El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha convocado en las últimas semanas la provisión de hasta 17 nuevos puestos de libre designación entre personal funcionario. Dos de estos cargos pertenecen al círculo más cercano de la dirigente de Podemos en el Gobierno, es decir, a su Gabinete. De esta forma, sus asistentes se elevan ya de 13 a 15 con un coste superior al medio millón de euros para las arcas públicas.
Según sendas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los días 1 y 15 de septiembre, el departamento de Irene Montero ha iniciado el procedimiento para designar a otros 17 cargos ‘a dedo’ en dicho Ministerio. Uno de ellos es el puesto de secretario/a de la Directora de Gabinete de Montero, que ostenta la abogada y miembro de la dirección de IU y del Partido Comunista de España (PCE) Amanda Meyer, hija del veterano ex eurodiputado Willy Meyer.
Ex secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda del Gobierno de la Junta de Andalucía, desde junio de 2012 a febrero de 2015, el nombre de Meyer apareció en un informe policial de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por su influencia en la concesión de la polémica beca black de la Universidad de Málaga al cofundador de Podemos y actual líder de Más País, Íñigo Errejón. Mayer tendrá ahora a una persona a su cargo realizando tareas de secretaría (un nivel 17 con un complemento específico de 7.662,06 euros)
El otro puesto del Gabinete de la ministra que será ocupado mediante convocatoria del pasado 15 de septiembre es el de Coordinador de área (un nivel 29 con un complemente específico de 21.299,18 euros). Con estos nombramientos mediante libre designación, Irene Montero podrá incorporar a su ministerio a funcionarios afines a Unidas Podemos.
Los 15 puestos restantes reparten en la secretaría del subsecretario, Pedro Francisco Guillén (cinco); la secretaría general técnica (uno); la subdirección general de la Oficina Presupuestaria, Gestión Económica y Asuntos Generales (uno); la de Recursos Humanos (uno); la división de Tecnologías de la Información (uno); la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (uno); la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (tres); la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial (uno) y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (uno).
Respuesta al PP
En una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado del PP Mario Garcés, revelada en exclusiva por OKDIARIO el pasado mayo, Moncloa daba cuenta de 12 asistentes (ya son 15 con los nuevos puestos) en el Gabinete y la Secretaría de la Ministra de Igualdad. En concreto, Moncloa habló de cinco puestos de asesores eventuales nivel 30, y tres puestos de consejeros técnicos nivel 28.
Y en la Secretaría de la Ministra de Igualdad, el Ejecutivo daba cuenta de cuatro puestos eventuales más, todos ellos de nueva creación: un nivel 24, un nivel 18 y dos niveles 17. Con posterior, el departamento de Irene Montero incorporó aquí otro «puesto de trabajo» nivel 17 y complemento específico de 7.662,06 euros. Es decir, 13 asistentes, que ahora serán 15.
El Gobierno contestó al PP que las retribuciones totales de este personal perteneciente al Gabinete y la Secretaría de la Ministra de Igualdad ascienden a «una media de 35.011 euros mensuales, computando en esa cantidad el sueldo, complemento de destino y complemento específico».
Ley de Gobierno de 1997
Por su parte, Vox llevó el pasado miércoles al Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para que el Gobierno socialcomunista recorte su tamaño, eliminando tres de las cuatro vicepresidencias y al menos 10 ministerios, con el fin de poder dedicar más recursos a la recuperación económica y social deriva de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la medida fue rechazada con los votos de PSOE, Podemos y sus socios de investidura. PP y Ciudadanos sí la respaldaron.
El partido de Santiago Abascal aboga por reformar la Ley de Gobierno de 1997 y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 para fijar un máximo legal de dos Vicepresidencias y de 12 departamentos ministeriales, de forma que el Consejo de Ministros esté integrado por un máximo de 13 personas, incluido el presidente, frente a los 23 actuales del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
15,84 millones
Según sostiene Vox, el Gobierno presenta actualmente «una mastodóntica y extensa estructura» que tiene un coste anual de 15,84 millones de euros anuales en sueldos de altos cargos, por lo que la tercera fuerza del país recalca que es una «obligación ética y moral» el impulso de «políticas que disminuyan la carga que para los ciudadanos supone la existencia de superestructuras de Gobierno».
Además, Vox instaba al Gobierno a realizar en el plazo de seis meses una auditoría de las Administraciones Públicas que detecte aquellas entidades públicas, observatorios y organismos autónomos que no realicen funciones esenciales, que tengan fines meramente ideológicos o que no sirvan al interés general, procediendo inmediatamente a su disolución.
El partido de Abascal pedía así «dirigir todos los esfuerzos económicos del Estado a proteger la economía española, el tejido empresarial y los puestos de trabajo, así como a mantener las prestaciones públicas que aseguren la cobertura de las necesidades reales de los españoles y la provisión de aquellas que en justicia les correspondan».
(Segundo Sanz. Ok Diario)
