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Mientras el Ejecutivo insiste en vender una supuesta bonanza macroeconómica basada en el gasto público y el maquillaje estadístico, la realidad que golpean las cuentas corrientes de las familias desmonta el relato oficial. España vuelve a ocupar el primer puesto de una clasificación económica europea, aunque en esta ocasión sobran motivos para la alarma social y política.
Nuestro país encabeza el llamado Índice de Miseria, un indicador que combina las tasas de desempleo e inflación para medir el deterioro real de las condiciones económicas que soportan los ciudadanos. Los últimos datos armonizados de Eurostat sitúan a España en 15 puntos, muy por encima de los 9,9 registrados por la media de la Unión Europea. Dicho de otro modo, el malestar económico que refleja este indicador resulta un 50 % mayor en nuestro país que en el promedio comunitario, lo que evidencia el fracaso rotundo de las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez.
Un estudio del Instituto Juan de Mariana (IJM) , y que recoge Libertad Digital, señala estos datos en un informe y actualiza la evolución de los precios junto con su incidencia sobre la economía doméstica. El informe constata que España padece una combinación especialmente perjudicial de desempleo estructural e inflación elevada, dos lastres que destruyen directamente el bienestar de las familias y que desmienten la imagen triunfalista que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta proyectar sobre la marcha de la economía. El resultado español destaca de forma dramática cuando lo comparamos con el resto de los Estados miembros, demostrando que el modelo económico sanchista condena a los ciudadanos a perder competitividad y poder adquisitivo frente a sus vecinos europeos.
¿Qué es el Índice de Miseria y por qué importa?
El origen de este indicador arranca en los trabajos del economista estadounidense Arthur Melvin Okun, quien popularizó su utilización durante la década de 1970. Su planteamiento partía de una intuición tan sencilla como poderosa: pocas variables económicas ejercen una incidencia tan directa sobre la vida diaria de las personas como el desempleo y la inflación. La primera priva de ingresos, dignidad y oportunidades a quienes desean trabajar, mientras que la segunda erosiona sin piedad la capacidad adquisitiva de quienes perciben un salario, una pensión o cualquier otra fuente de renta.
La metodología de Okun consiste, simplemente, en sumar ambos porcentajes. Una economía con una tasa de paro del 5 % y una inflación del 2 % obtiene un Índice de Miseria de 7 puntos. Sin embargo, cuando una gestión negligente permite que el desempleo aumente hasta el 10 % y los precios avancen a un ritmo del 5 %, el indicador se dispara hasta los 15 puntos. Esta comparación directa permite identificar de manera inmediata aquellas economías que consiguen combinar estabilidad de precios y oportunidades laborales con otras, como la española, en las que ambos problemas se acumulan y cronifican.
Naturalmente, hablamos de un indicador sintético y no de una medición exhaustiva de la prosperidad. No incorpora directamente la evolución de los salarios reales, la productividad, el acceso a la vivienda o la distribución de la renta, y concede idéntico peso a un punto de inflación y otro de desempleo. Pero su utilidad reside justamente en la sencillez con la que desnuda dos dimensiones esenciales del bienestar económico que el Ejecutivo pretende ocultar.
La comparativa de España con Europa
En el caso español, además, la comparativa europea revela dos fallos estructurales de naturaleza distinta pero igual de graves. Por un lado, el desempleo continúa en niveles excepcionalmente elevados en términos europeos. Aunque la tasa oficial descendió respecto a los peores momentos de las últimas décadas, España sigue encabezando las estadísticas comunitarias de paro como consecuencia de unas reformas laborales rígidas que desincentivan la contratación. Por otro lado, el diferencial de inflación creció a lo largo de 2026 hasta colocar a nuestro país entre los socios europeos con mayores aumentos de precios.
La suma de ambas circunstancias explica por qué España lidera el Índice de Miseria incluso por delante de países que presentan registros de inflación superiores a los nuestros. Rumanía, por ejemplo, padece una subida de precios más intensa, pero su menor desempleo permite que obtenga un resultado agregado inferior. España, en cambio, acumula una inflación desbocada sobre una estructura laboral lastrada por problemas de larga duración que el Gobierno se niega a resolver.
La inflación y el infierno fiscal agravan el empobrecimiento de los hogares
La gravedad del Índice de Miseria aumenta todavía más cuando lo relacionamos con la evolución reciente del coste de la vida. Según el último informe del Instituto Juan de Mariana, el IPC español alcanzó una tasa interanual del 4,9 % en octubre de 2026, frente al 2,3 % registrado al comienzo del año. Este repunte demuestra el fracaso de las medidas parche del Ejecutivo. Los precios acumulan ya un aumento del 29,5 % desde julio de 2018, momento en que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, mientras que la cesta de alimentos se encareció cerca de un 43 % desde junio de aquel año, convirtiendo llenar la nevera en un lujo para millones de ciudadanos.
Este deterioro genera consecuencias acumulativas que una simple tasa interanual impide apreciar en toda su magnitud. Que la inflación se modere puntualmente no significa que los precios regresen a los niveles anteriores, sino que continúan subiendo a menor velocidad sobre una base ya inflada. Por tanto, las familias nunca recuperan automáticamente el poder adquisitivo perdido cuando el IPC desciende desde los máximos de una crisis inflacionaria.
Situación dramática
La situación resulta especialmente dramática para los hogares que disponen de menores ingresos, puesto que dedican una proporción mucho más elevada de su presupuesto a bienes y servicios esenciales. Según el estudio del IJM, las familias más modestas destinan alrededor del 60 % de su gasto a vivienda, suministros y alimentación, frente al 40 % de los hogares más acomodados. Por tanto, el encarecimiento brutal de estas partidas básicas reduce de manera particularmente intensa el margen de maniobra de las clases medias y trabajadoras, a las que el Gobierno dice proteger mientras las empobrece.
A este golpe directo al bolsillo se suma otro saqueo silencioso que habitualmente queda fuera del debate público sobre la inflación: la subida encubierta de la fiscalidad. La negativa obstinada del Gobierno de Pedro Sánchez a deflactar la tarifa del IRPF y actualizar sus principales parámetros conforme al aumento de los precios provoca que los contribuyentes soporten una carga tributaria creciente, incluso cuando sus salarios apenas consiguen mantener su valor real. El IJM estima que esta progresividad en frío generó una recaudación adicional para las arcas públicas de más de 55.600 millones de euros desde 2019, de los cuales unos 16.200 millones corresponden solamente al ejercicio 2026.
Así pues, los hogares españoles sufren una doble asfixia financiera provocada por la voracidad recaudatoria del Estado. Por un lado, la inflación devora el poder de compra de sus ingresos y pulveriza sus ahorros. Por otro, la falta de actualización del impuesto sobre la renta permite que Hacienda confisque una parte creciente de sus recursos para financiar el gasto político del Ejecutivo. Y todo este expolio ocurre en una economía que sigue ostentando el triste récord de presentar la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea.
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