El sistema de pensiones español se fundamenta en lo que se ha dado en llamar solidaridad intergeneracional. Esto significa que las nuevas generaciones cotizan para sufragar, en cada momento, el coste que supone a la seguridad social el pago de las pensiones al colectivo de pensionistas. Se trata pues de un sistema piramidal, por mucho que el adjetivo piramidal traiga a nuestra cabeza connotaciones fraudulentas, que solo resulta viable cuando la pirámide poblacional garantiza que la proporción entre el número de personas que cotizan a la seguridad social es considerablemente superior al número de jubilados en cada momento, en una proporción no menor de 4 a 1. Si así fuera, supondría que las cotizaciones de al menos 4 trabajadores en activo garantizarían el cobro de la pensión de un jubilado.
Por desgracia, la realidad está muy alejada de lo deseable. Por un lado, el número de afiliados a la Seguridad Social en diciembre de 2021 era de 19.842.427, mientras que, por otro, número de pensionistas en abril de 2022 era de 10.901.107, de los que 452.487 corresponden a pensiones no contributivas. Esto supone una ratio de 1,82 trabajadores por pensionista, muy por debajo de la hipotética cifra de 4 a 1 mencionada en el párrafo anterior como umbral de viabilidad del sistema de solidaridad intergeneracional. Considerando que la población española es de 47.385.107 habitantes, resulta que los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social tienen también que sostener a 16.641.563 que representan la población inactiva, excluidos los pensionistas. Por no hablar del enorme gasto político que supone para el sufrido contribuyente alimentar con sus impuestos el carísimo sistema autonómico. Suena insostenible ¿Verdad?
Lo peor es que el futuro que nos muestra la pirámide de población actual no resulta nada tranquilizador.
Ilustración 1 Pirámide de población 2021 (con 47.385.107 de habitantes)
Esta hipotética pirámide, con base estrecha, que en realidad tiene forma de barril, nos indica que el reemplazo generacional que garantice el sistema de pensiones no está, en absoluto, asegurado como consecuencia de la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida de nuestros mayores. Una sencilla extrapolación hace prever, si no surgen cambios milagrosos poco previsibles, que la ratio entre trabajadores y pensionistas se acercará a 1:1 para el año 2035.
Para modular la demanda del sistema de pensiones se creó lo que se ha dado en llamar la caja de las pensiones que acumulaba un fondo de reserva obtenido en aquellos años, que también los hubo, en los que los ingresos de la Seguridad Social superaban a los gastos. La información más actualizada disponible sobre la evolución del fondo de reserva de la caja de las pensiones es la siguiente:
Ilustración 2 Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
Este fondo de reserva se creó en la primera legislatura de José María Aznar con la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social.
Desconozco por qué no se pueden encontrar en Internet datos más actualizados del estado del fondo de reserva. Tal vez obedezca a la famosa estrategia de ocultar las malas noticias para crear la falsa percepción de que estas cosas, tan importantes, están bajo control.
¿Qué se puede hacer para invertir esta peligrosa expectativa? En mi opinión, resulta evidente que ya llegamos tarde para atajar la situación de forma no traumática, pero cuanto más tarde reaccionemos, más difícil será reconducir el problema adecuadamente. Resulta inaceptable que la inmensa mayoría de los que han tenido la responsabilidad de gobernar nuestro país hayan decidido interpretar el papel de don Tancredo, como si ocultar la realidad consiguiera mejorarla, cuando en realidad este comportamiento irresponsable produce justamente el efecto contrario.
Las medidas éticas que mejorarían el futuro de las pensiones en España son:
- La primera e imprescindible es la creación de empleo productivo para ampliar la población activa. No consiste en ampliar la oferta de empleo público más allá de las necesidades reales del país. Otros países, con más habitantes que el nuestro, han conseguido que su Administración funcione de forma eficiente con muchos menos empleados públicos. El objetivo a perseguir es el de crear leyes que incentiven y faciliten el emprendimiento bueno, que es el que supone la creación de valor añadido.
- El fomento de la natalidad, ayudando a la familia natural, que es la única capaz de procrear, y dando opciones alternativas que permitan frenar el elevado número de abortos, cerca de 100.000 al año.
- La acogida de inmigración legal productiva para cubrir las necesidades laborales reales del país, preferiblemente inmigración capacitada y culturalmente integrable. Otra cosa no serviría más que para agravar el problema.
- Transformar progresivamente el sistema de pensiones en un sistema de capitalización como existe en países como Suiza. La capitalización permite rentabilizar las aportaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral, asegurando el correcto aprovechamiento de las cotizaciones, así como una mayor justicia retributiva.
Por desgracia, estas medidas requieren su tiempo para que empiecen a dar frutos, tiempo del que ya no disponemos. Por otra parte, sospecho que los fundamentos ideológicos de los partidos de izquierda, auténtico lastre para el progreso y el bienestar social, sean incompatibles con la mayoría de las propuestas anteriormente mencionadas.
Existen otras medidas, menos éticas, para paliar temporalmente la predecible quiebra del sistema de pensiones. Ya hemos aceptado sin rechistar la aplicación sistemática de gravamen por rentas del trabajo a las pensiones, aunque las cotizaciones que dan derecho a percibirlas ya pagaron impuestos en su día, lo que supone a todas luces una doble imposición. Se trataría pues de una grave injusticia, por muy habituados que ya estemos a consentirla. La profunda desconfianza que tengo en la clase política me hace sospechar que las medidas de baja calidad ética serán las que finalmente se apliquen. Puestos a pensar mal, preparémonos para hacer frente, por ejemplo, a:
- Ampliación progresiva de la edad de jubilación. Medida que ocultará la auténtica intencionalidad que es la de reducir la retribución de los nuevos pensionistas. Por desgracia, esto ya representa una realidad al día de hoy.
- Recortar porcentualmente o congelar las pensiones para intentar garantizar un poco más tiempo la sostenibilidad del sistema. Tengo que reconocer que la palabra sostenibilidad, cuando se usa para justificar la injusticia, la incompetencia y la ineficacia, resulta para mí inaceptable y hasta odiosa.
- Penalizar las unidades familiares que perciban más de una pensión.
- Condicionar la cuantía de la pensión a la existencia de otras fuentes de ingresos o patrimonio.
- Aumentar los impuestos para compensar el déficit de la seguridad social.
- Fomentar la cultura de la muerte, ampliando la casuística y simplificando el procedimiento de aplicación de la eutanasia para controlar la esperanza de vida y, en consecuencia, el número de personas perceptoras de pensión.
Lo que no parece que vayan a hacer los gobernantes de los partidos que han consentido este desastre sobradamente anunciado, es seguir la senda de la austeridad y la sensatez, reduciendo el gasto político innecesario y tomando medidas eficaces y respetuosas con los derechos ciudadanos. Tal vez, en algún momento, tengamos que elegir entre pensiones o gasto político (autonomías), cuyo coste es aproximado, como algún partido ha puesto de manifiesto, por más que algunos ingenuos todavía no se lo terminen de creer. Hay que estar vigilante para no aceptar, sin resistencia, lo que con toda seguridad veremos más pronto que tarde.
Eusebio Alonso | Libre pensador
