y Mataró son solo el anticipo de lo que viene si no se toman medidas urgentes. Zonas convertidas en guetos multiculturales, donde rige la ley del más fuerte y donde la convivencia se ha vuelto imposible. Los vecinos denuncian abandono, inseguridad, agresiones y amenazas. Pero el Gobierno calla. Fernando Grande-Marlaska sigue aferrado a su eslogan: “no existe relación entre inmigración ilegal y delincuencia”.

Sánchez y Marlaska: ciegos por ideología

Ni siquiera con estos datos encima de la mesa Pedro Sánchez y Marlaska rectifican. Su sectarismo ideológico es tal que prefieren negar la realidad antes que asumir su responsabilidad. Mientras tanto, España se fragmenta, la violencia crece y la población autóctona vive con miedo. Esto no es integración. Esto es invasión consentida y subvencionada.

La política migratoria impulsada desde Moncloa y la Generalidad de Cataluña ha fracasado. Los resultados son claros: más delincuencia, menos integración, más gasto público y más inseguridad. Lo más grave no es solo lo que ya ocurre, sino la falta total de voluntad de cambiar de rumbo. Esto es lo que provoca el estallido social, la radicalización de barrios y la fractura de nuestra nación.

Es hora de decirlo alto y claro: la inmigración ilegal masiva es incompatible con la convivencia. La realidad, por fin, se impone al relato.