Pablo Iglesias ordenó comprar la nueva sede de Podemos a su tía Paloma Pérez-Marín Turrión, agente inmobiliaria, pese a que había otras 5 opciones más económicas sobre la mesa del partido y que no exigían realizar obras ni cambios de licencias. Sin embargo, el líder de Podemos ordenó adquirir el edificio de la calle Francisco Villaespesa 18, que estaba en la cartera de su familiar, y que gracias a la operación se llevó una comisión de 72.600 euros.

Un equipo formado por un número reducido de miembros del partido (unas cuatro personas) llevaban desde 2017 trabajando en la búsqueda de una nueva sede. El inmueble debía cumplir unas características como, por ejemplo, que se ubicara cerca del Congreso de los Diputados. Otros de los objetivos que se habían impuesto era buscar la mejor oferta económica y, en el caso de que el precio fuese elevado, que no obligara a realizar una gran inversión. Esto es, que estuviese equipada y acondicionada para poder trabajar.

Los encargados de buscar la nueva sede crearon un grupo de trabajo en el que debatían las «mejores ofertas». Encontraron unos cinco edificios en Madrid que cumplían con los requisitos. Sin embargo, de golpe y porrazo el líder del partido decidió comprar un inmueble ubicado en el distrito de Ciudad Lineal, a más de 5 kilómetros de la Carrera de San Jerónimo. Iba a ser imposible trasladarse a pie.

El precio fijado por la empresa propietaria, el grupo hotelero Transhotel, tampoco convenció: 2.253.000 euros por un edificio de 658 metros cuadrados de planta en cuatro niveles. En total, una superficie construida de 2.184 metros cuadrados, según el Catastro. Los trabajadores de Podemos se preguntaban: «¿Para qué queremos tanto espacio?». «Necesitamos algo más reducido y más económico».

Sin licencias

Los asesores del partido se llevaron las manos a la cabeza tras conocer el desembolso que debía realizarse para el «acondicionamiento general» del edificio, ya que se trataba de un inmueble no apto para oficinas. «Esto fue una operación antieconómica«, aseguran ahora fuentes internas de Podemos que se quejan de no encontrar «ni una sola ventaja (para el partido) en esa operación».

La nueva sede ni siquiera contaba con licencia de funcionamiento. Un arquitecto contratado por el partido para la remodelación del edificio reconoció que la propiedad adquirida «era irregular». En un informe, al que tuvo acceso OKDIARIO, aseguró que «no se adecuaba al uso autorizado con el que se había llevado a cabo».

En la memoria descriptiva del documento se indicaba: «Es un edificio industrial que se terminó en el año 2000 acogiéndose a una licencia de obras para la construcción de ‘siete locales industriales y garaje’. La realidad es que se construyó un edificio con un solo local para uso industrial, diferente al solicitado en la licencia y que no llegó a conseguir licencia de funcionamiento para implantación de actividades, al resolverse los dos expedientes abiertos por caducidad por no presentar los titulares en ese momento la documentación solicitada».

Después de cinco meses de trámites el arquitecto consiguió que el Ayuntamiento de Madrid, en aquel momento con Manuela Carmena como alcaldesa, regularizase la situación. El equipo de gobierno municipal, coalición en la que estaba Podemos, le proporcionó una licencia urbanística «para cambio de uso de un edificio industrial a dotacional para la sede de partido político, con obras de acondicionamiento general, reestructuración puntual y exteriores».

La gerente de la Agencia de Actividades, nombrada por Manuela Carmena en septiembre de 2015, fue quien estampó su firma en la licencia definitiva.

Sede nueva de Podemos
Sede nueva de Podemos

Obras: 1,3 millones

Podemos se ha gastado 1.361.055 euros en reformar su nueva sede. El partido publicó una licitación para la obra de 649.936 euros pero finalmente ha tenido que invertir más del doble en adaptar el edificio de 2.179 metros construidos.

El dudoso proceso de licitación de las obras se convocó de «carácter urgente». Tenía como fecha límite el 30 de mayo, día que OKDIARIO pudo constatar que las obras ya habían comenzado sin que el proceso de licitación estuviera cerrado. Ésta es una de irregularidades denunciadas por el ex jefe del equipo jurídico de la formación morada, José Manuel Calvente, que ha provocado una investigación judicial contra Podemos por delitos de malversación y administración desleal en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

Iglesias podría haber cometido con esta gestión vinculada a la compra de la sede un delito de administración desleal. El artículo 252 del Código Penal establece que «serán punibles los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado».

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, es evidente que Iglesias «incumplió todo lo que se podía incumplir: ordenó una compra –que no era la más ventajosa– para beneficiar los intereses personales de su familia».

(Teresa Gómez. OK Diario)

Por Redaccion

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